Por Gloria Amparo Silva Tovar, Leonardo Jaimes Marín.
No es fácil interpretar el mensaje político de Petro, cuando por un lado confiere a las estructuras paramilitares el estatus de contradictor del Estado y por el otro, expresa públicamente que el ELN ostenta el carácter de organización multicrimen y mantiene la categorización como GAO
Indignación -para algunos- originó el comunicado público del ELN, en la que aclaraba que el cese bilateral, -anunciado el 31 de diciembre por el presidente Petro-, no había sido discutido en la mesa de negociaciones de Caracas, luego no era vinculante para esa guerrilla. Los medios corporativos de información no dudaron en calificar el hecho como un “portazo al presidente”. Lo cierto es que el cese, tal como fue anunciado por el gobierno nacional- no se discutió por las respectivas delegaciones.
Sobre lo sucedido en concreto, la opinión pública merece la mayor claridad posible por parte del gobierno nacional. Lo que pretendemos con este breve análisis es profundizar en algunos aspectos de fondo que emergieron en medio de la actual crisis. Más allá de posibles descoordinaciones, es necesario ubicar las contradicciones estructurales que suscita el método de negociación de Petro y que requerirá un mayor estudio. Sin embargo, para explicar la tensión de los últimos días es necesario leer de forma crítica el mensaje presidencial, en la que condesa en pocas palabras su política de “paz total”:
“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”.
El problema va más allá de los procedimientos y guarda relación con el enfoque de la política de paz del gobierno nacional que plantea varios debates políticos y jurídicos, sobre los que se torna importante reflexionar, para que el experimento del Pacto Histórico, no culmine en un fracaso estrepitoso con graves efectos para la sociedad:
Reconocimiento político a estructuras paramilitares
Bajo la premisa que solo es posible una paz estable y duradera cuando se incluya a todos los grupos generadores de violencia, se pretende otorgar, a grupos tan disímiles, el estatuto político de rebeldes.
Un cese bilateral del fuego se realiza entre enemigos en conflicto y lo que hemos podido documentar por décadas desde el movimiento de derechos humanos y víctimas, es que la estrategia paramilitar ha sido una política del Estado al servicio de las élites políticas y económicas del país. En este sentido, efectuar un acuerdo de suspensión de hostilidades con este tipo de estructuras, lleva implícito un reconocimiento del paramilitarismo como un actor político contradictor del Estado (un tercer actor), lo cual niega su origen histórico y el rol fundamental que ha jugado en la concreción del objetivo estratégico de imponer la visión de mundo y la hegemonía de las clases dominantes en Colombia. (proceso genocida)
Igual situación ocurre con las disidencias de las Farc, pues en varios territorios se ha podido constatar que el accionar de distintas facciones de estos grupos, es abiertamente funcional al plan hegemónico capitalista. Por lo tanto, se hace necesaria una caracterización que vaya más allá del carácter armado que ostentan y debe apuntar a establecer qué tipo de intereses representan hoy.
En este sentido, es realmente importante el alcance político que tiene el Decreto de cese bilateral al fuego “entre el Gobierno nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, ACSN”, esto es, con estructuras que han sido funcionales a los intereses de las élites que han ostentado el poder del Estado colombiano.
Puede decirse que Petro representa un gobierno de “izquierda” o progresista, pero esto no cambia el carácter material y funcional del Estado, por esta razón, dar un estatus de contendiente político a las estructuras paramilitares, no es un buen mensaje.
¿Qué es el ELN para Petro?
En contraste, el Ejército de Liberación Nacional, es una organización político-militar, con la que Petro instaló una mesa de negociación, reconociendo de entrada que las causas que dieron lugar al levantamiento armado de esta guerrilla, se encuentran en las profundas desigualdades sociales estructurales.
Sin embargo, en varios de sus discursos -como candidato y mandatario- ha acusado de confundirse con el narcotráfico, de ser una banda multicrimen. En una intervención pública realizada el 29 de junio de 2018, por ejemplo, el ahora mandatario, tras considerar que cualquier tipo de organización que quiera mantenerse en la violencia, no puede hacerlo sin el narcotráfico, indicó:
“hoy el ELN se confunde con el narcotráfico y con las fuerzas más retardatarias del país en contra de la esperanza de la paz de Colombia… Nuestra política de seguridad consiste (…) tres, en ofrecer un sometimiento colectivo a la justicia o la destrucción total de la banda criminal. Al ELN no le queda sino una alternativa o hace un cese al fuego unilateral ya, o su siguiente camino será el sometimiento a la justicia sin negociación política o su destrucción total”
En mayo de 2022 en entrevista que le realizara Irene Escudero, cuando aún era candidato a la presidencia, planteó:
P: El Gobierno habla de terroristas y criminales cuando se refiere a todo grupo armado en Colombia, ¿qué son para usted el ELN o las disidencias de las FARC, que tienen raíces insurgentes?
R: Son bandas multicrimen; ya el tema de la insurgencia política pasó. Hay unas raíces, unas causas en la sociedad, en la historia, pero las guerras que se desarrollan en los campos de batalla colombianos tienen que ver con conflictos de bandas multicrimen incluso con alianzas con sectores del Estado muy visibles.
Hay una lucha por el control territorial pero no está pensado como lo hubiera pensado una insurgencia política para tomarse el poder, sino para extraer ganancias de unas economías ilegales de diversos tipos.
Y hace unas semanas en el Catatumbo dijo que “de las banderas rojas y el socialismo, se ha venido pasando a las rutas, al control de los negocios ilícitos… las cosas se han venido transformando, ya no es lo mismo que cuando estaba el padre Camilo Torres Restrepo… la historia de Camilo Torres Restrepo fue cediendo en la historia de Colombia, su espacio, su lugar, su papel transformador, a los Pablos Escobares, qué gran distancia entre el uno y el otro. Yo creo que la paz es una oportunidad, para que en lugar del camino que señaló Pablo Escobar, nosotros construyamos más bien el camino que señaló el Padre Camilo Torres Restrepo…”
Incluso, hasta el día de hoy, Petro mantiene la caracterización del ELN como Grupo Armado Organizado, GAO, frente a los cuales, de conformidad con los postulados de la Ley 1908 de 2018, la única alternativa posible, es el sometimiento colectivo o individual a “la justicia”.
Es decir, que todo parece indicar que para el actual mandatario el ELN no tiene desde su concepción, el estatus político que le otorgó cuando se sentó en una mesa de negociación con esa insurgencia. Además, ese estatus político, de facto es limitado cuando se mantienen vigentes los actos administrativos del Ministerio de Defensa que -desde el gobierno de Duque- considera a esta organización, como un GAO, con todas las implicaciones jurídicas que esto conlleva, incluido el obligado camino del sometimiento a la justicia.
En este sentido, no es fácil interpretar el mensaje político de Petro, cuando por un lado confiere a las estructuras paramilitares el estatus de contradictor del Estado y por el otro, expresa públicamente que el ELN ostenta el carácter de organización multicrimen y mantiene la categorización como GAO y a pesar de ello, los llama a una mesa de negociación.
Caracterización fragmentada del conflicto
Desconocer -deliberada o ingenuamente- las causas del conflicto mediante una errada caracterización de la realidad colombiana no es novedoso, todos los gobiernos lo han hecho; solo que ahora estamos ante un gobierno progresista y todo indica que no será la excepción. Lamentablemente el Decreto de Petro y su política de paz total tiene sustento en la tesis equivocada del CICR sobre Colombia.
El 6 diciembre 2018 el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- divulgó informe sobre Colombia. Su planteo central es el surgimiento de “nuevos conflictos armados no internacionales” como consecuencia del vacío de poder dejado por las Farc-ep.
En este informe, el CICR insiste en que el DIH no se ocupa de los fines de la guerra, sino de los medios. Señala que “Cabe la pena destacar que la motivación del grupo armado en cuestión es irrelevante a la hora de establecer si existe (o no) un conflicto armado. Que un grupo se enfrente al Estado por razones políticas, étnicas, económicas o religiosas, o incluso por una mezcla de varios de estos factores, no afecta a la aplicación del DIH”.
Finalmente, concluye que en “la actualidad, en Colombia coexisten conflictos armados regidos por el DIH y otras situaciones de violencia gobernadas por el derecho interno y el DIDH. Actualmente el CICR considera que hay al menos cinco CANIs en Colombia, cuatro entre el Gobierno del país y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las antiguas estructuras del Bloque Oriental de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz”. “Existe también un quinto CANI entre el ELN y el EPL, cuyo epicentro es la región del Catatumbo”.
Reconocer la existencia de uno o varios conflictos armados no internacionales, implica i) identificar en primer lugar, unos actores; ii) establecer, en segundo lugar, que estas partes son contendientes, lo cual se verifica cuando ii) existen “enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de ese tipo”
Este análisis no puede separarse artificiosamente las “motivaciones” de los grupos armados como se propone desde el CICR, pues esto conlleva al craso error de considerar, por ejemplo, que El Clan del Golfo ha constituido un actor independiente del Estado colombiano -que ha sido confrontado militarmente de manera prolongada-, lo cual no se corresponde con la realidad; y el hecho de que exista hoy un gobierno progresista en Colombia, no la cambia. Es cierto que el país quiere escuchar las verdades que tienen guardadas los integrantes de estas estructuras de poder y claramente, mientras se garanticen los derechos de las víctimas/sobrevivientes y se adopten mecanismos y metodologías que permitan desnudar las estrategias del proceso genocida (más allá del conflicto) que ha enfrentado la sociedad colombiana; habrá respaldo al proceso de sometimiento a la “justicia” que formalmente se propone. No obstante, no se puede aceptar que las ficciones legales no lleven a concluir que el paramilitarismo es un tercer actor, al cual puede reconocérsele estatus político (como de hecho se hace al pactar un cese al fuego). El paramilitarismo como política de estado y dispositivo genocida deber ser desmantelado.
Informes -como el citado anteriormente- contribuyen a una equivocada caracterización de la realidad colombiana. Al presupuestar la existencia de conflictos armados conforme el número de “grupos armados” que se enfrentan; se abre la puerta para el reconocimiento político de los paramilitares o a grupos, que si bien acuden a la historia guerrillera, su accionar en los territorios es claramente contrainsurgente.
La tesis del CICR sobre el conflicto colombiano o los planteamientos sobre los “nuevos conflictos”, parecieran estar exentos de cuestionamientos, por tratarse de voces “expertas” o “autorizadas”; no obstante, es necesario formular críticas a estos análisis que distorsionan la complejidad de la guerra en Colombia, e incluso al cuerpo normativo que compone el DIH en situaciones como las que se desarrollan en nuestro territorio. Este tipo de postulados son la base para que cualquier gobierno asuma la vieja fórmula de la pacificación, y al mismo tiempo soslayar las contradicciones de clase que subyacen al conflicto colombiano, y que premeditadamente se pretenden ignorar.
Asimismo, la propuesta de “paz total” debe ser objeto de rigurosa crítica desde el movimiento popular; y corresponde hacerlo desde ya, porque los mensajes del Gobierno y el mandatario (en particular) en relación con el asunto -como se ha visto- tienden a ser erráticos. No es posible equiparar a una organización rebelde como el ELN con los grupos paramilitares, ni aceptable lanzar ultimátum a esa guerrilla para negociar, so pena de ser declarada una banda de narcotraficantes. La caracterización de un contradictor político y militar, no depende de las definiciones y concepciones políticas e ideológicas del mandatario de turno. Este es un error que puede conllevar a un nuevo fracaso en la búsqueda de la solución política del conflicto armado y social de Colombia con esa insurgencia.
Tomado de: Equipo Jurídico Pueblos
