Por: Comité DDDHH Jesús María Valle
Exigimos el desmonte del paramilitarismo y que se atienda la Emergencia Humanitaria reconocida por el Ministerio del Interior en los acuerdos del Paro
Regional Indefinido por la Vida y el Territorio en la Lizama, Santander.
24 de agosto del 2023
DENUNCIA PUBLICA N° 18
INCURSION DEL GRUPO PARAMILITAR AUTODENOMINADO AGC EN LA
VEREDA SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE CACERES BAJO CAUCA
ANTIOQUEÑO
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denuncia y pone conocimiento de los organismos nacionales e internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos y las instituciones competentes para proteger y velar por las garantías ciudadanas y los derechos del campesinado, las comunidades agromineras, los siguientes hechos que vienen ocurriendo en la vereda SAN PABLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CACERES BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO, que afectan la vida, la libre circulación y dignidad de las comunidades.
HECHOS
1. En la noche del 23 de agosto del año en curso hombres fuertemente armados con emblemas de las AGC realizan una incursión a la vereda
SAN PABLO esta se encuentra ubicada al sur del municipio de CACERES BAJO CAUCA ANTIOQUENO.
2. Al paso estos hombres realizan intimidaciones de tipo verbal contra la comunidad y en sus acciones de terror perpetran 6 asesinatos a personas, entra esas se encuentran liderazgos sociales y comunales de la zona.
3. A su paso y mientras realizaban estas acciones que generan temor, pánico y zozobra en la comunidad, dan órdenes y las materializan en acciones como el no permitir la salida ni entrada hacia el casco urbano.
4. La zona no cuenta con accesibilidad constante a medios de comunicaciones por lo que estos hombres cierran los únicos establecimientos de comercio donde se cuenta con el acceso a llamadas telefónicas y a internet.
5. La comunidad desde sus acciones de autoprotección y de organización logran establecer comunicación para dar aviso y colocar en conocimiento los hechos que vienen ocurriendo en la noche del día de ayer y la madrugada del 24 de agosto.
6. El cadáver de un lider social se encuentra en medio de una calle principal de la vereda, siendo objeto de alimento de aves carroñeras porque estos hombres no permiten que la comunidad haga un levantamiento.
PETICIONES
1. Exigimos reacción inmediata por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, "El Gobierno de la Vida" a fin de que se adopten por parte del Estado Colombiano las medidas pertinentes para garantizar la vida, integridad física y garantizar el derecho a permanecer en el territorio de estas comunidades vulnerables.
2. Exigimos el desmonte del paramilitarismo y que se atienda la Emergencia Humanitaria reconocida por el Ministerio del Interior en los acuerdos del Paro
Regional Indefinido por la Vida y el Territorio en la Lizama, Santander.
3. Exigimos a la Alcaldía de CÁCERES, la Gobernación de ANTIOQUIA, Personería Municipal y a la Procuraduría Regional de Antioquia, la revisión del caso y la adopción de medidas inmediatas para hacer cesar estas vulneraciones de Derechos Humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario, y brindar garantías y protección a las comunidades del Bajo Cauca antioqueño.
4. A la Defensoría del Pueblo en su papel de garante de los derechos humanos que acompañe a las comunidades para que no sean violentadas en sus
Derechos y realice acciones de verificación de estos hechos, a fin de que se brinden soluciones claras frente a la situación de seguridad y de emergencia humanitaria en la que se encuentran estas comunidades agromineras.
5. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a verificar y visibilizar los hechos denunciados por las comunidades.
6. A los medios de comunicación alternativos y populares a seguir visibilizando la emergencia humanitaria que se vive en las regiones del país, especialmente la zona del BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO.
7. A la ONU en su mandato de acompañamiento y monitoreo de la vida e integridad de las comunidades a realizar acciones de mayor conducencia que permitan generar avances en la construcción de la paz con cambios que requiere este país.
8. Al Ministro de Defensa que desde su mandato de velar por las seguridades del país reconozca y atienda de manera oportuna y ya como las comunidades lo vienen solicitando que sean contundentes para que la comunidad pueda permanecer y hacer sus planes de vida en los territorios que habitan y construyen.
9. Al alto comisionado para la paz Danilo Rueda, que a partir de las acciones de terror y de control que viene realizado este grupo armado paramilitar se les niegue toda posibilidad de un reconocimiento político para sus avances en los diálogos que vienen avanzando.
La Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo denuncia y hace responsable al Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cáceres, la Gobernación de Antioquia, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Procuraduría Regional de Antioquia, la Personería municipal de Cáceres, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación de las consecuencias que se puedan presentar por la omisión de atender oportunamente el llamado legítimo de las comunidades a través de esta denuncia pública.
CORPORACIÓN COMITÉ DE DDHH JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO.
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