“Eran órdenes directas de Presidencia”. Colombia

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Alfonso Insuasty R*

Una serie de sucesos y hallazgos se suman para ratificar la existencia de un orden institucional adecuado para impulsar y sostener procesos de extermino contra población organizada que defiende derechos y construye autonomías.

 

 

ordenesdepresidencia

También, para aplicar toda una pedagogía del terror como mensaje para quienes piensen seguir luchando. Hechos que se develan y dan cuanta todo un complejo aparato institucional que se ensañó y lo sigue haciendo, contra los pueblos.

Este “orden institucionalizado” del mal, es de fondo, el resultado directo o indirecto, de la imposición de un modelo económico neoliberal-globalizado en la región.

Esta imposición implicó una alianza estrecha entre poderes hegemónicos locales e intereses de mercado transnacionales, una negociación que implicó de base, un reordenamiento criminal de los territorios para satisfacer las demandas del poder económico global.

En nuestro caso se impuso un orden esencialmente extractivo, que implicó de suyo la rápida adecuación integral de sus condiciones de posibilidad para estos procesos de híper acumulación.

Se sofisticó y constituyó en este orden, un andamiaje de leyes, instituciones, dinámicas y hasta una cultura proclive a la violencia y la corrupción. Estos dos elementos sumados, posibilitaron a grupos de poder y presión, usurpar el Estado, saltar las normas y comprar conciencias para que los negocios no se detengan, aunque esto cueste ampliar los márgenes de desigualdad, pobreza y exclusión.

Se trata en últimas del montaje institucional, prefabricado y heredado de una perversa alianza entre élites, criminalidad – empresas y Estado (Mesa D, N & Insuasty R, A., 2023).

Uno de los instrumentos claves de este andamiaje del orden institucionalizado del mal, es el sector defensa, esa suma militar-paramilitar, que, como recubrimiento validador, se gestó un andamiaje de control cultural que exaltó y aupó un complejo ejercicio de combinación de múltiples formas de eliminación bajo el revestimiento de una narrativa muy fuerte, la de “héroes”, donde se les premiaba, condecoraba, brindaba ascensos, por cometer crímenes contra su propio pueblo.

Me referiré a algunos hechos que así lo corroboran, que van emergiendo en un proceso de compleja reconstrucción de la verdad histórica en el país, en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha venido jugando un papel importante.

La obediencia ciega y el peso del “premio”

El desarrollo del caso 03 en la JEP: ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, va dejando al descubierto una realidad del horror. Se reiteran los patrones macro-criminales en los avances regionales desarrolladas en los departamentos de Antioquia, Meta, Norte de Santander, Huila y en la Costa Caribe, Casanare. Tanta coincidencia, no es casual.

La cifra de personas asesinadas por la fuerza pública y pasadas falsamente como bajas en combate (“falsos positivos”) según la JEP, es de al menos 6.402 personas. En la medida que avanzan las investigaciones, sin duda, esta cifra crecerá.

El coronel retirado del Ejército Luis Fernando Borja Aristizábal, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, con sede en el municipio de Sincé, quien también confesó cometer más de 50 Falsos Positivos (Pérez Martínez, 2021), manifestó en un evento virtual organizado por la Red Interuniversitaria por la paz (REDIPAZ) que:

“Los campesinos vergonzosamente de este país nunca fueron nuestros amigos o sea ese es el discurso que tienen algunos mandos, decir que, nosotros somos campesinos y que queremos los campesinos y que los campesinos son nuestra defensa y que por ellos estamos, eso es mentira. Nosotros nos volvimos un ejército de cuidadores de ricos, un ejército cuidadores de haciendas, un ejército de cuidadores de políticos, eso es el ejército que nos convertimos, solamente en cuidar los ricos de este país, a los pobres los maltratamos mire yo ahora que conozco mis víctimas yo digo Dios mío yo el mal que hice durante toda mi vida que hice mucho mal a estas personas y verlos a unas personas humildes pero que valen más que cualquier rico, unas personas de gran corazón y de gran generosidad una riqueza que no se compra con todo el oro del mundo a esos a esas personas eran los que yo rechazaba ¿Qué tan equivocado estábamos? ¿Qué tan equivocado estaba yo? Y esto debe cambiar (…) Me di cuenta de que no era un héroe, sino un asesino.” Coronel Luis Fernando Borja. Colombia. (Borja & Rojas Bolaños, 2022)

Por su parte, el coronel retirado de la Policía Omar Eduardo Rojas Bolaños, quien para proteger su vida tuvo que salir el país, sociólogo e investigador de estos temas, manifestó, además:

Creo que la escuela militar y la escuela policial no forma, a pesar de que en el currículo dice muchas materias derechas humanos, pero para eso no nos forman es para asesinar, para torturar hay es un adoctrinamiento al interior de la escuela militar y de policías un adoctrinamiento donde cogen a esas personas de diecisiete años, de dieciocho años, lo someten a una formación dura, en la que le dicen sus enemigos quienes son, su enemigo no es solamente el que se alza en armas y se va para la guerrilla, su enemigo es el comunista, su enemigo es el de la izquierda, es el socialista, es el profesor, es el maestro, es el líder social, es el líder ambiental, es el sindicalista, ahí está el enemigo. Bueno, el problema en las fuerzas militares y de policía es que desde la escuela le enseñan a ese recluta a perseguir es al comunista y no a perseguir al criminal, entonces los honores se los llevaban esas personas, mientras quienes hacían trabajos criminales, asesinaban, secuestraban, se vendían al narcotráfico y que todo el mundo sabíamos quiénes eran, ellos eran los primeros que mandaban al exterior, a comisiones, agregados militares, agregados y las personas que veíamos que trabajaban fuertemente no los dejaban ni ascender, les colocaban obstáculos”. (Borja & Rojas Bolaños, 2022)

“Si usted no me trae muertos no es un buen soldado” o “Tráigame bajas, no me traiga problemas”, eran los mensajes verbales reiterados a los militares, tanto en el discurso oficial, las comunicaciones, la cultura organizacional de las unidades militares (JEP, 2023), pero se cuidaron en no emitir estas órdenes directas de manera escrita.

En septiembre de 2023 se realizó la audiencia por el caso Casanare, por parte de la JEP: Durante tres días de audiencia en Yopal (Casanare), 21 militares retirados, un exfuncionario del DAS y dos civiles reconocieron su responsabilidad en los falsos positivos cometidos en esa región del país, se reconocieron 303 casos de civiles asesinados por la fuerza pública, casos ocurridos entre 2005 y 2007.

El General Henry Torres Escalante reconoció ser ‘el máximo responsable’ de estos casos de falsos positivos, así mismo manifestó que las presiones que llevaron a estos crímenes venían del general (r) Montoya.

“Eran órdenes directas de Presidencia”, aseguró en dicha audiencia, Orlando Rivas Tobar, quien también, reconoció su responsabilidad por falsos positivos. Así mismo, reconoció que fue “parte de un aparato criminal organizado que se creó en la Brigada 16”, cuyo objetivo era obtener resultados operacionales, especialmente, es decir “supuestas bajas en combate a toda costa”.

Esta articulación criminal entre el DAS y la brigada tiene su asidero en la política de seguridad del momento: “Con la implementación de la política de seguridad democrática del alto gobierno (…) la intención no era otra que poner las funciones de policía judicial que el DAS ejercía de forma permanente al servicio de las fuerzas militares».

La estigmatización fue el origen y el motor de esta maquinaria criminal en Casanare, afirmó. Describió, además, todo un procedimiento ilegal para hacer perfilamientos de la población para seleccionar a posibles víctimas que señalarían falsamente como colaboradores de la guerrilla y así aumentar cifras, resultados. “Hicimos un empadronamiento o un censo poblacional rural de esos municipios. Eso es lo que se llama estigmatización (porque) ese campesino quedaba ya registrado con esa anotación judicial» afirmó.

Vale decir que previo, ya la JEP había imputado cargos al General Montoya en el mes de agosto de 2023,

Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate», emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, la JEP imputó a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe. La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, contra el excomandante del Ejército Nacional se da por 130 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos cuando el oficial fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, entre el 2002 y el 2003. (JEP, 2023)

La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) confirmó en septiembre (2023) la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander, los cuales tenían el propósito de desaparecer a las víctimas del entonces Bloque Catatumbo de las AUC (paramilitares). Se confirmó así, uno de los testimonios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien señaló la existencia y ubicación de estos hornos del horror, en audiencia para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mes de mayo (2023). En este contexto, afirmó:

“La orden de desaparecer a estas personas vino de la fuerza pública. En nuestro teatro de guerra la lógica era dejar los cuerpos para causar terror en la población donde ejercíamos control. Carlos Castaño me dio la orden de coordinar esa desaparición de víctimas a partir de una reunión de altos mandos militares” (…) “todas las fuerzas militares sabían, porqué todas hacían presiones sobre nuestros hombres. Esas presiones se hacen mucho más fuertes cuando se hace la transición de (Andrés) Pastrana a (Álvaro) Uribe” (…) Este paramilitarismo surge de la mano del Estado”. (El Nuevo Día, 2023)

En octubre (2023), el columnista Johir Akerman del medio escrito alternativo CAMBIO, aseguró que, en el Gobierno de Uribe, existió una estructura sistemática para pagar a militares, civiles y paramilitares para cometer las ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “Falsos Positivos”. Resalto por ejemplo que, se destinó casi 50.000 millones de pesos de los impuestos de los contribuyentes en 2 años, para ayudar a asesinar a los ciudadanos que tenía que proteger, hechos demostrados con sentencias judiciales. Aunque el expresidente Uribe intente ignorarlo o reescribir la historia con argumentos abiertamente falaces. (Akerman, 2023)

Quedan asuntos claros y retos

Las víctimas de estos asesinatos llamados “falsos positivos” cometidos por la fuerza pública, todos eran campesinos, gente sencilla, indígenas, comunidades negras, urbanos empobrecidos, se denota un odio hacia un pueblo que sobrevive y resiste. Esta matriz de pensamiento no se genera de manera espontánea, se fabrica y hacia allá deben también apuntar las investigaciones con el fin de generar acciones sostenidas para la No Repetición.

Las zonas donde esto ocurrió con especial ensañamiento son territorios estratégicos para la inversión extranjera, negocios de petróleo, gas, minería, tierras fértiles, agroindustria, ganadería, etc. Esta relación también está pendiente y esto por ahora, no está emergiendo en las investigaciones. (Rojas Bolaños, Insuasty Rodriguez, Valencia Grajales , Mesa Duque, & Zuluaga Cometa, 2020)

El papel de los EEUU en la formación de los militares mercenarios, también está en vilo. En este punto es importante señalas que la relación entre formación militar de EEUU y aumento de violación de DDHH es directamente proporcional, esto queda delineado en el informe entregado a la comisión de la verdad titulado: “Desde el principio hasta el final, EEUU en el conflicto armado colombiano.” (FOR, SICSAL, SOAWATCH, 2020)

Aún falta más y más verdad, este ejemplo nos da luces al respecto:

“Freddy Rendón Herrera, el alemán, dijo ante la Fiscalía que su grupo paramilitar creció en Urabá con complicidad de empresarios de la región, que los militares tenían una línea de apoyo al paramilitarismo y que el narcotráfico fue una actividad esencial en la consolidación de este poder regional, que, por supuesto, contó con el apoyo de los políticos”. Quedó claro que eran cuatro pilares que sostienen al paramilitarismo y narcotráfico: Empresarios, Fuerza Pública, Narcotráfico y Políticos, en impunidad y sin avance de la fiscalía general sobre 11.127 víctimas entre asesinatos, desapariciones y desplazamientos”, reportados por Justicia y Paz, al tiempo que se dejó de lado la investigación del vínculo paramilitar con acciones militares, sociales y electorales que promovieron su expansión. (Restrepo Domínguez, 2023)

Se corrobora poco a poco la sentencia del tribunal permanente de los pueblos que sesionó en Colombia en el año 2021 y cuyo fallo condenatorio, rezaba:

Se condena a los sucesivos gobiernos de los EEUU desde 1946: por la exportación de la ideología criminal que avala la consideración de parte de la población como enemigo interno, el paramilitarismo, la represión de la oposición política y social y la tortura en América Latina; y como se ha detallado en uno de los apartados de esta sentencia, por su participación decisiva en el apoyo a los gobiernos de Colombia, en concreto, en los planos político, económico y militar, para la creación y el mantenimiento del marco general de violación de los derechos humanos y en la comisión del genocidio y los crímenes que se han relatado.

Se condena a las Empresas Nacionales y transnacionales que hayan participado en las graves violaciones de derechos humanos descritas en esta sentencia. En unos casos, mediante una participación directa y activa; en otros mediante una participación como instigadores, financiadores o cómplices; frecuentemente, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos que en ese marco se han producido, en especial de los desplazamientos forzados de población. Su incidencia es particularmente señalada en cuanto a las violaciones de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; del derecho a la vida y la dignidad y de la vida de los trabajadores y de sus comunidades; y de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno y a la identidad cultural, a los derechos de y al desarrollo propio de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Se condena a: Los sucesivos gobiernos de Colombia desde 1946:– Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo (…)

– Por incumplimiento de sus obligaciones de prevención, investigación y sanción del genocidio…

-Por haber adoptado doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno, que destruyen la distinción básica del Derecho internacional humanitario entre combatientes y población civil..

-Por haber facilitado la expulsión de millones de personas de sus tierras

-Por haber promovido o permitido la afectación grave de los territorios y de los ecosistemas para la implantación de proyectos económicos diversos en conexión con el despojo…

-Por el componente de racismo institucionalizado que denota la especial victimización de las comunidades indígenas y afrodescendiente

-Por haber alentado y facilitado la actividad de los grupos paramilitares, incluso mediante la creación de un marco jurídico apropiado, desde el decreto legislativo 3398 de 1965…

-Por crear un relato a través de los medios de comunicación basado en el desprestigio, la deslegitimación y la estigmatización de cualquier reivindicación social…

-Por la utilización indebida del derecho penal para criminalizar a las personas y grupos que han ejercido el derecho de protesta y de defensa de los derechos humanos…

-Por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en todos los Acuerdos de Paz…

Se condena a los sucesivos gobiernos de los EEUU desde 1946:por la exportación de la ideología criminal que avala la consideración de parte de la población como enemigo interno, el paramilitarismo, la represión de la oposición política y social y la tortura en América Latina; y como se ha detallado en uno de los apartados de esta sentencia, por su participación decisiva en el apoyo a los gobiernos de Colombia, en concreto, en los planos político, económico y militar, para la creación y el mantenimiento del marco general de violación de los derechos humanos y en la comisión del genocidio y los crímenes que se han relatado.
Se condena a las Empresas Nacionales y transnacionalesque hayan participado en las graves violaciones de derechos humanos descritas en esta sentencia. En unos casos, mediante una participación directa y activa; en otros mediante una participación como instigadores, financiadores o cómplices; frecuentemente, beneficiándose económicamente de la existencia y de las características del conflicto armado en Colombia y de las violaciones de derechos que en ese marco se han producido, en especial de los desplazamientos forzados de población. Su incidencia es particularmente señalada en cuanto a las violaciones de los derechos laborales, y específicamente de la libertad sindical; del derecho a la vida y la dignidad y de la vida de los trabajadores y de sus comunidades; y de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno y a la identidad cultural, a los derechos de y al desarrollo propio de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Cuadro: elaboración propia con información de la Sentencia Condenatoria Tribunal Permanente de los Pueblos. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021)

Hoy, el régimen político se hace sentir, se repotencian dinámicas de control paramilitar, se reajustan clames regionales que buscan mantener su control sobre lo público, se acentúa un entramado comunicativo falto de toda ética, que buscan el control del sentir pensar de la población común. Así, la prensa masiva, corporativa, busca generar y sostener una matriz de comunicación basada en la mentira, el engaño, la confusión, tendenciosa que carga su mirada en lógicas excluyentes, clasistas, racistas, estos medios son la caja de resonancia de una clase social que ya ha ganado y mucho gracias a la guerra y la desestabilización.

Esta élite aliada Criminalidad-empresa-estado, controla la institucionalidad Estado, desestabilizando esfuerzos del Gobierno Alternativo y oponiéndose de manera férrea contra todo mínimo intento de reformas sociales reales.

Urge un gran ejercicio de “darnos cuenta” para articular las resistencias, las agendas desde abajo y mover los esenciales cambios que requiere con urgencia el país.

*docente investigador universidad de San Buenaventura Medellín (Colombia) porte de la red interunivesitaria por la paz REDIPAZ y grupo autónomo Kavilando


Referencias:

Akerman, Y. (10 de 12 de 2023). El Gobierno de Uribe le pagó a paramilitares por falsos positivos. Obtenido de CAMBIO: https://youtu.be/8UxzVds-Xg0?si=F03TyvONQonn2thh

Borja, L. F., & Rojas Bolaños, O. (22 de marzo de 2022). Falsos Positivos, Verdad y Reparación. Obtenido de YouTube Grupo Kavilando: https://youtu.be/LQpoIPDz3S0?si=ZrlePpWYxRx7JNif

FOR, SICSAL, SOAWATCH. (7 de octubre de 2020). Desde el inicio hasta el final. Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. Obtenido de Kavilando: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://soaw.org/wp-content/uploads/2020/10/InformeCEV.pdf

Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?. El Ágora USB, 17(2), 338–367. https://doi.org/10.21500/16578031.3278

JEP. (3 de agosto de 2023). JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño. Obtenido de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-lesa-humanidad-al-general-r-mario-montoya-y-ocho-militares-mas-por-130-falsos-positivos-en-.aspx

JEP. (12 de octubre de 2023). La JEP avanza en la investigación a los altos mandos militares por ‘falsos positivos’. Obtenido de JEP: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-la-jep-avanza-en-la-investigacion-a-los-altos-mandos-militares-por-falsos-positivos.aspx 

Mesa Duque, N., & Insuasty Rodríguez, A. (2021). Criminalidad corporativa y reordenamiento territorial en Urabá (Antioquia, Colombia). Ratio Juris UNAULA, 16(33), 595–622. https://doi.org/10.24142/raju.v16n33a11

Pérez Martínez, M. (14 de octubre de 2021). https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-primera-vez-en-colombia-un-militar-reconoce-sus-culpas-en-falsos-positivos-XY5562725. Obtenido de El Universal: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/por-primera-vez-en-colombia-un-militar-reconoce-sus-culpas-en-falsos-positivos-XY5562725

Restrepo Domínguez, M. H. (28 de 03 de 2023). Negar las causas del orden criminal para crear falsas percepciones. Obtenido de Rebelión: https://rebelion.org/negar-las-causas-del-orden-criminal-para-crear-falsas-percepciones/

Rojas Bolaños, O., Insuasty Rodriguez, A., Valencia Grajales , J. F., Mesa Duque, N., & Zuluaga Cometa, H. (diciembre de 2020). Teoría social del falso positivo. Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8171-teoria-social-del-falso-positivo

Tribunal Permanente de los Pueblos. (20 de junio de 2021). Sentencia Condenatoria del TPP contra Colombia por Genocidio, Crímenes contra la Paz e Impunidad. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8549-sentencia-condenatoria-del-tpp-contra-colombia-por-genocidio-crimenes-contra-la-paz-e-impunidad-texto-completo

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