En un hecho poco común, 20 congresistas de Estados Unidos rechazaron públicamente cualquier intento de influir en las elecciones presidenciales colombianas y reivindicaron un principio elemental pero históricamente vulnerado: el futuro de Colombia debe ser decidido exclusivamente por el pueblo colombiano.
La ratificación de la condena contra Santiago Uribe Vélez por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia constituye uno de los hitos más significativos en la historia reciente de la justicia colombiana.
Detrás del espectáculo de los megaeventos deportivos también avanzan el control territorial, el despojo y la militarización. ¿Qué impactos dejan en nuestras ciudades y comunidades latinoamericanas?
Más de 90 organizaciones y 200 participantes impulsan un nuevo llamamiento por la paz en Colombia, proponiendo transformaciones estructurales, participación social y una apuesta ética por la vida, la justicia y la reconciliación duradera.
Según los analistas, las predicciones sobre el inminente colapso del gobierno cubano pasan por alto las profundas reservas de "dignidad histórica" y "resiliencia nacional" de la isla, forjadas a lo largo de décadas.
Por: Kavilando – Redipaz / Diez activistas del convoy humanitario Global Sumud Maghreb, que llevaba ayuda de urgencia a Gaza, fueron detenidos arbitrariamente en el este de Libia. Organizaciones exigen su inmediata liberación y garantías para su integridad.
Por: Pablo Ruiz E.* Desde América del Sur observamos con mucha preocupación la política, maniobras y ejercicios militares que realizan los países miembros de la OTAN en el mundo y que pueden desencadenar una tercera guerra mundial que tendría consecuencias devastadora para todos los países, incluida América Latina.
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
