Práctica genocida en Colombia

Linea Formación, Género y luchas populares

Por: Alfonso Insuasty Rodríguez*

Gracias a la férrea aplicación de practica genocida continuada contra una parte del grupo nacional colombiano y gestado por una alianza criminal nacional que agrupa a élites políticas, mafiosas y empresariales, se ha logrado una total captura del poder estatal y una estrategia de control cultural, comunicativo y simbólico a favor de sus intereses 

 

 

nos estan matando

Foto: tomada del Espectador. Mural Bogotá.

El objetivo de esta práctica genocida continuada bajo la aplicación continuada de horror en Colombia ha sido el exterminio físico, simbólico y cultural de grupos específicos de carácter  etnico, político o social dirigido a transformar la realidad plural del grupo nacional, eliminando a quienes no deben tener cabida en el mismo y transformar así, según la concepción de esta perversa alianza criminal nacional a quienes esta asume como amenaza para el avance de sus proyectos.

Esta horrorosa práctica de exterminio y exclusión se evidencia hoy con creces y adaptaciones en: 

‒El creciente número de líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente y excombatientes de las Farc firmantes de un importante acuerdo de Paz (2016)  asesinados desde la firma de dicho acuerdo a la fecha.
‒El alto y creciente número de manifestantes sobre todo jóvenes, asesinado, mutilados, heridos, criminalizados, desaparecidos en medio del Paro Nacional que se inició el 28 de abril de  2021 y que se ha prolongado por más de dos meses. 

Se trata de un intento sistemático, continuado de exterminio, de negación y de aplicación de una profunda pedagogía del terror para disciplinar toda una sociedad. 

Esta práctica también busca reconstruir el pensar y hasta el sentir de una sociedad así, reordenar de manera constante a toda una sociedad, garantizando mantener concentrado el poder a favor de sus intereses. 

Ver: Sentencia Condenatoria del TPP contra Colombia por Genocidio, Crímenes contra la Paz e Impunidad. Texto Completo.

Es una lógica de bárbara aplicación de fuerza homicida y de exterminio que ha costado guerras y sucesivos re-ordenamientos territoriales y poblacionales. A la par de estos profundos cambios en la composición territorial urbano-rural se adelanta un contundente re-diseño institucional (normas, estructuras, intencionalidades) ajustando el aparato estatal, de manera dinámica y creativa a favor sin duda, de una enorme concentración de riqueza, poder y privilegios en el marco de una total impunidad. 

Esta alianza criminal de índole nacional no está dispuesta a ceder un solo milímetro, aún en medio de la peor crisis humanitaria, a pretensiones redistributiva y de justicia; por el contrario, afinan sus formas y avanzan en sus estrategias. 

Ahora bien, esta alianza criminal nacional es sumisa y subordinada a las élites e instituciones y corporaciones globales quienes crean entornos propicios para avanzar en la imposición de decisiones que favorecen intereses de mercado que, de facto, vulneran a comunidades, pueblos y la misma naturaleza, un ejercicio de fuerza aplicado a modo de cascada (global, nacional, territorial) que diluye la responsabilidad directa.

Todas estas, en últimas son decisiones globales y locales que bien podría asumirse como el ejercicio reiterado de un genocidio económico, ecológico y social.

El Tribuna Permanente de los Pueblos en su sesión número 48 en el mundo y la tercera realizada en Colombia, mediante Sentencia hecha pública el mes de junio de 2021, fruto de todo un proceso de verificación, sistematización, de escucha de múltiples testimonios y recabar pruebas de más de 40 casos de regiones diferentes del territorio nacional colombiano, ha emitido una contundente Sentencia condenando:

A LOS SUCESIVOS GOBIERNOS DE COLOMBIA, DESDE 1946: - Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo. 

Advierte el TPP en esta Sentencia que:

Estamos ante la construcción de un proyecto de reorganización social a través del terror, en el que la comisión de muchos de los crímenes concretos denunciados, que pueden ser calificados en sí mismos como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, se subsume en el crimen, central en este análisis, de genocidio cuyo propósito además, es la de construir o diseñar una cultura en la que la vida de los pueblos empobrecidos y humildes sea despreciada.

Este propósito de transformar los territorios su cultura y su historia es la de anclarlos a proyectos económicos para el beneficio de esta Alianza Criminal Nacional y Empresas  transnacionales, para lograr estos objetivos se ha contado de base, con la acción conjunta de fuerzas estatales, para-estatales, mercenarios y grupos de criminalidad organizada como queda claro en la nefasta práctica aún activa y gestada desde el mismo Estado, los mal llamados Falsos Positivos en sus diversas variantes.

Se trata de la construcción de toda una fuerza de muerte de gran poder cuya consolidación se gestó gracias al apoyo decisivo de sucesivos gobiernos en la historia de Colombia y de manera continuada, aniquilando o afectando distintas fracciones del grupo nacional, entre las cuales destacan los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, el movimiento campesino, el movimiento sindical, los partidos políticos de oposición y, en general y dentro de cada uno, los líderes y las lideresas sociales y comunitarios, reconocidos internacionalmente como  defensoras y defensores de derechos humanos, con diferentes énfasis y especificidades a lo largo del tiempo.

En esta misma línea, fue condenado el Estado Colombiano por su participación comprobada, por acción u omisión en: 

La comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Por incumplimiento de sus obligaciones de prevención, investigación y sanción del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. 

Por haber adoptado doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno, que destruyen la distinción básica del Derecho Internacional humanitario, entre combatientes y población civil. Por haber facilitado la expulsión de millones de personas de sus tierras y por haber permitido la ocupación de esas tierras por parte de empresas dedicadas tanto a negocios legales como ilegales.

Por haber promovido o permitido la afectación grave de los territorios y de los ecosistemas para la implantación de proyectos económicos diversos en conexión con el despojo.

Por el componente de racismo institucionalizado que denota la especial victimización de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La vulneración de sus derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, a los derechos de participación y a su identidad cultural.

Por haber alentado y facilitado la actividad de los grupos paramilitares, incluso mediante la creación de un marco jurídico apropiado, desde el decreto legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968, hasta la creación de las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, “Convivir”, mediante los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994, y por haber permitido o fomentado la cooperación entre dichos grupos y las fuerzas armadas colombianas, para la comisión de los graves crímenes indicados.

Por crear un relato a través de los medios de comunicación basado en el desprestigio, la deslegitimación y la estigmatización de cualquier reivindicación social significativa y de las
personas o colectivos que la apoyan. 

Por la utilización indebida del derecho penal para criminalizar a las personas y grupos que han ejercido el derecho de protesta y de defensa de los derechos humanos.

En particular, al Gobierno actual, por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en todos los Acuerdos de Paz.

Junto al Estado Colombiano, fueron condenados, por su participación directa y beneficiarse de esta brutalidad, a: Los sucesivos Gobiernos de los Estados Unidos desde 1946 por su injerencia, directa y exportación de la ideología criminal que avala la consideración de parte de la población como enemigo interno, apoyo al Estado Colombiano en gestar una fuerza militar legal e ilegal sustento de esta Práctica Genocida continuada, así mismo a las Empresas nacionales y transnacionales que auparon y financiaron el paramilitarismo y se beneficiaron de esta cruenta guerra, atacaron el sindicalismo favoreciendo su exterminio o cooptación, minimizaron los derechos laborales y ambientales, atacaron así las diferentes formas de autogobierno e  identidad cultural de los pueblos, negaron el derecho a la participación y al desarrollo propio de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Esta alianza criminal de tipo nacional ha logrado no solo conservar privilegios, sino incrementar tanto  u posición de poder como la acumulación de riquezas, aumentando a niveles irracionales la extrema desigualdad social, en particular y en connivencia con los intereses de las grandes empresas transnacionales interesadas en este reordenamiento violento que les permitió hacerse a grandes extensiones de territorio para el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales, madereros, mineros, hidroeléctricos y petroleros, tanto legales como ilegales.
Ha costado esta práctica genocida más de 8 millones de hectáreas despojadas forzosamente a favor de terratenientes y negocios transnacionales, cientos, miles de víctimas.

Un caso emblemático es el de la United Fruit Company y su participación en la masacre de las bananeras de 1928, siendo esta, en sí misma, una masacre continuada en el tiempo muchos años más tarde, nada más ver y analizar el caso del violento reordenamiento del territorio en la región del Urabá antioqueño. 

Ha costado también, tener hoy en Colombia el número más alto de líderes sociales, sindicales, defensores del medio ambiente asesinados. 

Una brutal e inmoral pobreza, miseria y desigualdad. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2020 la pobreza monetaria en Colombia ascendía al 42,5% y la pobreza monetaria extrema fue del 15,1%. 

Hoy, 2.300 personas figuran como propietarias del 53,5% (43.928.305 hectáreas) de la tierra aprovechable del país y en el sector financiero: 2.681 clientes tienen el 58,6% (185 billones de pesos) de todos los depósitos bancarios del país, los otros 44,6 millones de cuentahabientes el 2,4 por ciento de todos los depósitos (7,6 billones de pesos) una total e insoportable injusticia y desigualdad. 

Esa voluntad de destrucción de una parte del grupo nacional, se evidencia en la eliminación física de individuos y colectivos buscando además, desaparecer sus proyectos de vida y  territorios, así mismo en la subordinación funcional, invisibilización o anulación de todo grupo que llegue a firmar un acuerdo de Paz, como fue el caso de la Unión Patriótica, fuerza política que nace en mayo de 1985 como parte de los Acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP, caso que cursa ya avanzado ante la Corte Interamericana de Derechos  Humanos, así mismo, el asesinato de Carlos Pizarro candidato a la Presidencia de Colombia del partido político Alianza Democrática M-19 en abril de 1990 tras los acuerdos de paz de ese mismo año entre el Gobierno de Virgilio Barco y el M-19. En este contexto se suman las decenas de asesinatos y desapariciones, entre 1991 y 2002 y ahora, el asesinato continuo de guerrilleros desmovilizados de las FARC tras los acuerdos de 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.

Así mismo, son diversas las acciones simbólicas y reales, que devienen como consecuencia de esa necesidad de re-construir, instalar, validar y difundir un relato explicativo pro-élite, que intente justificar, normalizar, naturalizar modos de hacer y proceder abiertamente insostenibles, injustos e ilegales En la actualidad esta práctica genocida se ha refinado y avanza hacia la construcción de un relato justificatorio institucionalizándolo como verdad para la sociedad.

Para tal fin se ha hecho necesaria la captura de las instituciones educativas y de comunicación buscando generar a través de ellas una matriz comunicativa que borre la memoria de las comunidades y del pueblo en general y/o capaz de instaurar un relato favorable a sus intereses.

Este es el caso del Centro Nacional de Memoria histórica, dirigida por un académico funcional al poder instituido, capaz de gestar un delicado juego de intereses que devienen en la  construcción de una historia a la medida, se trata de la aplicación ampliada de los dispositivos militares de guerra sucia, de guerra psicológica.

La difusión de dicho relato institucionalizado gracias al control hegemónico de los llamados medios de comunicación masiva, verdaderos latifundios mediáticos, buscan sostener una total impunidad y requieren además del control del currículo de Colegios y Universidades incluyendo un diluido control, incluso, se lo que se investiga o no, garantizando así, toda una generación vaciada de sentido y contexto. 

Otro caso para resaltar en ésta misma vía, es el de la Revista Alternativa, una revista histórica de contenido crítico, fundada en los años 70 del siglo XX por Gabriel García Márquez y Enrique Santos Calderón y un grupo de académicos de pensamiento social, militantes políticos comprometidos, con el pasar del tiempo, esta publicación pasó a manos del maestro Orlando Fals Borda y ya luego, por falta de apoyo, deja de ser difundida. Este título ahora es tomado por esta alianza criminal nacional al igual que la Revista Semana de amplia difusión e incidencia y puesta al servicio de sus intereses, eliminar la historia, el relato, resignificar y apoderarse de la historia. 

A esta importante sentencia condenatoria del Tribunal Permanente de los Pueblos 2021, se suman como soporte a todo lo dicho, la sentencia ya emitida por éste mismo tribunal en el año 2008 contra la Empresas transnacionales por su participación, directa o indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de prácticas genocidas, […] en la comisión de crímenes de lesa humanidad […] y por incumplimiento de sus obligaciones de persecución del genocidio, […] y de los crímenes de lesa humanidad, y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes [...].

Con la recomendación de: cumplir con el deber de investigar y sancionar los responsables de violaciones de derechos humanos. Implementar mecanismos idóneos para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Colombia puedan ver realmente satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, esta última con sus  componentes de satisfacción, indemnización y garantías de no repetición. Construir un sistema de justicia efectivamente independiente, eficiente y eficaz, e impulsar y apoyar con todos los recursos el sistema judicial para que lleve a cabo procesos de esclarecimiento de los hechos. 

Se suma también, a lo acá expuesto como sustento, todo el material derivado de los procesos que se siguieron contra Paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los múltiples informe entregados a la Comisión de la Verdad órgano derivado del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado colombiano (2016) quienes deberán hacer públicos sus resultados a modo de informes en el segundo semestre del año 2021, los múltiples casos y procesos que se surten ante La Justicia Especial para la Paz (JEP) ya son múltiples los
insumos que van dando cuenta de esta preocupante realidad que lamentablemente pervive y se renueva.

Es evidente hoy, la ausencia de cambios sustanciales ante la irracional y cruenta represión desatada con ocasión del Paro Nacional convocado en 29 de noviembre de 2019 y reavivado el 28 de abril de 2021 luego de un pare provocado por la Pandemia cuya crisis dejó ver con toda claridad el tipo de sistema que nos habita y el tipo de Alianza Criminal Nacional que por diversas vías ha logrado mantener secuestrado a su favor el Estado y a toda una Sociedad.

Los diversos informes derivados de la vulneración de derechos humanos durante el Paro del 28 de abril de 2021 y las sucesivas manifestaciones que duraron más de  tres meses, constatan y reafirman la sentencia del TPP.

* #Cali, Informe desde los sitios de detención a posible fosas comunes y casas de pique 

* Causas, preliminares y actualidad del conflicto social Colombia. Informe de Coyuntura Nacional. 

* Informe preliminar: Violación de Derechos Humanos En Colombia En el marco del Paro Nacional 2021. 

* Entregan segundo informe a la CPI. Señalan irrupción de paramilitarismo urbano en Colombia. 

* Informe presentado por el Comité Nacional de Paro – CNP a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. 

* Informe. Misión de observación internacional por las garantías de la protesta social y contra la impunidad en Colombia.

* Informe conjunto presentado a la CIDH, sobre violación sistemática de Derechos Humanos en el marco de las protestas en Colombia.

* Gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia. El caso del paro nacional y sus repercusiones sobre el Sistema Integral para la Paz (28 de abril al 30 de mayo de 2021) 

* Colombia: Cali: En el epicentro de la represión. 

* Informe CIDH: Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021. 

Estamos en un contexto de limitación constante y abierta de los derechos, en una profunda crisis social, política, económica y sobre todo ética, algo ya muy notorio para la región y el mundo, vivimos atrapados en un sistema opresivo que se impone gracias al amplia aplicación de una Práctica Genocida en permanencia que se ha ido trasladando a zonas rurales a urbanas según se requiera.

A la par, hoy contamos con diferentes medios, actores emergentes, nueva capacidad organizativa, un crecimiento de la esperanza, el brote amplio y extendido de una resistencia no esperada la cual se manifiesta en el arrojo y valentía de los Jóvenes agrupados en las Primeras Líneas, los APH, Derechos Humanos, Comunicadores, entre otras formas organizativas, una creciente voluntad para sumar fuerzas entre lo territorial y lo nacional, entre las organizaciones campesinas, étnicas rurales y urbanas, un ejercicio de participación importante e inédito que se teje desde abajo, toda una red de comunicadores, artistas y formadores críticos, conscientes, conectados de manera plural, diversa, activando otras formas de formar e informar. Existe hoy, toda una expresión ampliada, de un profundo descontento que exige y gestan cambios, estos insumos serán vitales para ganar conciencia para exigir y hacer nacer otra sociedad que permita hacer surgir los nuevos mundos que laten en el corazón de uno que ya no es. 

PUBLICADO EN LA REVISTA CEPA NÚMERO 32 - 2021

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