El presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, denunció este martes que los magistrados que pidieron investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por parapolítica fueron amenazados-

Otálvaro llamó al Gobierno Nacional a tomar medidas especiales de protección para María Consuelo Rincón y Rubén Darío Pinilla Cogollo.

El sindicato del sector judicial rechazó las amenazas de muerte contra los dos magistrados de la sala de justicia y paz que hace dos semanas pidieron investigar a Uribe.

Los magistrados del Tribunal Superior de Medellín a partir de la petición de investigación se volvieron celebres por la petición en contra de Uribe.

Aunque en principio se habló que Uribe demandaría a los magistrados, finalmente se descartó esa posibilidad con el argumento de “dar un ejemplo de respeto a la institucionalidad de la justicia”.

Fuente : EL Espectador

Unos 7 mil trabajadores sindicalizados que laboran en la ampliación de la refinería de Cartagena decretaron la huelga el pasado viernes. En Barrancabermeja se replicaría la protesta.

El pasado viernes a las 10:00 a.m. se decretó la hora cero de la huelga en la refinería de Cartagena.

Una comisión de la Unión Sindical Obrera (USO), acompañada de inspectores designados por el Ministerio del Trabajo, hizo el sellamiento de las instalaciones que materializó el cese de actividades de por lo menos 7 mil trabajadores en están en contra de la multinacional CBI. 

Los nombres de algunas personas fueron cambiados para proteger su identidad. Cuando entro al refugio humanitario en el Coliseo de Barbosa y observo centenares de carpas, tan cerca las unas de las otras que apenas dejan espacio para caminar, me pregunto ¿cómo el ESMAD de la policía pudo atacar un lugar así? Más aún, sabiendo que por la cantidad de personas, unas 4 mil muchas de ellas niños, no habría suficiente espacio para huir a los efectos de los gases lacrimógenos dadas las condiciones del lugar. 

Haciendo eco del “Llamamiento a la Acción de Ciudad del Cabo de julio del 2102” del  Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), que es una coalición global de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, activistas sociales, profesionales de la salud, académicos e investigadores, los abajo convocantes hemos decidido invitar a todas las personas, organizaciones, procesos, plataformas y movimientos de Bogotá a un Encuentro de Integración por la defensa de la salud y la seguridad social en el Distrito Capital en el marco de la conmemoración de los 36 años del Paro Cívico Nacional de 1977, de los 20 años de indignación por la persistencia de la ignominiosa Ley 100 de 1993, y por la urgente necesidad de generar procesos de articulación, integración y potenciación de los esfuerzos de todos y todas. 

Iniciativa para modificar los códigos Penal y de Procedimiento Penal fue presentada ante la Cámara de Representantes, con el fin de combatir conductas como la extorsión, el microtráfico, el contrabando, la minería ilegal y el bloqueo de vías.

Pero no solo se piden cambios a dichos estatutos. También se reformaría el procedimiento sancionatorio ambiental (Ley 1333 del 2009), el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 2002) y el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 del 2006).

Haciendo eco del “Llamamiento a la Acción de Ciudad del Cabo de julio del 2102” del  Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), que es una coalición global de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, activistas sociales, profesionales de la salud, académicos e investigadores, los abajo convocantes hemos decidido invitar a todas las personas, organizaciones, procesos, plataformas y movimientos de Bogotá a un Encuentro de Integración por la defensa de la salud y la seguridad social en el Distrito Capital en el marco de la conmemoración de los 36 años del Paro Cívico Nacional de 1977, de los 20 años de indignación por la persistencia de la ignominiosa Ley 100 de 1993, y por la urgente necesidad de generar procesos de articulación, integración y potenciación de los esfuerzos de todos y todas. 

Nosotros, el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, los líderes y la comunidad campesina del sector, reunidos previamente y conscientes de las libertades constitucionales y la ley, solicitamos a los antes mencionados, las garantías necesarias y suficientes para realizar una marcha pacífica a favor de los Derechos Humanos y en completo rechazo a los hechos que vienen afectando nuestras comunidades y que la administración municipal no ha atendido oportuna ni eficientemente.

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