Por: Silvia Beatriz Adoue, Wilmar Harley Castillo Amorocho
El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez está ante el dilema de la tierra. Presionado por la derecha política y la burguesía agraria integrada a las cadenas extractivas transnacionales, dio 48 hs para que indígenas y campesinos se retiren de las tierras recuperadas. Indígenas y campesinos le responden que no son ellos los invasores.
Por: Raúl Zibechi
Los resultados son inapelables. Una derrota sin paliativos, tan amplia y potente que hace entrar en crisis al gobierno de Gabriel Boric y a los partidos que lo apoyan, pero también al movimiento popular que se lanzó a las calles en octubre de 2019 exigiendo la renuncia de Sebastián Piñera y el fin del neoliberalismo salvaje en Chile.
Por: CRIC
Los pueblos indígenas han buscado mecanismos de dialogo con los diferentes gobiernos que a lo largo de la emancipación han pasado por estas tierras; desde la corona Española con las Leyes de Indias y los títulos coloniales hasta la independencia, en la que permanentemente se buscó el reconocimiento legal de los pocos terrenos dejados después de la repartición inconsulta de españoles, criollos y mestizos.
Por: Comunidad
Solicitud ciudadana de asistencia a rendición de cuentas y transparencia de información en el municipio de Villarrica, en seguimiento de los compromisos en Audiencia Pública desarrollada el 10 de mayo de 2022, en la ciudad de Ibagué, caso Bosque de Galilea, suroriente del Tolima.
Por: Red Pluriétnica por la Defensa del Territorio
Solicitamos al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, al gobierno departamental y los gobiernos locales crear una mesa de concertación de carácter URGENTE en el Bajo Cauca para escuchar a las comunidades con el propósito de presentar propuestas que puedan ser llevadas a un documento CONPES especial para la subregión.
Por: Nadia Poblete, Silvia Adoue, Tamy Cenamo
Chile y Wallmapu: en vísperas de la realización del plebiscito constitucional, detienen a Héctor Llaitul, werken (vocero) de la Coordinadora Arauco-Malleco, principal grupo autonomista mapuche
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
Antes de la invasión, predominaban la abundancia y la reciprocidad. La colonización impuso propiedad privada, mercantilización y explotación, expulsando pueblos de sus territorios. Hoy, sus herencias jurídicas aún reproducen la condición colonial bajo las llamadas soberanías nacionales.
