Por: Colombia Informa - Kavilando
Puede que tengamos un gobierno amigo en Gustavo Petro, pero si hay que decirle las cosas, se le dirán en su momento.
Por Diego Cazar Baquero. Mongabay
Aunque Lasso y sus ministros aseguran que no hay razones para una protesta social, la Conaie presentó 10 demandas concretas al gobierno.
Por: Sputnik
La empresa china PetroOriental, que opera los bloques petroleros 14 y 17 en la provincia amazónica de Orellana, en el este de Ecuador, informó que algunas de sus instalaciones fueron tomadas por indígenas Waorani, por lo que se pierden 1.400 barriles de crudo por día.
Por: #PeoplesSummit22
Defenderemos el derecho del pueblo a organizarse y a expresarse, a construir una democracia real -una democracia popular- en un clima caracterizado por la censura y la privación de derechos.
Por: Convocantes
Se busca mediante este Tribunal Popular que las organizaciones sociales, de Derechos Humanos y la propia comunidad, formulen las denuncias por la masacre y violación de derechos humanos durante las legítimas protestas que se adelantaron, así como de la persecución judicial, policial, paramilitar y estigmatización que ello les ha acarreado, poniéndoles en un Estado de vulnerabilidad mayor al que ya tenían desde antes de las protestas.
Por NICOLE MORALES
El paro tiene carácter “nacional, territorial e indefinido”. Además, los manifestantes no tienen la intención de detener las movilizaciones hasta que el gobierno acepte sus demandas con un decreto oficial.
Por: Colombia Informa / Grupo de Investigación Kavilando
La Cumbre de los Pueblos por la Democracia continuó con más mesas de gran interés para los movimientos y organizaciones sociales del continente. Los paneles se desarrollaron en las instalaciones del LA Trade Tech College y transcurrieron sin problemas gracias a un grupo de voluntarios comprometidos que lo hacen posible.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
