Por: Semana
Jorge Pérez Hernández escuchó las protestas de campesinos de su municipio en el suroeste de Antioquia, quienes advirtieron que pese a las ordenanzas del concejo municipal, AngloGold Ashanti seguía explorando desde una finca donde, supuestamente, secaron una quebrada.
Por: Elena Sanz. El País
La UE lanza una propuesta para que la investigación financiada con dinero público se publique únicamente en revistas y plataformas que permitan su acceso universal y gratuito a partir de 2020
Por: Raúl Zibechi. Desde Abajo
Las derechas gritan y las izquierdas se hacen las distraídas
Por: The Mercury
El enfrentamiento de UC coincide con el creciente movimiento de "acceso abierto" para hacer que la ciencia esté más disponible para el público.
Por; Fuerza Socioambiental en defensa de los territorios
Un llamado a terminar con el modelo económico depredador, a frenar la criminalización de luchas sociales y la convocatoria a levantar una “Cumbre Socio Ambiental de los Pueblos”
Por: Eliane Brum. El País
¿Cómo dejar de solo reaccionar, sometiéndose al ritmo impuesto por la extrema derecha en el poder, y empezar a moverse con consistencia, estrategia y propósito?
Por: Sínodo Laical Auto-convocado y Auto-gestionado
Iluminados por el Espíritu Santo, buscando reconstruir nuestra iglesia hemos discernido comunitariamente, que las principales causas de esta crisis son: el clericalismo, el abuso de poder, la indolencia y la falta de conciencia crítica del laicado.
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
