La justicia especial para la paz y los responsables de los crímenes de Estado: los falsos positivos y de quién proviene la orden

Observatorio K.

Por: José Fernando Valencia Grajales (1)

En el derecho internacional siempre se saben quiénes son los responsables directos e indirectos de los crímenes de lesa humanidad según su artículo 28 del Estatuto de Roma, o el Decreto 2550 de 1988 en razón a la cadena de mando que no tiene forma alguna de ser evadida

 

 

quien dio la orden

En el derecho internacional siempre se saben quiénes son los responsables directos e indirectos de los crímenes de lesa humanidad según su artículo 28 (2) del Estatuto de Roma, o el Decreto 2550 de 1988 en razón a la cadena de mando (3) que no tiene forma alguna de ser evadida y ello se debe a que en dicho derecho no existen medias tintas o supuestas justificaciones nacidas de orates que se venden al mejor postor o de adoradores de supuestos mesías que vienen a eliminar de las faz del mundo a los enemigos inexistentes que ellos fabricaron o que aprovecharon de su existencia para perpetuarse en el poder y que desafortunadamente aplicando la ya manida teoría de Goebbels (1944) de convertir en verdad la mentira se aferran a él como tabla de salvación propia, y que puede funcionar para el propio pueblo que lo sufre, pero no para los demás pueblos que finalmente puede terminar juzgándolos.

El caso colombiano se asimila al caso Ruanda y el caso de la antigua Yugoeslavia, en los cuales se pueden evidenciar los casos de cadena de mando donde por ejemplo el presidente la República Serbia Karadzic en el periodo de 1991 a 1992, y ejerció poderes y control formales y de facto sobre las fuerzas bosnio-serbias y otras autoridades gubernamentales (4) .

Pero en el que el mismo nunca mando a matar a nadie, nunca emitió un comunicado para que se eliminara ningún pueblo y mucho menos escribió o ayudo a crear un decreto para promover las muertes a sus supuestos enemigos, adicionalmente se creía amparado por el derecho internacional para actuar en contra de sus enemigos de forma validad. Sin embargo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia estableció que Karadzic tenía conocimiento, o si no lo tuvo estaba obligado a tener conocimiento, de lo que hacían las fuerzas bajo su mando (Reyes-Milk, 2013) razón por la cual fue sentenciado a cadena perpetua.

Y es que el problema real de las penas es que lo que se pretende es que los líderes de los ejércitos que siempre son los presidentes de los estados no puedan evadir su responsabilidad alegando que ellos no sabían, que ellos lo desconocían que fue a sus espaldas, ya que, lo que se castiga es la omisión de control sobre sus fuerzas armadas como jefe supremo de los ejércitos y por tanto negarse a saber u ocultar una verdad que a todas luces es imposible de ocultar, es lo que realmente se castiga, ya que un jefe siempre tiene la capacidad de controlar sus tropas y de no ser capaz de ello se tiene que demostrar que se hizo todo por impedirlo, asunto que es prácticamente imposible de lograr cuando existe una directiva como la 029 de 2005 que ofrece recompensas por bajas (Rojas Bolaños, 8 de junio de 2019; 21 de mayo de 2019; Rojas, & Benavides, 2017).

Con la apertura del caso 03 por parte de la Sala de Reconocimiento de la JEP denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, se fue construyendo una verdad irrefutable que se funda en información del mismo Estado (informe No.5 de la Fiscalía). Se inicia con una cifra escalofriante de 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014. Sin embargo en la medida que la JEP avance en las investigaciones, declaraciones, reportes, informes, exhumaciones logró establecer que la cifra es muy superior a 6402 casos.

Este caso es de un especial interés para la Corte Penal Internacional porque allí están involucrados delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos. Razón por la cual la Fiscalía de la Corte Penal internacional viene colaborando y exigiéndole a la fiscalía nacional acelerar el proceso de determinación de responsables e investigación profunda de dichos hechos, y para lo cual ha priorizado los siguientes casos:

i. Catatumbo: Brigada Móvil no. 15 y Batallón de Infantería no. 15 “General Santander"; Brigada 30, Segunda División.
ii. Norte del Cesar: Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, Primera División.
iii. Casanare: Brigada 16. Cuarta División.
iv. Antioquia: Batallón de Artillería N°4. Jorge Eduardo Sánchez; Cuarta Brigada, Séptima División y Brigada Móvil N°11 Séptima División.
v. Meta: Batallón de Infantería N° 21 “Batalla del Pantano de Vargas”, Cuarta División.
vi. Huila: Batallón de Infantería N° 27 “Magdalena y Batallón Cacique Pigoanza –Quinta División. (JEP, 2019)

Dicha priorización territorial es necesaria por la gran cantidad de casos reportados en dichos departamentos como se aprecian en el siguiente mapa:

mapajosefp2
Mapa tomado de: https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/03.html

Sin que ello signifique que no valla a investigar otros, pero sí que los anteriores son los más graves y nutridos.

Pero hay un elemento final que es necesario que quede muy claro y es que los falsos positivos o muertes ilegitimas presentadas como bajas en combate, no es nada diferente a un genocidio perpetrado contra los jóvenes de escasos recursos, contra los excluidos, pobres, marginalizados, o con escasos recursos y en busca de oportunidades. Que fueron macartizados y luego marcados para ser masacrados.

Ellos no son más que victimas del desarrollo que primero los excluyo y luego los revitimizo como ganado para el matadero. Pero en el que hay que aclarar que estas personas nunca fueron miembros de ningún grupo armado, nunca fueron combatientes, jamás militaron en un movimiento político o de un movimiento social o líder social.

Por el contrario no eran más que civiles que las fuerzas armadas debió de proteger de los guerrilleros, paramilitares (Insuasty Rodríguez, 2017) y narcotráfico. Pero que finalmente se convirtieron en los verdugos que se aliaron con los paramilitares y narcotraficantes (Valencia Grajales, Agudelo Galeano, & Insuasty Rodríguez, 2016; Valencia Grajales, Insuasty Rodríguez, & Restrepo Marín, 2016) para eliminarlos sin ninguna razón más allá de una recompensa (Barrera, 24 de marzo de 2016) y la búsqueda de cumplir con las órdenes directas de más bajas en combate, cambiando la estrategia de guerra por el deshonor de las fuerzas armadas (Insuasty Rodriguez, & Valencia Grajales, 2011; Insuasty Rodríguez, 10 de junio de 2019; Mesa Duque, & Insuasty Rodríguez, 5 de agosto de 2019).

Bibliografía

 

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Barrera, D. (24 de marzo de 2016). “Instrumentos para mantener el orden social: incentivar el pensamiento pueril y las acciones politizadas frente a la realidad”. Obtenido: https://kavilando.org/lineas-kavilando/formacion-genero-y-luchas-populares/4391-instrumentos-para-mantenerel-orden-social-incentivar-el-pensamiento-pueril-y-las-acciones-politizadas-frente-a-la-realidad

Goebbels, Joseph (1944) [1943]. "Nun, Volk steh auf, und Sturm brich los!" [Nation, Rise Up, and Let the Storm Break Loose]. German Propaganda Archive. Calvin College. https://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/goeb36.htm

Insuasty Rodriguez, A., & Valencia Grajales, J. F. (2011). Evolución de las Estrategias de Guerra en Colombia. El Ágora Usb, 11(1)

Insuasty Rodríguez, A. (2017). “¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo?” El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf

Insuasty Rodríguez, A. (10 de junio de 2019). “Falsos positivos 2.0 y Paramilitarismo 4G: ¿el aceite del “desarrollo”? Colombia”. Obtenido: https://kavilando.org/lineas-kavilando/historia-de-las-organizacionessociales/6983-falsos-positivos-2-0-y-paramilitarismo-4g-el-aceite-del-desarrollo-Colombia

Insuasty Rodríguez, A., Zuluaga Cometa, H., & Palechor Ordoñez, D. (2019). Medellín y la planeación institucional de la miseria. Ratio Juris UNAULA, 14(28), 343-362. https://doi.org/10.24142/raju.v14n28a12

Insuasty, A. (2013). “Ante la actual crisis de sentido, es necesario ‘rescatar al sujeto’”. El Agora USB, 13(2), 9-17. doi:https://doi.org/10.21500/16578031.117

Justicia Especial para la Paz ( JEP) Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas (17 julio 2018) auto 05 caso 03, Bogotá. Justicia Especial para la Paz ( JEP) https://relatoria.jep.gov.co/documentos/providencias/1/1/Auto_SRVR-005_17-julio-2018.pdf

Mesa Duque, N., & Insuasty Rodríguez, A. (5 de agosto de 2019). “Operación Orión: ¿por fin sabremos la verdad?” Obtenido: https://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/12175-operacion-orionpor-fin-sabremos-la-verdad.html

Reyes-Milk, Michelle (2013) Mandatarios al banquillo: los legados de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc y desafíos actuales para la corte penal internacional en el juzgamiento de los jefes de estado en funciones. THĒMIS-Revista de Derecho 63. 2013. pp. 275-290 

Rojas Bolaños, O. E. (2018). Las parteras de Urama Grande. Medellín: Aleph Impresiones. Obtenido de https://www.kavilando.org/images/stories/documentos/Machote-Las-Parteras.pdf

Rojas Bolaños, O. E. (8 de junio de 2019). Doctrina, adoctrinamiento y falsos positivos. Obtenido de: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/6975-doctrina-adoctrinamiento-y-falsos-positivos

Rojas Bolaños, O. E. (21 de mayo de 2019). Falsos positivos y la prolongación de la guerra en Colombia. Construyendo una tipología sociológica de falso positivo. Obtenido de: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/6939-falsos-positivos-y-laprolongacion-de-la-guerraen- colombiaconstruyendo-una-tipologia-sociologica-de-falso-positivo

Rojas, O. E., & Benavides, F. L. (2017). Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002 – 2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Obtenido de https://www.kavilando.org/images/stories/documentos/EJECUCIONES-EXTRAJUDICIALES-ENCOLOMBIA-2002-2010.pdf

United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (2019) PROSECUTOR v. Radovan Karadzic Public Redacted Case MICT-13-55-A 8853; A8853-A8469, 20 March 2019, AJ https://www.irmct.org/sites/default/files/casedocuments/mict-13-55/appeals-chamber-judgements/en/190320-judgement-karadzic-13-55.pdf

Valencia Grajales , J. F., Agudelo Galeano, J. J., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia: historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II). Medellín: Kavilando. Obtenido de http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/handle/10819/3707?mode=full

Valencia Grajales, J. F., Insuasty Rodríguez, A., & Restrepo Marín, J. (2016). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Medellín, historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II). Medellín: Kavilando. Obtenido de https://kavilando.org/editorial/50-editorial-conflicto-social-y-paz/5825-elementos-para-una-genealogia-del-paramilitarismo-en-colombia-historia-y-contexto-de-la-ruptura-y-continuidad-delfenomeno-i-2

Valencia, J. F., & Insuasty, A. (2011). “Evolución de las estrategias de guerra en Colombia: ¿cómo han evolucionado las estrategias de guerra utilizadas por el ejército colombiano en la historia de Colombia, desde 1930 hasta el 2006?” El Ágora USB, 11(1), 67-88. doi:https://doi. org/10.21500/16578031.384

Vallejo Duque, Y., Insuasty Rodríguez , A., Varela Suárez, F., & Cartagena Pamplona, F. (2008). Acción Social (Agencia de la Presidencia- Colombia), “¿Una dinámica para el desarrollo social o una estrategia para el control territorial?” El Ágora USB, 8(1), 101-122. Obtenido de https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/1526/1325

Notas.

[1] Docente investigador Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA). Abogado Universidad de Antioquia, Politólogo Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Especialista en Cultura Política: Pedagogía de los Derechos Humanos, Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), Magíster en Estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, estudiante del doctorado en conocimiento y cultura en América Latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.). Editor de la revista Kavilando y Ratio Juris.. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8128-4903 Google Scholar: https://scholar.google.es/citations?user=mlzFu8sAAAAJ&hl=es. Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

[2] Artículo 28 Responsabilidad de los jefes y otros superiores Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte: a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando: i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando: i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. Artículo 29 Imprescriptibilidad Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.

[3] tribunales ad hoc de Ruanda y la ex Yugoslavia, sentencias de la CIDH en Guatemala, International Criminal Court. Situation In The Central African Republic In The Case Of The Prosecutor V. Jean Pierre Bemba Gombo. 20 April 2009. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de septiembre 5 de 2005. 41 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 24 de agosto de 2016. (Primer acuerdo)

[4] TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA. Prosecutor v. Radovan Karadzic (Amended Indictment). Caso IT-95-5/18-I. Sentencia del 31 de mayo de 2000. párrafos 60-61.

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