Causas, preliminares y actualidad del conflicto social Colombia. Informe de Coyuntura Nacional.

Observatorio K.

 Por: Autores* - OVE

Colombia está en el epicentro de la crisis del modelo neoliberal en América Latina y muestra un agotamiento estructural del tipo de gobierno de clanes imperante en ese país. En contraste emerge por todo el país un tejido social de resistencia, respuesta, construcción de alternativas y reinvento de la democracia local, que aún no ha sido valorado en todas sus dimensiones creativas. Colombia se pinta de esperanzas en medio de la barbarie

 

 

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Informe de Coyuntura Nacional: Colombia

Causas preliminares y actualidad del conflicto social en Colombia

*Por: Carolina Jiménez; Daniel Libreros; Jorge Forero; Alfonso Insuasty Rodríguez; Martha Alfonso; Carlos Munevar; Luis Bonilla Molina; Nelson Ortega 

Introducción

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Colombia está en el epicentro de la crisis del modelo neoliberal en América Latina y muestra un agotamiento estructural del tipo de gobierno de clanes imperante en ese país. Pobreza, represión, violación de los más elementales derechos humanos, crímenes de Estado, son solo algunas de las expresiones de este deterioro.

En contraste emerge por todo el país un tejido social de resistencia, respuesta, construcción de alternativas y reinvento de la democracia local, que aún no ha sido valorado en todas sus dimensiones creativas. Colombia se pinta de esperanzas en medio de la barbarie, lo cual pareciera anunciar que estamos a las puertas de una nueva posibilidad de democratización de la vida pública, ciudadana y de las instituciones en ese país.

Los medios de comunicación del gran capital y el complejo industrial cultural suelen hacerse eco de la criminalización de la protesta. Por ello, resulta urgente iniciar un conjunto de estudios, análisis y debates que muestren la Colombia alegre, creativa y popular que se niega a seguir en la actual situación de oprobio.

Desde el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII- OVE) iniciamos un trabajo en ese sentido, que aspiramos sostener en el tiempo, de cuyo esfuerzo entregamos este primer informe. No ha sido fácil, porque los actores sociales temen por su vida, seguridad personal y libertad, en medio de la creciente represión que recorre el país. Para lograrlo, hemos convocado a un conjunto de expertos(as), investigadores(as) y estudiosos del tema quienes están acompañando la actual dinámica.

Raíces estructurales de las desigualdades y el conflicto social en Colombia

La pregunta inicial que muchos se hacen es, si la actual confrontación entre el gobierno del binomio Uribe-Duque y el pueblo colombiano, es una situación momentánea o responde a la eclosión de contradicciones de vieja data. La respuesta apunta a indicar que Colombia vive una crisis profunda, acumulada por décadas, que encuentra en el actual conflicto una válvula de escape. Pero este torrente de resistencia no es solo confrontacional contra los elementos del modelo, sino que está prefigurando una nueva forma de hacer política desde abajo, de manera dialógica, horizontal, incluyente y propositiva.

Departamentos donde más se incrementó la pobreza durante el Gobierno de Duque (Variación porcentual 2018-2020)

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Algunos elementos de las raíces estructurales del actual conflicto son:

 El modelo de acumulación por desposesión, basado en la dominación del capital financiero transnacional y en la destrucción de territorios por parte del extractivismo, con su distribución sesgada de las rentas en favor de las clases dominantes, es lo que ha terminado por producir una concentración de la riqueza que coloca a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina;

 Hay una tendencia histórica de exclusión de los Derechos Económicos y Sociales y, de la Política Nacional, hacia franjas amplias de la población (campesinado, comunidades étnicas, trabajadores asalariados población informal), cuyas demandas tradicionalmente son despreciadas. La respuesta del poder ante las movilizaciones sociales se concentra en el terror de Estado, en la criminalización de la protesta, y en opresiones diversas que producen tensiones que desbordan la capacidad de control del poder establecido. Cuando el conflicto escala las calles, el gobierno colombiano instala mecanismos provisorios de diálogo del cual muchas veces emanan compromisos de concesiones nominales (acuerdos en torno a puntos críticos) que posteriormente son incumplidos de manera intencionada;

 La racionalidad de desigualdad estructural se ha instaurado y normalizado en la sociedad colombiana, a tal punto que el modelo de gestión de políticas públicas y los mecanismos de acceso a las plataformas de servicios, han sido estratificadas. De acuerdo a sus ingresos familiares se decide quien forma parte o no de un estrato social y de políticas públicas determinadas por sus ingresos, lo cual es terriblemente excluyente y estratificador. Esa estratificación sirve para ejemplificar igualmente la concentración del ingreso. Tomada conforme a la metodología de decíles una división en 10 segmentos (siendo el decil 10 el de mayores ingreso y el 1m el de menores) el más alto , o sea, el decil 10 , tiene 300 veces más ingresos que el 1. Tal situación determina una tendencia hacia la marginación sistémica de los estratos más bajos, en áreas sensibles como la educación, el acceso al crédito, entre otros;

 La rebelión ante el Establecimiento ha sido una constante en el mundo rural colombiano, precisamente en las franjas que han padecido mayores niveles de explotación, despojo y de marginación (y de desplazamiento forzoso). Ello ha generado movimientos de resistencia armada como: las guerrillas liberales de los llanos, que surgieron a mediados del siglo pasado, al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL), el M-19 y otras guerrillas de origen étnico como fue el caso del Quintin Lame;

 En el caso de las guerrillas que aún actúan, el EPL ha sido debilitado desde el punto de vista militar pero las demandas que tradicionalmente ha levantado no han sido incluidas en las agendas de las políticas públicas. El intento de llegar a un acuerdo de paz en los noventa a través del Movimiento Ciudadano Esperanza, Paz y Libertad fueron desestimados, así como perseguidos y asesinados una parte importante de sus ex combatientes. Por ello, un pequeño sector de esta organización, aislado de las luchas sociales mantiene la idea de confrontación militar contra el gobierno;

 El ELN no ha sido aniquilado militarmente, ni sus demandas han sido escuchadas con intención de reconciliación. Igualmente su dirección mantiene una tradición militarista que la aleja de una perspectiva negociadora. Como elemento distractor sobre las críticas y denuncias ante la criminalización del actual levantamiento social que estamos presenciando en el país, lo que le ha acareado al actual gobierno una gran ilegitimidad internacional, el ex presidente Uribe en pleno paro nacional, desconociendo las funciones del anterior Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, buscó a la dirección de esta guerrilla para iniciar un nuevo proceso negociador, tratando con ello de mejorar la imagen deteriorada del gobierno

 Por otra parte, la guerrilla más antigua y grande de Colombia, las FARC terminaron durante el gobierno anterior un proceso de negociación política en La Habana, en el año 2016, que concluyó con los acuerdos de paz entre el Estado Colombiano y la dirigencia de esa organización. Las FARC quienes negociaron un cuerpo integral de paz desmovilizándose, han visto como estos acuerdos han sido sistemáticamente ignorados y/o violados por parte de las autoridades estatales Aproximadamente, 276 ex combatientes de las FARC quienes se habían incorporado a la actividad política legal han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz. Los planes de inversión pactados para los municipios que fueron más afectados por la guerra interna no han sido implementados y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, un punto central para la reinserción económica en las zonas campesinas y de colonatos, no tan solo no se ha implementado sino, que, ahora el gobierno de Iván Duque anuncia la fumigación con glifosato de esos cultivos, lo que llevará a daños irreversibles en la salud de los pobladores, a la destrucción de la biodiversidad y a la contaminación de las aguas;

 La ofensiva militarista no ha operado solamente con los ex combatientes de las FARC; en ese mismo período, por lo menos 900 líderes sociales han sido asesinados por grupos paramilitares con la complicidad del ejército que hace presencia en esas zonas;

 Lo cierto es que, ni las guerrillas activas ni los ex combatientes tiene capacidad de generar unas movilizaciones de masas como las que han ocurrido en las últimas semanas. Si bien el eje de la confrontación social se ha desplazado a las ciudades, esto es el resultado del surgimiento de un nuevo tejido ciudadano rebelde que aprende a diario con nuevas narrativas e imaginarios que exceden a las viejas tradiciones de lucha. Estamos en presencia de un gran levantamiento popular urbano en contra de la pobreza y la miseria a la que el neoliberalismo condenó a franjas amplias de la población en las ciudades.

 En el mes de mayo de 2021 la rebelión irrumpe en el mundo urbano, porque el gobierno de Iván Duque propuso al Congreso una reforma tributaria regresiva, que contenía castigos tributarios mayores para las capas medias y pobres, en comparación a quienes ostentan enormes fortunas. Otro elemento detonante fue la reforma de salud, que acentuaba la privatización y el control de los grupos financieros sobre la prestación del servicio, excluyendo aún más a los estratos sociales de mayor vulnerabilidad.

El uribismo como problema para la democracia en Colombia

Álvaro Uribe Vélez es expresión de la atípica estructura de las clases dominantes en Colombia. De origen terrateniente, expresa todo el proceso de opresión, despojo y violación de los derechos que, sobre los productores agrícolas sin propiedad o pequeños parcelarios, ejercen los barones de la tierra. Uribe nace en la fase final del periodo de la violencia (1952) y crece en medio de la eclosión del fenómeno guerrillero rural en Colombia.

Históricamente hablando, los campesinos han sido obligados a trabajar para los intereses de los grandes propietarios de las tierras, en medio de terribles formas de precarización laboral, sin libertad de asociación sindical y con el estigma de que todo el que luche por derechos es un subversivo.

El asesinato de Gaitán (1948) y el estallido del Bogotazo expresaron el hartazgo de la ciudad, pero también del campo y abren un capítulo sin precedentes de guerra civil de baja intensidad.

La década de los cincuenta del siglo XX fue de conflicto y beligerancia social, que en realidad profundizaría el llamado periodo de La Violencia que venía ocurriendo entre 1925-1958. Aunque la confrontación directa disminuye en escala a partir de 1958, ello no era el resultado de ampliación de conquistas sociales o de un acuerdo reparador, sino de la evidente supremacía, por vía represiva, del mundo empresarial sobre el trabajo.

Contra esa realidad, sectores campesinos y oprimidos de las ciudades durante las décadas 50/80 del siglo XX, vieron como aliados a las fuerzas guerrilleras. El crecimiento de la base de apoyo social a las fuerzas insurgentes (1950-1980 del siglo XX), así como el auge de la industria ilícita del narcotráfico 70-80 que implicaba una nueva fuente de renta que los ricos y poderosos querían controlar, llevan a la conformación de estructuras criminales paramilitares. El paramilitarismo es brazo armado de la burguesía para destruir las resistencias populares, pero también fuerza de apropiación del negocio de la droga.

Rápidamente los paramilitares pasarían a convertirse en el mecanismo de justicia extra judicial que usaban los poderosos para silenciar a quienes luchaban por sus derechos. A Uribe Vélez se le suele vincular a los orígenes y el sostenimiento del paramilitarismo en Colombia y de allí su poder en el Palacio de Nariño, abiertamente o detrás de bastidores.

La legalización de guerrillas como el M-19 y el proceso constituyente de principios de la década de los noventa, evidenciaban la búsqueda de nuevos canales para alcanzar reales libertades democráticas, y la intención de exigir protección del Estado a los mecanismos de luchas en procura de democracia económica. Décadas de guerra en el campo y la ciudad habían agotado a un sector importante de la población que pugnaba por soluciones no cruentas al conflicto que había caracterizado a todo el siglo XX.

Las simpatías hacia los grupos alzados en armas comienzan a mermar, lo cual no implicaba una desaprobación de su existencia, sino la búsqueda de otras formas de lucha. Estas aspiraciones ciudadanas no encontraron partidos políticos, gremios y sindicatos que canalizaran sus inquietudes; esto ocurrió en una parte por el terrorismo de Estado implementado después de la Constitución de 1991, pero también por problemas de la izquierda insurreccional para comprender el nuevo momento histórico.

Esto añade otro elemento que es necesario abordar para entender lo que pasa en Colombia y es, la crisis de las representaciones de todo signo. Esta crisis de representación no significa conformismo ni inmovilidad, sino procesos de auto organización y aprendizaje raizal, como diría Fals Borda.

El Uribismo, con una base social inicial formada por ricos del campo y la ciudad, así como clase media alta profesional, logra construir hegemonía conservadora en importantes sectores populares y se va constituyendo en un centro de poder. Esto se origina cuando en medio del auge de la guerra del narcotráfico, Álvaro Uribe asume la alcaldía de Medellín y posteriormente la gobernación de Antioquía; ambas, la ciudad y la gobernación, ubicadas en el epicentro de la conformación, entra la emergente casta hamponil y la clásica burguesía. Esta guerra culminaría con la hibridación de dinámicas y el surgimiento de la parapolítica, sector con el que se identifica a Uribe.

El paramilitarismo en sociedad con el narcotráfico, se instituyen como actores de la política colombiana. Incluso, al considerar la burguesía que había una derrota de las fuerzas guerrilleras, comenzó un proceso de pacificación de algunos sectores del paramilitarismo, muchos de los cuales se integraron a las fuerzas represivas del Estado.

El paramilitarismo pasa de ser un factor de confrontación militar a ser un actor político-militar que encontraba en Álvaro Uribe a su interlocutor. La añeja burguesía colombiana, el capital trasnacional, los señores de la tierra rural y urbana, ven en el paramilitarismo y la figura política que lo representa (Uribe) posibilidades ciertas de contener las protestas y garantizar el sostenimiento del modelo neocolonial y burgués imperante. El Uribismo surge como una importante fuerza política que transita entre lo legal e ilegal.

El Partido del Centro Democrático, liderado por Uribe y del cual forma parte el actual presidente Duque, es una organización ideológicamente ubicada en el campo neoliberal respecto al papel del Estado, el mercado y la sociedad, que promueve la parapolítica como una nueva forma de actuación combinada dentro del Estado y fuera de sus márgenes jurídicamente establecidos.

Uribe como líder ultra conservador ha construido un pensamiento político que ha permeado a la política colombiana en todas sus instituciones e instancias. Esto convierte a Uribe en un centro muy importante de la actividad del Estado Colombiano. Su perspectiva expresa la correlación de fuerzas existentes actualmente en Colombia. Uribe es expresión de un sector de la burguesía colombiana que ostenta la mayor cuota de poder en Colombia. Por ello, su delfín político, Iván Duque, se atreve a violar los derechos humanos, a reprimir las protestas, a torpedear los acuerdos de paz, porque sabe del control que su mentor ejerce sobre las instituciones públicas.

El Uribismo, por su perspectiva excluyente e intolerante, se convierte en un gran obstáculo para repensar la democracia y construir la paz con justicia social e inclusión en Colombia. Por ello, en las calles, la aspiración de cambio trasciende los límites del Palacio de Nariño y se convierte en una disputa contra-hegemónica respecto al uribismo.

Las demandas de FECODE y los intentos gubernamentales de criminalizar su accionar En Colombia, los trabajadores estatales presentan pliego de peticiones cada dos años. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) presentó un pliego de peticiones al gobierno colombiano en el año 2019, pudiéndose llegar a 36 acuerdos, de los cuales el 75% no se habían cumplido en febrero de 2021. Por ello, FECODE volvió a radicar un pliego con la exigencia de cumplir los acuerdos de 2019 y negociar otros puntos. El gobierno postergó las mesas de negociación, y solo las convocó cuando ya había iniciado el Paro Nacional.

El punto fundamental de las peticiones de FECODE está referido a la financiación de la educación pública, hecho este vinculado al Sistema General de Participaciones (SGP) que es una bolsa constituida por los impuestos que se retornan a las entidades territoriales. Forman parte de la misma bolsa de este sistema los recursos destinados a la educación, salud, saneamiento básico, agua potable, ante lo cual FECODE ha pedido que se haga una reforma que retribuya los porcentajes contemplados en la Constitución de 1991, los cuales fueron reducidos de manera significativa por vía de reformas constitucionales en el 2001 y 2007, perdiéndose cerca del 56% de los recursos que llegaban por estos conceptos. En el 2016, se pierde una adición especial que había para educación. Esto ha derivado en la carencia de un presupuesto que garantice una educación pública con condiciones dignas, con propio presupuesto, justo y ascendente para la educación. Como parte de los acuerdos de 2019 se trabajó en una mesa hasta marzo de 2021, que realizó el levantamiento de los déficits existentes y la proyección financiera, pero cuando se entró en el debate de los recursos y la fórmula, el gobierno procedió a levantarse de la mesa de trabajo, a pesar de que en el Plan de Desarrollo del Gobierno quedo consignado.

Esta realidad general devino en que los presupuestos de los últimos años para educación tengan que recurrir al mecanismo de las asignaciones especiales. Para el año 2021, no se contemplaron recursos para cubrir los ascensos del escalafón docente, inversiones contundentes en infraestructura, ni siquiera recursos significativos para los protocolos de bioseguridad. Esto generó un debate, unido al propio del mal manejo de la pandemia como lo muestra el hecho que Colombia sea uno de los países con más alta tasa de mortalidad, problemas con el programa de vacunación y una situación crítica para el retorno a las aulas presenciales. FECODE se ha resistido al llamado modelo de alternancia que pretende implementar el gobierno sin resolver previamente los problemas mencionados.

En medio de todo esto, el gobierno colombiano ha tenido la táctica de dilatar y utilizan fuertes señalamientos contra FECODE. Se pretende estigmatizar socialmente a FECODE, acusándole de adoctrinar, de manejar la educación pública en contra del establecimiento. Desde el poder se ponen en marcha campañas que van acompañadas de amenazas con panfletos, señalamientos y estigmatizaciones. Ello apunta a privatizar la educación con el mismo modelo que usaron para la salud. Esta actuación del gobierno colombiano conspira contra la libertad sindical y la democracia en sí.

Unido a esta situación, FECODE viene denunciando la intención de entregar los recursos de la educación a empresarios privados, en un sistema de concesiones, propuesta impulsada por el partido de gobierno y su vocero Álvaro Uribe Vélez.

FECODE hace parte del Comité Nacional de Paro y eso le ha convertido en blanco de una campaña sucia que procura desprestigiar al gremio docente ante la ciudadanía. FECODE se mantiene en el paro nacional y muchos educadores integrantes de FECODE han sido señalados de instigadores. Esto en correspondencia a las falsas acusaciones que desde el año 2020 levantó el partido del Uribe-Duque contra FECODE. Estas violaciones han sido notificadas a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y a la Comisión de la Verdad.

Paro Nacional y Comité de Coordinación Nacional

Después de las protestas de 2019-2020 Colombia vive un clima de agitación política desde inicios del 2021. La pandemia profundizó las desigualdades e inequidades y en ese contexto la denominada reforma tributaria se convirtió en la mecha que incendió el polvorín de la iracundia ciudadana.

Las movilizaciones se comenzaron a extender de manera intermitente y en distintos territorios en abril de 2021. Un número importante de organizaciones convocan al paro nacional a partir del 28 de abril de 2021. Esta convocatoria contiene un pliego de demandas para negociar con el gobierno. Sin embargo, a más de un mes de iniciado el paro nacional, surgen desde abajo, nuevos reclamos, nuevas peticiones, que seguramente será necesario incorporarlas para poder levantar de manera efectiva el paro.

El Comité Nacional de Paro está conformado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Nacional del Trabajo (CGT) presidida por Percy Oyola, la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) , la Confederación Democrática de los Pensionados (CDP), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Cumbre agraria, la Dignidad Agropecuaria, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Proceso de Comunidades Negras Afrodescendientes (PCN), Plataformas de Derechos Humanos, el Centro de Integración y Capacitación (CINCOP), Plataforma de Salud en Paro, Plataforma con las Pensiones No, Plataforma Arte y Cultura, Periodismo Alternativo, Movimiento de Mujeres, Confederación Nacional de Pescadores, Recicladores, el Movimiento Ambientalista, el Comité de Defensa del Páramo, Movimiento LGBTI, Sector Transporte, Sector Minero – Fracking y la Cruzada Camionera. Luego se integrarían la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de educación Superior (UNEES). Esta estructura nacional se replica en los territorios con incorporación de actores locales y le da un carácter singular a la conducción del paro en cada localidad.

El aroma a protesta generalizada lleva al gobierno colombiano a retirar a mediados de abril de 2021 el proyecto de reforma tributaria, en proceso en el legislativo, con la esperanza de desactivar el paro nacional. Sin embargo, esto no ocurre y por el contrario se crea un clima de iracundia colectiva, en la cual los jóvenes desplazados, sin posibilidades de acceder a un empleo ni a la universidad se convierten en factores importantes. No son los Ni-Ni del Banco Mundial, apáticos y sin proyecto de vida, sino son los SIN-SIN (sin empleo-sin educación) que reclaman ser sujetos políticos, económicos, culturales, tecnológicos. El paro nacional se inicia el 28 de abril de 2021 y aún sigue abierto.

A más de un mes de iniciado el Paro Nacional, el gobierno tiene el reloj de arena en su contra, porque cada vez le resulta más difícil desactivar la protesta de la calle. Un movimiento raizal, comunitario y juvenil ha venido construyendo una agenda de transformación nacional mucho más profunda que la que inicialmente se levantó.

Desde el 19 de mayo de 2021 se han dado un conjunto de reuniones de contacto entre el Ejecutivo y el Comité Nacional de Paro. El número de voceros que están participando en las conversaciones directas con el presidente Duque es pequeño y consensuado por el CNP.

La universidad en el epicentro de la disputa entre Estado social de derecho y agenda neoliberal

La movilización social que se vive en Colombia desde el pasado 28 de abril no es un acontecimiento extraordinario e inédito en la historia política reciente de la resistencia social y popular del país. Ésta recupera los acumulados de las diversas luchas populares desplegadas desde el último lustro, entre las que se destacan las movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación superior pública del año 2018.

La agenda de la movilización estudiantil y profesoral en el 2018, recogía entre otros elementos:

1. Financiación: Incrementar la financiación de la educación superior entre 3 y 4 billones de pesos (colombianos); construcción de una ruta para resolver el déficit de 18 billones de pesos generado por el aumento de gastos (ampliación de oferta educativa con menos recursos), y la reducción de recursos girados por el Estado; garantizar que la financiación contingente vaya a las Universidades públicas y deje de financiar a las privadas a través de los créditos universitarios.

2. Fin del programa ser pilo paga y rechazo a “Generación E” y condonación de deudas del ICETEX: Estos programas financian la demanda a través del crédito educativo y el consecuente endeudamiento de las familias colombianas.

3. Dignificación del trabajo de los docentes de planta y ocasionales: Los docentes tienen unas condiciones de vinculación laboral precarias que no se compadecen con su grado de formación académica y con el tiempo de horas dedicado a atender su actividad docente.

4. Ampliación de la cobertura con perspectiva universal: se debe garantizar acceso gratuito y universal para todos los jóvenes que deseen ingresar a la educación superior. 5. Resolver el déficit de las instituciones técnicas y tecnológicas 6. Regulación funcionamiento de las Universidades privadas: Creación de una línea de créditos sin interés para los estudiantes de las universidades privadas, congelamiento de los costos de las matriculas, y vigilar que el accionar de estos centros educativos esté en correspondencia con el NO ánimo de lucro

7. Creación de un Sistema de Ciencia y Tecnología: acorde con las necesidades del país y con una financiación que garantice el impulso de los procesos de investigación e innovación.

8. Autonomía, democracia y gobiernos universitarios: generar condiciones para que el gobierno universitario sea colegiado y democrático 9. Sistema de Educación Superior Estatal: diseño de un sistema de educación sostenible, incluyente y solidario.

La fuerza del movimiento estudiantil y profesoral hizo posible la instalación de la mesa de diálogo el 1 de noviembre de 2018 la cual logró un acuerdo el 14 de diciembre. Entre los puntos acordados se destacan: 1. Financieros: Durante el período de gobierno de Iván Duque hay un compromiso de recursos para las IES del orden de 5,85 billones de pesos. Los cuales se distribuyen entre base presupuestal, cooperativas, saldos presupuestales y regalías. Normas: El gobierno de Iván Duque se comprometió reforma del ICETEX y la modificación a los artículos 86 y 87 de la ley 30 y la 1911. Participativos:

Se crea la Mesa de diálogo y una serie de mesas técnicas a través de las cuales la comunidad universitaria podrá hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos y proponer una serie de medidas que conduzcan a la construcción de un sistema de educación superior pública.

Ahora bien, el balance en términos de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional es negativo, de ahí que tanto en las movilizaciones de noviembre del 2019, como las que se viven recientemente, uno de los puntos del pliego de negociación es el cumplimiento efectivo de lo acordado en 2018 con el movimiento estudiantil y profesoral. Aunado al incumplimiento se encuentra una violación sistemática de los DDHH de los y las estudiantes manifestantes, lo cual ha cobrado la vida de varios de ellos y la pérdida de ojos por los ataques oculares por parte del ESMAD. A la fecha no se registran proceso de reparación efectivos.

El sindicalismo colombiano: Un año detrás de una negociación que no termina de concretarse 

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, viene denunciando que el gobierno dilata las conversaciones para jugar al desgaste de la protesta. A ello se suma una ofensiva para desprestigiar a la dirigencia del paro nacional ante los grandes medios de comunicación, intentando socavar la legitimidad de su conducción.
La periodista Bibiana Gómez señalaba en un programa en Facebook que el ambiente que existe en la calle es el de no volver a las casas si no se concreta una negociación de profundo impacto social que permita iniciar un proceso de cambio social estructural.

Maltés precisaba que el gobierno de Duque ha intentado deslegitimar el paro acusando a sus organizadores de estar vinculados a la guerrilla, a los grupos armados organizados o que están financiados por el chavismo, pero nadie “les comió el cuento” – señala Maltés- porque el paro expresa un sentimiento nacional de los sectores populares, profesionales y clase media profesional.

Después el gobierno amenazó a los empleados públicos, diciéndoles que quienes vayan a las movilizaciones convocados por sus sindicatos iban a ser investigados disciplinariamente. El Fiscal General amenazó a los transportistas diciéndoles que les iba a decomisar los camiones si participaban en las protestas.

Dilatar, Desconocer, Dilatar y No Negociar, Dilatar y Reprimir violentamente, ha sido la estrategia del gobierno. El mantenimiento de la protesta en la calle obligó a abrir la puerta de la negociación. Es el 19 de mayo es cuando se inician las negociaciones con el gobierno, con un primer punto, la conformación de un protocolo que garantice la protesta social sin violación de los derechos humanos.

El pliego que pretende negociar el Comité Nacional de Paro fue entregado al gobierno el 20 de junio de 2020. En el marco de la apertura de las negociaciones se llega a un preacuerdo el 24 de mayo de 2021, en presencia de tres ministros, la alta consejera para los derechos humanos y más de 50 asesores presidenciales. Se quedó en firmar el preacuerdo el 26 de mayo, pero en esa fecha no apareció el gobierno. Se produjo una nueva cita para el domingo 30 de mayo, después que el gobierno señalara que querían cambiar algunas comas y puntos, pero en realidad llegaron haciendo trizas todo el acuerdo. Ante esta situación el Comité Nacional de Paro considera que no se quedó en cero, sino en menos uno, porque se endurecieron las medidas represivas y se perdió la confianza sobre la seriedad del Ejecutivo.

La negociación si se sigue dilatando puede llegar a un punto de sumatoria de tantos aspectos, por presión desde la base que haría inviable cualquier resolución y profundizaría la crisis. Es decir, el gobierno es el más perjudicado con su política de dilación.

La gota que rebasó el vaso: la reforma

Solo es posible comprender los efectos de la reforma tributaria en Colombia si se analiza el grado de deterioro de las condiciones de vida de su población. Lo cierto, es que, durante el Gobierno de Duque según el DANE, la pobreza ha crecido de 34,7% en 2018 a 42,5% en 2020. Con ello, se da un retroceso de al menos doce años en términos porcentuales. Esto ocurre luego de un estancamiento económico en la última década, que nada tienen que ver con el crecimiento del PIB nacional, siendo el Valle del Cauca (donde se encuentra la ciudad de Cali), el tercer departamento más afectado, después de Bogotá y Atlántico.

La reforma tributaria planteada por Duque, consistía en cobrar impuesto sobre la renta a las personas que ganaran un sueldo mensual de más de US$663, la imposición del cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los servicios públicos; agua, luz y gas, servicios funerarios, equipos electrónicos como computadores, y otros rubros hasta ahora exentos.

Estructura tributaria en Colombia del año 2019

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Hasta la fecha la estructura tributaria de Colombia, tiene un aporte del 19,3% del PIB según la OCDE, donde la carga sobre la sociedad en materia de impuestos sobre bienes y servicios y las cotizaciones a la seguridad social representan el 53% del total. Una distribución desigual, si observamos las inequidades pre-existentes. Lo que aspiraba el Gobierno colombiano con esta política, era subir en 2% el aporte realizado por el pueblo a los ingresos fiscales provenientes de los impuestos. De esta forma, Duque pretendía cargar el peso de los desequilibrios macroeconómicos, agudizados por la pandemia, a la clase trabajadora y en especial a los más pobres; pretende apagar el fuego de la miseria, con el combustible del neoliberalismo.

La renuncia del Ministro de Hacienda un intento por calmar las aguas

Luego del retiro de la reforma tributaria que pretendía implementar el Gobierno de Duque, y los estallidos sociales generados por la indignación popular, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, un reconocido tecnócrata de corte neoliberal, presentó su renuncia, en un intento por apaciguar la efervescencia social que había originado los cambios introducidos a la ley.
Han resultado insuficientes estas acciones para detener las protestas en Colombia. Las movilizaciones populares exigen una economía más igualitaria, una reforma policial y una mejor implementación del proceso de paz; tres peticiones que tienen como problema la desconfianza que se ha generado entre el Gobierno de Duque y la población pobre de Colombia.

Es un proceso de deslegitimación de la acción de un Gobierno, que sufre una severa crisis institucional, en una ya mermada democracia. Ello se evidencia con la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad, para la imposición por la vía de la fuerza de un ajuste estructural neoliberal, sobre los más necesitados.

Bogotá zona de conflicto

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Desde el 28 de abril de 2021 y posteriormente, el 1, 5, 12, 15, 19 de mayo se han impulsado importantes movilizaciones en la capital del Colombia, miles de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes han expresado su rechazo al gobierno de Iván Duque y al proyecto económico y político que él representa. De esta manera, las geografías de la rebeldía y la esperanza se han erigido sobre las geografías de las ausencias y del miedo que, pretendían ser instaladas por las voces y las acciones autoritarias, militaristas y antidemocráticas.

La ocupación y acción sobre y desde el territorio asumió de esta manera un carácter: reactivo y afirmativo. Reactivo, en tanto se constituyó en un dispositivo disruptivo del tiempo, los espacios y las representaciones del orden capitalista colonial. Las empresas, los comercios, los centros financieros en toda la ciudad debieron parar y cerrar sus puertas. Las estatuas de genocidas conquistadores fueron derrumbadas como sucedió con la de Gonzalo Jiménez de Quesada a manos de los indígenas de la comunidad Misak en el centro de Bogotá. Las principales vías fueron bloqueadas (carrera 30, autopistas norte y sur, calle 26, avenida de las américas, carrera 7, la troncal de la Caracas, entre otras). Los espacios de mercantilización y privatización de infraestructuras básicas fueron atacados (portales de Transmilenio, bancos, entre otros). Los lugares geo- estratégicos para la movilización de mercancías fueron paralizados (rutas de salidas terrestres de mercancías). De esta manera, las gentes del común plasmaban sobre los muros y los espacios del poder la furia e indignación que los movilizaba.

Afirmativo, en tanto la ocupación del espacio posibilitó el encuentro y el despliegue de la capacidad creativa de los de abajo. Un encuentro que había sido negado por la pandemia y la gestión autoritaria y militarista del gobierno de Iván Duque. De este modo, en las avenidas se pintaron los nombres y el número de desaparecidos, en las fachadas de los edificios aparecen los rostros de los jóvenes asesinados por la fuerza pública en el marco de la protesta, en los muros de los barrios populares se plasmaba y se coreaba un canto por la vida. Se renombraron lugares, el portal de Transmilenio de las Américas ahora se conoce como Portal de la Resistencia. Todo esto expresa una lucha por el derecho a vivir dignamente y por la posibilidad de pensar y construir colectivamente otro mundo.

Cali zona cero de guerra

La razón por la cual Cali se convirtió en la ciudad donde el levantamiento social que comenzó el 28 de abril fue más explosivo, debe buscarse en el hecho de que es una ciudad que concentra tensiones sociales históricas, particularmente en lo relacionado con el tema del racismo estructural, tanto con la población afro que proviene del litoral Pacífico, como con la población indígena que habita en las regiones ubicadas al sur de esta urbe.

En el litoral Pacífico la pobreza es el común denominador, incluyendo a Buenaventura el segundo puerto más importante de América Latina. Por este puerto transita cerca del 75% del comercio exterior, de las importaciones y exportaciones marítimas que circulan en el país. A pesar de ello, la pobreza en la ciudad es enorme y la explotación laboral intensa; allí no se redistribuye riqueza sino se profundizan las desigualdades.

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La población en Buenaventura en su gran mayoría es de origen afroamericano y la pobreza supera el 90%. Una población sin acceso a la salud, la educación, agua potable, vivienda y condiciones mínimas alimentarias. Igual ocurre por todo el litoral pacífico y en los departamentos al sur de Cali, donde la pobreza rural es una constante.

Un punto clave para entender esta situación es la existencia del narcotráfico en la zona, pues al no existir presencia tangible del Estado como tampoco una articulación de la economía local con el mercado interno, la sobrevivencia de franjas amplias de la población queda confinada a la siembra de la coca . En Nariño el departamento ubicado en la frontera con Ecuador, se encuentran el 70% aproximado de los sembradíos de coca del país. Tumaco ubicado a unas tres horas aproximadas en transporte inter municipal de la ciudad capital del departamento de Nariño, Pasto, es otro puerto importante en el litoral pacífico por donde la salida de la coca es igualmente abundante. Esta expansión regional del cultivo de la coca se acompaña de otras variedades de prácticas de economía subterránea como la minería ilegal, el contrabando, la apropiación de dineros públicos, por lo que el control territorial ha quedado en manos de “crimen organizado” . El asesinato de líderes sociales que se oponen a este estado de cosas ha devenido en una práctica cotidiana. La asociación con la delincuencia internacional de quienes ejercen este control territorial ya está confirmada con la presencia del cartel de Sinaloa.

Unos de los puntos de los acuerdos de paz suscritos en la Habana en el 2016 entre el gobierno anterior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue el de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (coca y amapola). Esta sustitución voluntaria estaba asociada al compromiso estatal de acompañar con recursos presupuestales y con presencia institucional la construcción de carreteras, transporte en general, sistemas de regadíos, líneas de crédito a tasa preferencial, apertura de mercados alternativos entre otros aspectos. El gobierno actual no tan solo incumplió este aparte del acuerdo , sino que ahora anuncia la fumigación de plantaciones de coca con glifosato, lo cual cierra las posibilidades de desarrollar una economía alternativa basada en el cultivo de alimentos , así como la cría de animales para el consumo humano, y anuncia daños irreversibles en la salud de los campesinos y colonos, contaminación de aguas y destrucción de la biodiversidad.

Como los indígenas y campesinos en estas regiones, a pesar del abandono del gobierno, siguieron apostando por la sustitución voluntaria de cultivos, los narcotraficantes los asesinan. Cuatro días antes del inicio del paro en Cali, el narcotráfico había asesinado a la gobernadora indígena del Cabildo de Caldono, Liliana Peña Chocué, hecho ocurrido en Caldono-Departamento del Cauca un lugar muy cercano a Cali. Debe recordarse que las comunidades indígenas habitan en resguardos, territorios colectivos, reconocidos desde la Colonia, donde no existe la propiedad privada y tienen un reconocimiento constitucional para administrar justicia según sus tradiciones , lo que potencia sus formas organizativas autonómicas.

Esta tensión racista opera de manera recurrente en las periferias de la ciudad. No fue casual que en el inicio del paro nacional, en la madrugada del 28 de Abril una delegación de la etnia Misak derribara la estatua de Sebastián de Belálcazar el fundador de Cali, Popayán y Quito, colocada desde hace varias décadas en la parte alta de la ciudad. Fue una expresión de los oprimidos en contra de la dominación colonial y de las tradiciones racistas que aún perviven en las elites locales.

En lo referente a la población afro que alcanza a la mitad de los habitantes de Cali (es la segunda ciudad latinoamericana en número de afrodescendientes después de Bahía/Brasil) resultado de un desplazamiento continuado a causa de la violencia producida por el conflicto armado o por la ausencia de oportunidades para la subsistencia experimentan la marginalidad social de una ciudad racista; viven en zonas espacialmente diferenciadas de los barrios de capas medias y altas. Los conflictos sociales cercanos impactan en la ciudad. Hace cuatro años se produjo en Buenaventura un levantamiento popular que logró obtener compromisos de las autoridades nacionales y regionales en la solución de reivindicaciones mínimas de la comunidad que hasta el momento han sido incumplidos A lo anteriormente expuesto debemos añadir el fracaso del proyecto de parque industrial en Yumbo municipio cercano, programado desde mediados del siglo anterior en medio de las definiciones que llevaron a la implementación del modelo de “sustitución de importaciones”. La reestructuración neoliberal de la economía produjo el abandono de este proyecto con las consecuencias de desempleo e informalidad que la desindustrialización acarrea. La agroindustria azucarera soportada en el latifundio productivo pudo consolidarse a condición de desplazar a comunidades campesinas de antaño a Cali y las ciudades intermedias del departamento del Valle del Cauca aumentando la conflictividad social. El uso intensivo industrial del agua necesario para el cultivo de la caña conlleva conflictos con ls poblaciones cercanas despojadas de ese recurso básico.

En medio de la desindustrialización la ciudad fue tomada económicamente por el Clan mafioso de los Rodríguez lo que produjo una forma de acumulación asociada a negocios ilícitos y a la expansión del sistema financiero lo que transformó a una parte del empresariado y de los comerciantes locales. Una vez extraditados los Rodríguez subsistió una tradición de comportamiento criminal que ahora aparece con la presencia de grupos paramilitares que diariamente amenazan a los manifestantes.

Luego, la explosión social de Cali en medio de este levantamiento popular nacional combina la crisis del neoliberalismo periférico, la desigualdad, el racismo estructural. Quienes han tomado la iniciativa han sido jóvenes y adolescentes marginados, quienes no encuentran ninguna esperanza en esta sociedad excluyente. Carecen de alimentación adecuada, de salud y educación , Circulan desempleados por las calles de los barrios populares. Expresan la crisis de la universidad pública y la privatización de la enseñanza superior lo que les impide construir un proyecto de futuro. Un solo ejemplo, en la Universidad Nacional, la universidad pública más importante del país, solamente el 10% (7.000 de 70.000) de los adolescentes que aspiran a ingresar en cada semestre logran conseguir cupo.

Estos jóvenes y adolescentes hijos de los habitantes de los barrios populares han tenido que enfrentar la violencia desmedida del ESMAD y la policía organizándose en líneas de defensa con apoyos logísticos y brigadas de salud y con una gran legitimidad de la población. No tienen armas contrario a lo que pregonan los discursos oficiales. Se enfrentan con palos y piedras a una de las Fuerzas Armadas que desde la época del plan Colombia se convirtió en una de las más numerosas y mejor equipadas de la región. Un enfrentamiento asimétrico con una policía que utiliza armas largas, granadas y que llegó hasta practicar ataques aéreos incluyendo ametrallamientos desde helicópteros oficiales Un enfrentamiento asimétrico con policías vestidos de civiles que disparan a los cuerpos de los manifestantes.

Pero , a pesar de esta barbarie se mantienen en los puntos de resistencia, en las barricadas, en 22 puntos diferentes de la ciudad t con una dignidad a toda prueba. Recordándole a este capitalismo excluyente que tiene un déficit social enorme quienes acuden a la protesta.

Un aspecto que debe resaltarse. No creen en las instituciones, en el Congreso, en la democracia representativa incluyendo la oposición parlamentaria en las instituciones que supuestamente han sido definidas jurídicamente para defender a la ciudadanía. La experiencia de las generaciones anteriores y la que están adquiriendo en la protesta les confirma que están en contra de sus aspiraciones más elementales. Las coordinaciones y las discusiones que establecen para organizar la resistencia operan bajo el método de la democracia directa. “El que delega pierde” repiten, cuestionando la vacuidad de una democracia representativa atrapada en el clientelismo y en los “lobbys empresariales” . Anuncian una nueva forma de organización política de la sociedad ,la posibilidad de una nueva institucionalidad asamblearia que con este levantamiento popular ha empezado a emerger en las calles de “abajo hacia arriba”. Un camino esperanzador para encontrar una salida diferente al militarismo absurdo y a la cultura de muerte a la que nos ha condenado el fracaso del capitalismo periférico.

Medellín: siempre en el epicentro de la conflictividad

Medellín es una de las ciudades más importantes de Colombia; referente internacional, ha vivido una dura historia de guerra, en diversas etapas, del crecimiento y posicionamiento del narcotráfico como cultura y forma de vida, donde el paramilitarismo se fortaleció, creció y se expandió, es una ciudad que articula las diversas regiones no solo del Departamento de Antioquia, sino de departamentos circunvecinos y marca la agenda de país. Es la cuna de renombrados empresarios muchos de los cuales han sido sindicados de apoyar el paramilitarismo y tener vínculos con las mafias (Valencia Grajales, Insuasty Rodríguez, & Restrepo Marín, 2016), una clase empresarial que en algunos casos, ha hecho su riqueza gracias al despojo violento de tierras de campesinos, mucha de esta realidad ha salido a la luz pública (Fundación Forjando Futuros, 2020).

A la par, ha sido una ciudad laboratorio, donde se ha impuesto a la fuerza un control paramilitar violento de cada barrio y cada comuna (Insuasty Rodríguez, 2017), un proyecto neoliberal que ha dejado en la línea de pobreza y miseria a la mayoría de su población (Hylton , 2007). Transformaron así, a Medellín además, en un centro turístico para el divertimento, el consumo de drogas y la prostitución a todo nivel y lo llamaron prestación de servicios. Denigraron a toda la población, pero la vendieron como ciudad “resiliente” (Reyes, 2013)

Según los datos del censo 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, Medellín cuenta con una población de 2.427.129 habitantes (Dane, 2018) , de los cuales 1.255.526 (51.73%) a 2020, están en condición de pobreza monetaria y 346.340 (14.27%), es decir el 66% es pobre en la ciudad “más innovadora” (Dane, 2021).

Es esta la ciudad del control total y la cultura traqueta instaurada (Vega Cantor , 2014), la ciudad que votó el NO a la paz a mandado y que ha sido decisiva con su voto en la continuidad de un proyecto político de muerte. Pero en las calles eso empezó a cambiar. Medellín también se levanta y sacude de su historia, es un levantamiento que ya venía sucediendo desde el paro del 21 de noviembre (2019) y en plena pandemia (2020), ante la inoperancia y altivez del gobierno local y nacional. La ciudad se llenó de trapos rojos en las puertas y balcones, símbolo del hambre y se presentaron múltiples estallidos barriales y comunales, taponamientos de vías, exigiendo respuestas en plena pandemia.

El 28 de abril (2021) se gestó también un gran levantamiento en el marco del Paro Nacional, el cual ya lleva más de un mes y seguirá este proceso, que los jóvenes vienen liderando, empujando cambios necesarios y posibles.

Del 28 de abril al 21 de mayo según la Coordinación Colombia Europa Estado Unidos, en el marco de las movilizaciones en esta región (Antioquia) se registran: 2 asesinatos presuntamente por uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, 690 casos de privación de la libertad, 37 lesiones personales, 9 hurtos por parte de la fuerza pública, 16 amenazas, 1401 caso de agresiones, 231 personas dadas por desaparecidas (180 han aparecido con vida y 51 aún siguen siendo buscados), ataques y obstrucciones a la prensa, 3 casos de privación de la libertad a la prensa, 4 casos de agresiones contra misión médica, 1 caso privación de la libertad a misión médica, 20 casos de uso de arma de fuego por parte de la fuerza pública contar los manifestantes, 29 casos de uso indiscriminado de armas de letalidad, 25 agresiones discriminadas, 7 casos de presencia paramilitar, 3 casos de privación de la libertad a defensores de derechos humanos por parte de la fuerza pública, 2 hurtos a defensores de DDHH por la fuerza pública.

Las manifestaciones han sido artísticas, culturales, todos los días se han realizado movilizaciones masivas, plantones, círculos de la Palabra, debate y más recientemente Asambleas Populares debatiendo sobre asuntos esenciales de País. Se han reapropiado del territorio resignificándolo, bautizando zonas, como en Medellín el Parque de los Deseos que ahora es el Parque de la Resistencia; eso está pasando en todo el país.

El pueblo excluido, se ha hecho sentir, las manifestaciones han recibido el apoyo total de la población expectante no marchante, solidaridad con los manifestantes, apoyo con víveres, hidratación, insumos médicos para los heridos y la Atención Pre Hospitalaria (APH).

La consigna que emerge entre los deseos y las posibilidades: Que se vaya Uribe

Las multitudinarias movilizaciones populares que se han desbordado en toda Colombia durante el último mes, demuestran de manera explícita su repudio a la figura de Álvaro Uribe Vélez, el caudillo más influyente del Establecimiento durante las últimas décadas, quien en la actual coyuntura se enfrenta a índices de desaprobación que han alcanzado el 73%, y por supuesto el rechazo es al uribismo como corriente de vanguardia en el Bloque de poder del país.

Este fenómeno expresa un cambio de gran trascendencia, tanto en la subjetividad de la población, como en las relaciones de fuerza de la política nacional, ya que se está produciendo una variación de tendencia significativa en las narrativas y en los proyectos de Estado y de organización social de ese país. Estamos en presencia de la fractura simbólica de un factor de poder dominante de la escena política nacional (lógicamente esta fractura no está exenta de resistencias), de todo un cambio de época que implica además una crisis de hegemonía.

El pueblo colombiano posee plena conciencia de que, Uribe y su bloque constituyen el eslabón clave del proceso violencia estatal que, desencadenó en crímenes de guerra como las masivas ejecuciones extrajudiciales denominadas falsos positivos, las cuales, según un registro documentado por la Jurisdicción Especial de Paz, alcanzó 6402 víctimas entre 2002 y 2008, lapso comprendido en la gestión de dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe.

El uribismo también está asociado al fenómeno del paramilitarismo, el cual tuvo un papel preponderante en el despojo de tierras (en el país más desigual de América Latina en el acceso y usufructo a la tierra), y el desplazamiento forzoso de millones de personas. Hasta finales de 2019, Colombia registró el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de ocho millones según las estadísticas del Gobierno. La relación del poder estatal colombiano y de agentes del Estado profundo con el paramilitarismo y sus derivados más recientes está comprobada mediante sentencias firmes de las máximas instancias judiciales, y dicha relación ha sido un instrumento sustantivo en el proceso de exacerbación de la Doctrina Contrainsurgente implementada por el Bloque de Poder regente del Estado colombiano, como medio para sostenerse en posiciones de dominio de la sociedad.

El rechazo a la personificación de Uribe, así como a las fuerzas conservadoras aglutinadas en torno a él, incluidas las del gobierno de Iván Duque (percibido como un títere del caudillo) es la punta del iceberg de una carga histórica de descontento popular hacia un régimen social de injusticia y oprobio acentuado por medio del uribismo, signado por la marginación, la explotación y despojo, pero también por prácticas de represión y

criminalización de la protesta social que de facto instauraron (o más bien agudizaron) y normalizaron el terrorismo de Estado como forma de relación asimétrica y profundamente violenta con las múltiples y muy diversas voces subaleternas de la sociedad colombiana.

Violación de derechos humanos desde que se inició el Paro Nacional

Ricardo Villalba abogado de CAJAR destaca la ausencia de voluntad política del gobierno para avanzar en un diálogo franco y real con el Comité Nacional de Paro. Envía funcionarios a la mesa, se avanza y luego desconoce los acuerdos, mientras las fuerzas policiales siguen violando los derechos humanos.

La militarización urbana es un nuevo elemento de la realidad colombiana, con el agravante que se presentan junto a paramilitares, es decir junto a civiles armados para reprimir y asesinar a quienes se movilizan. Es una mezcla de paramilitarismo oficial (fuerzas de seguridad e inteligencia no uniformadas) con expresiones de paramilitarismo al margen de la institucionalidad, donde cuesta distinguir quienes son unos y quienes los otros.

Una exigencia del movimiento social movilizado ha sido la anulación del decreto 575 que militariza prácticamente a todo el país, así como la imposición de la militarización en territorios donde tienen sus propias autoridades electas (alcaldes y gobernadores). Esto crea un clima propicio para la continuación de la violación de derechos humanos fundamentales, especialmente la vida.

Durante las manifestaciones y jornadas de protestas realizadas en el marco del Paro Nacional convocado e iniciado el 28 de abril de 2021, se han generalizado de manera sistemática diversas prácticas de violación de los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública y del poder estatal colombiano en general.

De acuerdo con la ONG Temblores, hasta el 28 de mayo (al cumplirse un mes del Paro), se han registrado y documentado los siguientes eventos de vulneración de Derechos Humanos: 3405 casos de violencia policial; 1133 víctimas de violencia física desmedida; 43 homicidios; 1145 detenciones arbitrarias; 648 intervenciones violentas en el marco de manifestaciones pacíficas; 47 víctimas de agresiones oculares; 175 hechos de disparos de armas de fuego en contra de las protestas; 22 víctimas de violencia sexual; 6 víctimas de violencia basada en género.

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El conjunto de hechos violentos clasificado por la ONG, se producen en un contexto de violencia, ante el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la fuerza pública y ante ataques de civiles armados con la complicidad, la impunidad e incluso la cooperación de miembros de la fuerza pública. Asimismo, se ha normalizado el uso desproporcionado de la fuerza y la vulneración de los protocolos internacionales, así como los allanamientos sin orden judicial y encarcelamientos sin el debido proceso.

Mención particular merece el hecho de que la Fiscalía General de la República de ese país reconoce la presencia de un registro de 129 personas desaparecidas en el marco de las manifestaciones y protestas del Paro Nacional, lo que certifica la existencia de un fenómeno de violencia sistemática, y la situación se percibe de mayor gravedad, ya que una organización independiente como la Fundación Indepaz, asegura tener un listado de 346 personas reportadas como desaparecidas.

Lo más grave de este panorama de violación de los Derechos Humanos, es que en el discurso oficial del gobierno y en las narrativas de agentes del Estado profundo (como los gremios económicos y los medios de comunicación), se defienden estas prácticas (arraigadas en las instituciones de seguridad del país), mientras se criminalizan las víctimas y se promueve la impunidad. Además, se acentúa la tendencia de militarización del conflicto (fieles a la Doctrina Contrainsurgente) y de obstrucción de salidas negociadas el conflicto, y el gobierno ha negado y/o perseguido la observación internacional de la situación de los Derechos Humanos en el país, en un escenario en el que los órganos de control (Poder Legislativo, Fiscalía General de la República, Procuradoría, Defensoría del Pueblo) están descaradamente subordinados al bloque de poder que domina el Estado colombiano.

La democracia directa y horizontal nueva forma política de expresión de la organización social

Un tema novedoso en el actual conflicto social colombiano es el emerger del protagonismo y de los y las jóvenes y las formas de organización que asumen. En este conflicto han actuado por coordinaciones inter barriales, en los cuales los puntos de resistencia coordinan a varios barrios. Por ejemplo, Puerto resistencia, en Cali, coordina entre 10 y 15 barrios, Siloé otro tanto y así en el resto de territorios.

La mayoría de nuevos actores sociales juveniles no vienen de tradiciones políticas ni ideológicas, ni entraron a la resistencia por lecturas críticas como fue el caso de las generaciones precedentes. La indignación, la miseria, el desamparo, es lo que les impulsa a resistir. El punto de encuentro tenía más que ver con la actividad deportiva, lugares de escucha de música y baile, el trabajo comunitario.

Por inteligencia colectiva, estos y estás jóvenes se han venido organizando en filas de resistencia. La primera fila que defiende el territorio y choca con las bandas armadas delincuenciales y la policía, la segunda fila es la que facilita la alimentación y todos los elementos de subsistencia, la tercera fila son las brigadas médicas, cuarta fila una línea jurídica, esta última para enfrentar la judicialización. Es un cuerpo social de resistencia que toma forma de la barricada a la comunidad.

Emerge una nueva forma de democracia porque quienes conforman las distintas líneas de actuación son delegados electos en asambleas de barrios. El mayor temor que tienen los jóvenes es a las actuaciones de los escuadrones del SMAD quien han sido los principales responsables de los asesinatos en lo que va de paro, que solo en Cali son más de 60 muertos

Surge una identidad que se expresa en la toponimia. Por ejemplo, en Bogotá el Portal de las Américas que es un punto de congregación social se ha renombrado como Puerto Resistencia para conectarse con lo que está pasando en Cali.

Un elemento novedoso es el rechazo a toda forma de partido político, de representación política, de dinámica parlamentaria. Ello expresa la molestia con un Estado que les ha abandonado a la peor de las suertes. Intentan pensar un mundo solidario sin los viejos referentes de narrativas políticas. No tienen confianza alguna en la firma de acuerdos que son incumplidos de manera sistemática por el gobierno. La consigna es: ¡¡¡el que delega en el gobierno, los partidos o los parlamentarios pierde!!!.

A finales de mayo los manifestantes de Cali lograron un acuerdo con la alcaldía que les reconoce como sujetos políticos que no requieren otras instancias de mediación o representación para ser escuchados. Pareciera ser el despertar de una nueva conciencia democrática. Eso sí, democracia directa y espíritu constituyente originario.

Salidas no siempre coincidentes: elecciones anticipadas, gobierno de transición o proceso constituyente originario

El desenlace del conflicto actual estará determinado por la capacidad de alterar las correlaciones de fuerza, por parte de los agentes sociales protagonistas del Paro Nacional. El 28 de Abril, día en que comenzó la jornada cinco millones de personas aproximadamente desfilaron por las calles de 600 municipios, incluyendo zonas rurales y veredas. Un mes después y a pesar de la militarización brutal del establecimiento las movilizaciones continúan siendo importantes, lo que significa que la potencialidad de la lucha se mantiene y anuncia confrontaciones sociales mayores.

El Paro Nacional ya obtuvo algunos logros importantes (destitución de ministros, anulación de reforma tributaria y reforma de salud, concesiones parciales en el sistema educativo), lo que representa una demostración de fuerza del pueblo movilizado y un retroceso del gobierno (situación inédita al menos en las últimas cuatro décadas en el país). El escenario permite vislumbrar un conjunto de salidas:

a) El bloque de gobierno, las élites económicas están jugando al desgaste del Paro Nacional (combinando la criminalización y estigmatización de la protesta, la represión feroz para imponer el terror y una mesa de negociación estéril) para que el mismo no logré ningún objetivo transformador (bajo el entendido de que la demanda esencial del PN es la búsqueda de un cambio en el modelo de sociedad). Focalizan el ataque al paro en los bloqueos en campos y ciudades, tratando de revertir en la opinión la legitimidad que desde el inicio ha tenido este levantamiento popular.

b) Sectores del Centro Democrático el partido de gobierno (entre los que sobresale por su influencia Álvaro Uribe Vélez), están propugnando por una salida de fuerza hacia una forma de dictadura cívico –militar, mediante la aplicación del llamado “Estado de conmoción interior” (una especie de nuevo Estatuto de Seguridad ) que permita recuperar el control de la situación cerrando cualquier posibilidad de salida institucional,

c) En el amplio espectro de las fuerzas que convergen en el Paro Nacional existen algunas divergencias en torno a la salida del conflicto. La consigna más arraigada en la base social del PN es la renuncia del presidente de la república, y con ello el adelantamiento de las elecciones presidenciales pautadas para mediados de 2022. Algunas voces han levantado la consigna de un proceso constituyente, lo que aún no llega a convertirse en una reivindicación generalizada.

d) Se prevé un periodo de tensiones e inestabilidad en las relaciones de fuerza. Es probable que el bloque de gobierno logre preservar su posición sobre el poder ejecutivo. Sin embargo, la victoria estratégica del Paro Nacional de 2021, radica en un cambio cualitativo sin precedentes en las últimas décadas: materializar una rebelión social que tuvo la capacidad de integrar las luchas históricas de las comunidades campesinas y étnicas, con los amplios sectores del mundo urbano, precisamente el mundo en el que se concentra el poder.

e) Cabe subrayar que el tejido de esa alianza popular (en proceso de construcción), ha logrado poner en jaque político al Establecimiento; ha derrumbado el mito de que las expresiones de rebeldía y descontento eran controladas por grupos insurgentes; ha desbordado las capacidades de represión de la fuerza pública; ha puesto en evidencia el signo antidemocrático y cómplice de un régimen autoritario y violador de Derechos Humanos de la clase política, de las élites económicas y de las corporaciones de información; ha demostrado que el pueblo movilizado puede ser un interlocutor político relevante y con poder sobre el destino del país; y quizá la más importante, ha significado la emergencia de nuevos sujetos sociales (de carácter intergeneracional pero con un protagonismo tan sobresaliente como decisivo de la juventud), en cuyo mismo proceso de confrontación con el Establecimiento, se ha visto obligado a tejer capacidades orgánicas interesantes, que denotan un potencial revolucionario extraordinario, incluso para el futuro inmediato. Por último, le ha mostrado a la mayoría de la población que la institucionalidad estatal no les resuelve las necesidades más elementales y por el contrario actúa en contravía de sus justas reivindicaciones. Ha producido una fractura entre instituciones y protesta callejera.

Las asambleas populares que han empezado a realizarse en campos y ciudades expresan desde ya una forma de organización popular y de democracia directa que anuncian “salidas desde abajo” a la encrucijada militarista a la que nos ha condenado el capitalismo periférico en Colombia.

 Derechos de autor: Este trabajo se puede reproducir y citar libremente con la única condición de citar debidamente a los autores e institución y enviar una copia al Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación

Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación 

El Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación fue creado en el año 2015. Inicio sus actividades públicas con el lanzamiento el 1 de febrero de 2016 del portal Otras Voces en Educación, una base de datos en permanente construcción que capta en tiempo real las tendencias del cambio educativo.

El Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación es centro miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y a través de su proyecto Red Global/Glocal por la Calidad Educativa forma parte de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. El proyecto Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) ha desarrollado el Grupo de Contacto Internacional para trabajar con gremios y sindicatos docentes del mundo, así como colectivos e individualidades de pedagogías críticas y educaciones populares. Ahora CII-OVE desarrolla otra plataforma de encuentro y análisis: la red de análisis político regional

El Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII-OVE) forma parte de una alianza estratégica de movimientos sociales Latinoamericanos que realiza un programa abierto de formación en línea, disponible en el YouTube de Otras Voces en Educación.

CII-OVE cuenta con un equipo de investigadores(as) que trabajan las reformas, el cambio y las resistencias educativas en el siglo XXI

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© 2021. Caracas, Venezuela

Autores del Estudio:

Carolina Jiménez: Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora Nacional (Colombia) ante el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales (CLACSO).

Daniel Libreros: Doctor, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Integrante de la red eco socialista de Colombia. Escritor

Jorge Forero: Magister en Educación: mención enseñanza de la Geografía. Especialista en Estado, Gobierno y Democracia. Analista e investigador en temas de frontera (Colombia-Venezuela). Integrante del Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, instancia asociada a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Articulista del Portal Otras Voces en Educación

Martha Alfonso: Docente de profesión. Segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

Alfonso Insuasty Rodríguez: Candidato a Doctor en Cultura y Conocimiento en América Latina. Docente e investigador de la Universidad de San Buenaventura en la ciudad de Medellín e integrante del Grupo Kavilando, centro miembro del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales (CLACSO)

Carlos Munevar: Docente e integrante de la Asociación de Educadores (ADE), sindicato docente más importante de Bogotá. Integrante de la red de maestros La Roja.

Luis Bonilla-Molina (VEN) Doctor en Ciencias Pedagógicas con estudios postdoctorales en modelos y propuestas de evaluación de la calidad educativa y, pedagogías críticas. Premio Internacional de Justicia Social otorgado por el Proyecto Democrático Paulo Freire de la Universidad de Chapman, EEUU. Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Nelson Ortega (VEN) Magister en Planificación Global (VEN), Maestrante de Política Exterior (ESP), Ingeniero en Informática (VEN), Diplomado en Innovación Tecnológica (ESP) y Especialización en Zonas Económicas Especiales (CHN). Fue Viceministro de Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Investigador de CII-OVE en asuntos económicos y de la cuarta revolución industrial en la educación. Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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