En diálogo con la concejal Luz María Múnera Medina y el acompañamiento de la Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6, la Veeduriamcap, Luis Carlos Piedrahita Acevedo edil de la JAL Comuna Seis Doce de Octubre, el Grupo Kavilando, la investigadora Morgana Martins Krieger y algunos vecinos del Doce de Octubre y del barrio la Paralela que serán desplazados y afectados por las obras del Metro Cable Picacho. Entre las conclusiones del encuentro quedan:

La estructura de la ley posibilita una amplia y real protección a moradores, que podría asegurar una compensación justa ante el desplazamiento por la obra y la garantía de obtener una nueva vivienda digna que les permita “quedar mejor o igual de lo que estaban”. Sin embargo, la Administración se muestra reacia a brindar dichas garantías, lo que traslada el debate de los términos jurídicos de ley, al escenario político: ni la Alcaldía, ni el Isvimed como ente encargado de la gestión predial, tienen la voluntad política de proteger a los moradores afectados por la construcción del Metrocable Picacho.

Siguen presentándose anomalías, presiones y amenazas para la entrega de predios, bajo la intimidación de la expropiación y el pago de la vivienda al menor precio de su valor catastral.

Se denuncia que el Isvimed no ha permitido en algunos casos el acompañamiento de familiares e instituciones de apoyo para la firma de las notificaciones, en especial en casos donde adultos mayores asisten como propietarios o mejoratarios de los predios. La concejal advirtió que se logró que el Isvimed aceptara desde ayer mismo dicho acompañamiento.

Los plazos del desembolso por el pago de la vivienda impiden o dificultan que los vecinos desplazados encuentren nuevos predios, pues nadie quiere asumir costos por arriendos ni multas que el Isvimed no contempla, pues se dan hasta más de cuarenta días para hacer los dos pagos. Existen casos en otros procesos de desplazamiento por obra pública en Medellín, donde las familias han tenido que esperar hasta dos años por el segundo desembolso.

Se debe hacer una veeduría permanente que garantice que no haya afectaciones negativas a la comunidad como producto de la obra, tal como sucede en el barrio San Luis de Buenos Aires, donde las obras del Tranvía de Ayacucho dañaron toda una manzana que tuvo que ser desalojada ante el inminente riesgo de colapso. También se deben tratar los temas de espacio público, movilidad, empleo, entre otros.

Se denuncia que en el sector del Doce de Octubre se hizo el cerramiento del antiguo vivero y se dejó un espacio mínimo para el tránsito de personas y de vehículos. Esta imposición impide que niños y adultos mayores transiten con libertad por el sector, crea la sensación de encierro y no permitirá sacar las pertenencias de manera fácil ante el inminente trasteo.

Se deben establecer mecanismos de denuncia ciudadana ante todos estos hechos y continuar con la acción comunitaria, institucional y mediática, para garantizar el respeto de los derechos a los moradores, en esta y en las obras públicas que se adelantan en la ciudad, donde se afectarán miles de familias que tendrán que “ceder” de manera obligada sus viviendas para efectos de la renovación urbana.

El domingo 20 de mayo se realizará un taller para manifestar los procedimientos jurídicos a los que tienen derecho los moradores, ASÍ HAYAN ACEPTADO LA OFERTA DE COMPRA DEL INMUEBLE. Esto aplica también para los vecinos que permanecen en el territorio (previendo una futura afectación de la vivienda o de su calidad de vida). Se hará de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. en el CIBDO.

El sábado 26 de mayo en el recinto del Concejo se realizará un encuentro ciudadano, de los afectados por obras públicas en la ciudad. Los detalles se darán a conocer próximamente en la página www.kavilando.org

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El desarraigo llega en Metro Cable. Medellin.