Por: Equipo de investigación El barrio como rostro de ciudad
Como consecuencia de la construcción de este proyecto de transporte público, serán desalojadas más de 650 familias a lo largo del trazado de la obra
"La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados" Jean Paul
El 21 de julio de 2017 fue presentada de manera oficial la adjudicación de la construcción del Metrocable Picacho Línea P, la cual contará con cuatro estaciones: Acevedo, Intermedia 1 Sena de Pedregal, Intermedia 2 Doce de Octubre y El Progreso; que serán localizadas en las comunas 5 y 6 del Noroccidente de la ciudad. Se calculan múltiples beneficios para la zona, pero poco se dice sobre el desplazamiento y el desalojo que sufrirán algunos de los vecinos.
“¿Para qué necesitamos un Metro Cable? Nosotros no lo necesitamos, lo necesita el Metro para generarse más dinero, eso es lo único que yo veo”, dice Laura Tejada, habitante del sector afectado por la obra. “Lo que se debe mejorar es el transporte público de tantas rutas que tenemos en el barrio”, dice Beatriz Tejada, vecina del sector.
Es claro que bajo la Constitución Política de Colombia el uso del suelo está amparado bajo la defensa del interés común. Sin embargo, no es despreciable la cifra de más 200 afectados que tendrán que desplazarse del Doce de Octubre y de cerca de 1200 en el barrio La Paralela. De este modo el llamado interés general de la ciudad prima sobre el particular de más de un millar de personas y de allí nace la pregunta ¿Cuántos intereses particulares conforman un interés general?
Como consecuencia de la construcción de este proyecto de transporte público, serán desalojadas más de 650 familias a lo largo del trazado de la obra; familias que no han recibido información oportuna acerca de donde serán reubicadas o cuánto, cuándo y cómo serán compradas y demolidas sus viviendas. En ellas crece diariamente la intranquilidad, la incertidumbre y la zozobra de no saber qué va a pasar. Paradójicamente se sabe con exactitud dónde estarán ubicadas las estaciones y en su diseño se invirtieron gran cantidad de recursos, pero no pasa lo mismo con los futuros asentamientos de aquellos que han sido obligados a entregar sus viviendas, en beneficio de la obra.
Para estos moradores, la vivienda es más que la sumatoria de cuatro paredes y un techo, pues representa uno de sus patrimonios más preciados: la casa, erigida con esfuerzo colectivo y a la que se suma la construcción en convite de un entorno de vida, base sólida de lo que hoy es el barrio. A ello se le suma la articulación social y el arraigo de lazos fraternales forjados por más de 40 años de vida en comunidad.
Por todo lo anterior surge el proyecto de investigación El Barrio como rostro de ciudad, que busca reconocer y salvaguardar la memoria de las personas y familias que son obligadas a ceder sus casas y sus construcciones culturales en el barrio Doce de Octubre, en beneficio del “interés general” de la ciudad; además de servir de testimonio de un proceso de renovación urbana, que aún no considera relevante el papel de la edificación comunitaria y popular del territorio, como tampoco los lazos vecinales forjados por décadas, que se desarticulan y destruyen por el desarrollo de un proyecto de movilidad urbana, cuyas justificaciones inconsultas no son consecuentes con la realidad histórica del barrio. “Lo que más vamos a extrañar es a todos los vecinos. Llegar a un sector desconocido es muy duro, luego de construir la casita con tanto esfuerzo”, dicen Nelson Hernández y María del Carmen Hincapié, habitantes primigenios del sector.
Esta investigación nace de la necesidad de no olvidar y también de denunciar, que la obra pública en la ciudad de Medellín se ha convertido en el acicate de un nuevo desplazamiento urbano, ante el cual la Administración Municipal no genera soluciones, ni procesos de restitución digna de las condiciones de hábitat de las familias, que son obligadas a desplazarse del territorio construido en colectivo, para dar paso a grandes infraestructuras que se muestran como la certificación del avance de la ciudad, hacia una modernidad e innovación que se sustentan en la destrucción de los patrimonios y memorias físicas y políticas de las comunidades, la cuales a merced de su desplazamiento, no se benefician con las obras.
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