Víctimas del Desarrollo. El caso del municipio de Bello

Fuente: Foto tomada por Norela Mesa – Marcha en contra del desalojo de la Plaza de Mercado del Municipio de Bello.

Desde hace varios años el municipio de Bello ha estado inmerso en una serie de transformaciones urbanas producto del “boom inmobiliario” que trajo consigo la construcción de las estaciones del Metro Madera, Bello y Niquía. En esta última, por ejemplo, la incursión de la estación propició la construcción del Supermercado de Cadena Éxito en el año 2001 y en el año 2006 del Centro Comercial Puerta del Norte, operado por esta misma cadena; lo anterior aunado a la renovación del parque Tulio Ospina, desata una explosión de la oferta inmobiliaria.

La administración municipal, no ajena a los procesos de transformación y construcción de la ciudad, emprendió también, desde el área de planeación municipal, un proceso de renovación urbana, que más que centrarse en la protección y conservación del patrimonio público y cultural y en el mejoramiento de los componentes del sistema de espacio público, centró su atención en otorgar licencias por doquier, para la construcción de complejos residenciales, que entre otras cosas, ha afectado enormemente los procesos de valorización e impuesto predial de los habitantes tradicionales.

Según una noticia publicada el periódico El Tiempo (2014), el gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción y el alcalde para esa época, Carlos Muños López, se mofaban de promover a Bello como un territorio apto para construir proyectos inmobiliarios de alto costo y para altos estratos, frases como las siguientes dan cuenta de ello:

- “Bello acabó con el estigma de que no se podían hacer proyectos de estrato 4, 5 y 6. “Hoy se tienen y son exitosos” (párr. 4).

- “La nueva ciudad no piensa en viviendas baratas ni de interés social sino en las de alto rango. “Hace tres años solo teníamos casas estrato 1 y 2, pocas del 3 y 4” (párr. 5).

- “La renovación urbana estará acompañada de centros comerciales e inversión pública y privada, lo que valoriza la zona.” (párr. 10).

Con base en lo anterior, basta con analizar casos como la “Hacienda Niquía (Jaramillo Olano), que según el artículo 127 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, debía ser preservado por ser patrimonio ambiental del municipio, pero terminó subsumida en un “parque residencial”, pasando por alto que en este lugar, sitio de los asentamientos indígenas niquíes, se han encontrado varios vestigios prehispánicos, por lo que el tratamiento que debía dársele era de conservación.

Otro proyecto que según el POT se ejecutaría está relacionado con el subsistema de movilidad peatonal. Se trata de la “Red caminera - Avenida 38” que, dentro de sus intervenciones, tenía planteado construir un espacio de encuentro social para la ciudadanía – atrio-, y que estaría ubicado en el lote ubicado entre la iglesia “Ascensión del Señor” y el que antes fuera supermercado “Consumo”. Sin embargo, esto nunca se dio. Según los comentarios de los habitantes del sector, el lote fue vendido a un privado para la construcción de apartamentos.

Todo lo anterior sin contar con la criminalidad asociada a la oferta inmobiliaria
y que se ha denominado “La mafia del ladrillo”, la que ha generado diversas problemáticas, entre ellas que en el mismo sector coexisten diferentes niveles de estratificación, que haya una valorización excesiva impuesta por diversos actores, que como medida gubernamental se aumenten los valores prediales y que se produzca una especulación inmobiliaria, formal e informal, que deriva en disputas violentas por el control del suelo, provocando desalojos y desplazamiento de habitantes del municipio.

La joya de la corona, hoy por hoy, lo constituye el caso de la Plaza de Mercado.

El pasado 13 de noviembre, la fuerza pública entre ellos el ESMAD, efectuaron un operativo en el que, por orden del gobierno municipal, intentaron desalojar la plaza y adelantar el proceso de demolición, con el argumento de que la estructura y el cableado eléctrico presenta fallas. Sin cumplir con los protocolos ni el previo aviso a quienes estaban en este lugar - personas de la tercera edad, niños, trabajadores, comerciantes -, ingresaron a la 1:00a.m., atropello evidente que generó la airada reacción de la comunidad, provocando enfrentamientos y disturbios. Es importante señalar que los comerciantes de la plaza fueron tratados como criminales, vulnerando todos sus derechos, empezando por el debido proceso frente a desalojo y el derecho al trabajo.

Según la información proporcionada por el concejal Juan David Muñoz Quintero a la comunidad el 15 de noviembre, luego de la marcha organizada por los comerciantes afectados por el desalojo arbitrario a este sitio, este lugar ha estado en la mira no sólo de la administración municipal desde el año 2011, sino de constructores y privados que consideran el sitio estratégico para sus fines particulares.

El concejal puntualmente expuso cómo en el año 2011 un fallo judicial insta a la Alcaldía de Bello a intervenir la Plaza de Mercado con el fin de reparar las fallas en la estructura y una vez hecho esto, continuar con las actividades comerciales que allí se desarrollaban. Sin embargo, la administración municipal hizo caso omiso a este mandato. Posteriormente, en el año 2015, mandó realizar unos estudios cuyo resultado fue que la plaza se podía recuperar si se invertía aproximadamente $ 3.049 millones de pesos; pero la alcaldía no quiso porque ese espacio está proyectado para que los privados sigan construyendo edificios.

Con base en esos mismos estudios es que la Alcaldía ha formulado todo un argumento en el que insisten que la plaza es un riesgo para la vida de todos los que la habitan y por tanto debe ser demolida. Esto no es desconocido por la comunidad que reconoce que efectivamente la plaza requiere de intervención y mejoras que repotencialicen la estructura permitiendo a los comerciantes, que llevan una tradición de más de 80 años trabajando en este lugar, continuar con su labor. Empero, la administración, propietaria del lote, se niega a invertir los recursos que ello requiere, ordena el desalojo sin contar con una ruta de atención para todos los que quedan afectados por la disposición y no presenta ninguna alternativa de reubicación, además de que ni siquiera se ha efectuado el pago de compensaciones por los perjuicios que se ocasionan con la decisión.

Así pues, estamos frente a una clara privatización de lo público. Esa privatización de lo público también tiene otros efectos colaterales ya mencionados, como el aumento del valor del suelo, dinámica creciente en el municipio de Bello, que termina por desmejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes, y algo de gravedad, que es el detrimento y pérdida de lo patrimonial, que hace parte de la memoria e identidad de los habitantes de un territorio, en este caso la Plaza de Mercado, como símbolo de la cultura bellanita.

Vemos pues, una vez más, como la institucionalidad opera para salvaguardar los intereses particulares y se asocia con privados para que estos se apropien del espacio público, lo que genera una fragmentación socio-espacial que traduce en exclusión e inequidad y, en resumidas cuentas, genera víctimas del desarrollo.

Referencias

Alcaldía del Municipio de Bello. (2009). Revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial de Bello. Secretaría de Planeación. Obtenido de http://www.bello.gov.co/index.php/features/nuestros-planes/item/81-plan-de-ordenamiento-territorial-pot

El Tiempo. (2014). Bello sube el estrato de las viviendas y es exitoso en inversión. Obtenido de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14278536