Por: Colegio Nacional de Defensores Públicos
Mas de seis mil millones invierte el actual gobierno de Colombia en un proceso irregular de seleccion de Defensores Públicos
El colegio Nacional de Defensores Público de Colombia ha iniciado acciones tendientes a promover la defensa de los derechos de los Defensores Públicos frente a la entidad que constitucionalmente está encargada de velar, promocionar, proteger, defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones, al dar apertura a un proceso de selección argumentando que aspira a contar con profesionales que tengan la formación e idoneidad académica así como la experiencia requerida y las competencias asociadas al ejercicio de la defensa pública sin que constituya este proceso de selección, un concurso de mérito que genere derechos de carrera administrativa o vínculo laboral donde el Estado se va a gastar la suma de seis mil millones de pesos ($6.000.000.000) que desangran la entidad para de igual manera celebrar contratos de prestación de servicios que conforme a la Ley 80 de 1993, no se requiere para la contratación directa.
Este proceso de selección desconoce la trayectoria, la capacitación que la misma entidad y otras de renombre internacional han ofrecido a los defensores Públicos durante su vinculación con el sistema Nacional de Defensoría Pública y, el bue nombre así como el ejercicio profesional de los Defensores Públicos durante su vinculación con el Sistema Nacional de Defensoría Pública al catalogarlos, por sustracción de materia, no idóneos para la presentación judicial y/o extrajudicial de las personas que carecen de los recursos económicos suficientes y necesarios para contratar defensores particulares.
Cada año se ha visto reducido el número de Defensores Públicos y los programas implementados para el ejercicio de su función constitucional, lo que de alguna manera limita el ejercicio y defensa de los derechos de las personas menos favorecidas económicamente y más aún, de los confinados a la privación de la libertad.
Abusando del principio de confianza depositada en los entes estatales, por directriz de la entidad el 15 de diciembre último, los Defensores Públicos renunciamos a nuestros contratos que terminaban a 31 de diciembre, situación que provechó la entidad contratante a fin de ejercer artimañas jurídicas para no cumplir la decisión judicial que ordenaba que, a partir del primero de enero de 2019 debía categorizar a los Defensores Públicos como lo señalaba la Ley 941 de 2005.
Así, 14 días después abre el proceso de selección cuando ya estaban en ejercicio de un nuevo contrato suscrito el 16 de diciembre de 2018.
Convocamos a la solidaridad de la población colombiana, razón de ser de ¡LA DEFENSA DE LA DEFENSA PÚBLICA.
