Por: Semana Sostenible
En una carta enviada al Presidente Iván Duque, la entidad también solicita la creación de un registro nacional de zonas deforestadas e incendiadas para evitar su explotación agraria, ganadera o comercial ilegal.
La Amazonia colombiana continúa como principal víctima de la deforestación.
En las últimas tres décadas, Colombia ha perdido más de 6,7 millones de hectáreas de bosque por el accionar de la motosierra, una catástrofe ambiental equivalente a la desaparicigile de un área boscosa similar al tamaño del departamento de Antioquia que tiene en jaque al segundo territorio más biodiverso del planeta.
Las mafias deforestadoras, encargadas de tumbar y quemar bosque con el propósito de apoderarse de las tierras baldías para destinarlas en actividades como la ganadería extensiva, minería ilegal, cultivos ilegales o construcción de carreteras, ubican al territorio nacional entre los cinco países más deforestados a nivel mundial, listado que según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) lo complementan Brasil, Indonesia, República Democrática del Congo y Bolivia.
Ante la hecatombe causada por la deforestación, flagelo catalogado como la peor problemática ambiental en Colombia, la Procuraduría General de la Nación le planteó al Gobierno Nacional varias acciones para fortalecer la lucha contra la motosierra, una estrategia que no ha encontrado una fórmula eficiente para poner en cintura a los principales motores que se alimentan a diario de los territorios boscosos.
En una carta enviada al Presidente de la República Iván Duque, el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios Diego Fernando Trujillo, le solicita declarar la situación de emergencia ecológica y climática en el territorio nacional, con el fin de tomar medidas contundentes contra la deforestación y actividades conexas que degraden, deterioren o menoscaben los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad del país.
“En dicha declaratoria se debería establecer la necesidad de restaurar, proteger y conservar los ecosistemas hot spot colombianos, debido a su importancia en la funcionalidad ecológica que prestan. Resulta urgente proteger nuestros bosques y su biodiversidad, que son el pilar fundamental que sostiene el bienestar de una nación y su desarrollo: toda sociedad que socava su base ambiental y ecológica, tiende a desaparecer”, cita el documento.
Fortalecer el monitoreo
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) de Brasil, entre agosto de 2018 y julio de 2019 el país erradicó 976.200 hectáreas boscosas, la pérdida más alta registrada desde 2008. Esta semana, el Gobierno brasileño informó que la deforestación aumentó 51 por ciento durante el primer trimestre de 2020, al registrar una tala de bosque de 79.600 hectáreas.
En Colombia, las cifras oficiales de deforestación registradas en 2019 y de los primeros meses de este año, aún no son reveladas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Es más, la entidad solo ha publicado el panorama de alertas tempranas durante los tres primeros semestres del año pasado, es decir entre enero y septiembre.
Estos tres informes que aún no revelan cifras exactas, indican que la motosierra se ha concentrado en sitios como el Catatumbo, zona boscosa del departamento de Norte de Santander, los Montes de María en Bolívar, la Amazonia colombiana, la Sierra Nevada de Santa Marta y Chocó.
Para la Procuraduría, es necesario que el Gobierno cree un registro nacional de zonas deforestadas e incendiadas, para que no se permita su explotación agraria, ganadera y comercial con origen en actividades ilícitas, además de poner en marcha un espectro integral de monitoreo y seguimiento.
“Resulta necesario ampliar el foco de evaluación y análisis de la deforestación en el país, ya que esta no es únicamente un problema que está afectando a los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas. La devastación se extiende de igual forma en otros territorios como Antioquia, Norte de Santander, Santander, Nariño y Chocó, territorios complejos en los que se abren espacios paralelos a la minería ilegal y a los cultivos ilícitos”, informó Trujillo.
Ante el reciente incendio que afectó al Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, que en febrero arrasó aproximadamente 400 hectáreas de bosque nativo, la Procuraduría sugiere pensar en la implementación de acciones concretas para enfrentar este flagelo de forma efectiva e integral.
A su vez, la entidad le recomienda al Gobierno analizar y revisar exhaustivamente los impactos ecológicos derivados por la deforestación, como fragmentación y destrucción de hábitats, alteración en la conectividad del paisaje, disminución de la capacidad resiliente de los ecosistemas frente a los fuertes procesos de intervención, reducción regional y local en la abundancia y riqueza de especies de flora y fauna.
“También es necesario fortalecer los programas integrales de restauración ecológica. El diseño y aplicación de esta clase de programas se hace necesario en la medida en que permiten a los bosques retomar en el tiempo su función ecológica de anidadores de la diversidad biológica, facilitando la prestación de servicios ecosistémicos a las poblaciones humanas”, considera el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios.
Madera y comunidades
La Procuraduría considera que el Sistema de Movilización Legal de Madera (SUNL) presenta serias falencias e irregularidades, las cuales están siendo investigadas por la entidad en en 21 Corporaciones Autónomas Regionales del país.
“Se ha requerido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que tomen las medidas necesarias para que el país cuente con un SUNL integral, eficiente y eficaz”, indica la carta enviada a Duque.
Los actores locales, como comunidades rurales y étnicas, deben ser incluidos en la lucha contra la deforestación. Según la Procuraduría, son claves en el momento de emprender acciones conjuntas.
“Su principal función consistiría en servir como facilitadores en la lucha contra la deforestación y la degradación ambiental, y podrían ser vinculados al proceso a través de las carteras de Ambiente, Agricultura y Defensa”.
Asimismo, la entidad indica que los territorios de estas comunidades podrían ser objeto de inclusión social campesina a través de proyectos eficaces de pago por servicios ambientales, “que propendan por la conservación ambiental y la garantía del sustento económico de las comunidades, generando así un mayor equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo local”.
En cuanto al Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (CONALDEF), una actuación articulada, coordinada y unificada del Estado, la Procuraduría le solicita al Gobierno considerar la posibilidad de poder acompañar los diferentes operativos realizados en campo, en ejercicio de la función preventiva.
Por último, la entidad indica que para lograr el desarrollo de una estrategia conjunta contra la deforestación es necesario aplicar al Acuerdo de Escazú, en especial en lo relacionado con la implementación del principio de democracia ambiental.
“Esto abre amplias posibilidades para cerrar la puerta a la agresión indiscriminada contra los recursos naturales, el comercio ilegal de madera y minerales (en especial el oro), a través del acceso idóneo a la información, el derecho a la participación y a la justicia en asuntos ambientales; si estos son aplicados con decidida coherencia por parte del Estado”.
