Medellín, cambio extremo*

El presente ensayo aborda el cambio extremo de la ciudad analizando la evolución de los llamados combos, milicias de izquierda y paramilitares durante la transición de una economía industrial a una de finanzas, seguros y bienes raíces fuertemente arraigada en la producción y exportación de cocaína. Entender el presente como historia es el objetivo final de este trabajo.

Frente a una serie de éxitos de la izquierda en la región andina, con la elec- ción de populistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, la derecha aún tiene un triunfo espectacular del que puede ufanarse: Medellín. La ciudad más conservadora del país más conservador del continente ha venido experimen- tando en la última década un boom sensacional. El índice de construcción de edificios sobrepasa los de Los Ángeles y Nueva York combinados.

Desde el año 2002, la profusión de torres de apartamentos, hoteles de lujo, supermercados y centros comerciales quita el aliento. Las mayores corporaciones del país, y más de setenta firmas extranjeras tales como Phillip Morris, Kimberly Clark, Levi Strauss, Renault, Toyota y Mitsubishi, tienen en Medellín sus sedes principales.En 2005, se inauguró un centro de convenciones y exposiciones de cerca de tres mil metros cuadrados, en el que se vienen celebrando anualmente más de una docena de eventos internacionales que han reportado más de 100 millones de dólares en inversiones y negocios. La industria local de la moda sólo es inferior en tamaño y volumen a la de São Paulo, la más grande del continente, mientras el sector salud sigue a la vanguardia en América Latina en lo rela- cionado a trasplantes de órganos, investigación sobre VIH-SIDA y cáncer. Un parque-museo en el corazón del centro de la ciudad, donde antes operaba un mercado y una zona de tolerancia, ahora aloja las obras del renombrado pintor y escultor Fernando Botero, constituyéndose en una vasta exposición perma- nente y al aire libre del artista de fama mundial.

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En 2005, la televisión colombiana emitió una versión local del programa estadounidense «Extreme Makeover» [Cambio Extremo], en el que los participantes se sometían al bisturí del cirujano plástico para reaparecer con un aspecto radicalmente nuevo. Es como si el programa reprodujera la transformación que la ciudad estaba sufriendo en ese mismo momento. Saturada de medios de comunicación, preocupada por su imagen en el exte- rior, dominada por estrategias de relaciones públicas e inundada de vallas publicitarias, en Medellín resulta imposible eludir el mensaje que la ciudad está mejorando a velocidades vertiginosas, el cual es proyectado por portavoces de todas las tendencias. Con la conso- lidación de un pacto de facto entre las fuerzas narco-paramilitares de derecha y el gobierno municipal de centro izquierda a mediados de la década, Medellín ha sufrido una serie de operaciones cosméticas tan drásticas como las de los participantes de «Cambio Extre- mo». Durante la década de los 1980s, la ciudad llegó a ser conocida mundialmente como cuartel general del Cartel de Medellín, cuya cabeza visible era Pablo Escobar. Como tal, la ciudad lideró por años los índices mundiales de homicidios. Entre 1990 y 2002 fueron asesinadas 55 mil personas, principalmente hombres jóvenes. La velocidad del cambio ha sido tal que unos cuantos años después, 2005, la tasa de homicidios se había reduci- do seis veces llegando a ser más baja que las de Detroit, Baltimore o Washington1. Como broche de oro, un año después, 2006, uno de sus políticos locales más avezados, Álvaro Uribe Vélez, obtuvo un segundo mandato en las elecciones presidenciales, no sin antes lograr que se aprobara de manera fraudulenta una polémica reforma constitucional.

Este ensayo es un intento por entender la naturaleza de la transformación que ha dado lugar a la nueva apariencia de Medellín analizando de manera conjunta la evolución de las bandas delincuenciales de jóvenes en los barrios marginados, el negocio de la cocaína, las milicias de izquierda y los grupos paramilitares durante la transición de una economía industrial a una de servicios.

Del oro al café

El papel de Medellín como capital de la reacción en América Latina –y fuerza motriz de la política de Uribe Vélez– sólo se puede entender con relación a su lugar tradicional en la historia del país. Sus peculiaridades actuales reflejan pautas de formación regional, de clase y raciales heredadas de los últimos dos siglos. Ubicada en un amplio valle an- dino en el centro del departamento ganadero y cafetero de Antioquia, con cadenas de montañas al este y al oeste, en Medellín confluían vertientes profundamente conserva- doras de la Iglesia católica. Fundada en torno a la minería del oro en el año de 1675, la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín se convirtió en capital comercial regional a finales del siglo XVIII gracias a que sus comerciantes combinaban exportación de oro extraído por esclavos de los ríos y algunas minas con importación de productos manufacturados a bajos precios desde España. Durante la década de los 1880s, la región se convirtió en centro del boom cafetero que vinculó más estrechamente a Medellín con su entorno rural y finalmente dió origen a la region cafetera del país. Los banqueros de la ciudad controlaban el crédito, establecían los precios y administraban la distribución y el transporte de las cosechas del grano, mientras que pequeños cultivadores colonizaban las laderas de la cordillera occidental. Estos paisas –el nombre que se dan a sí mismos los agricultores de Antioquia y la region cafatera, el cual es un vocablo de la palabra “pai- sano”– estaban unidos por una tenaz ideología regional basada en un conservadurismo católico, una ética del trabajo duro y rasgos físicos blanco/mestizos, los cuales los distin- guían de otros grupos vecinos, considerados por ellos como flojos e indisciplinados, tales como indígenas y afrocolombianos al sur de la misma cordillera2.

Las quiebras bancarias de fin de siglo llevaron a los comerciantes antioqueños a diver- sificar sus negocios y pasar del monocultivo del grano, tan vulnerable a los colapsos de precios en el mercado internacional, a la industria ligera. Desde un principio la industria- lización en Medellín se desarrolló a partir de iniciativas empresariales y capitales locales, más que como consecuencia de la inversión extranjera o de las licencias de compañías estadounidense, como en otras partes del continente. A principios del siglo XX, Antio- quía–que salió prácticamente indemne de la Guerra de los Mil Días (1899-1902)– se había convertido en el centro de la vida económica nacional y Medellín en un importante núcleo de inversión, especulación y acumulación de capital. El boom del café, junto con el rápi- do crecimiento industrial, alentó la expansión urbana. La población de Medellín se duplicó llegando a los 100.000 habitantes en las dos primeras décadas del siglo XX. La organi- zación y ocupación del espacio urbano se alteró de forma espectacular en la medida en la que las élites paisas adoptaron de manera consciente una ideología modernizadora.

La planificación urbana se institucionalizó en 1899 –treinta años antes de que se consti- tuyera la Asociación de Planificación Regional de la Ciudad de Nueva York– mediante la Sociedad de Mejoras Públicas promovida por hombres de negocios de la ciudad. La SMP estableció contratos municipales para la construcción de parques, carreteras y ba- rriadas, y organizó la pavimentación del cañón de la quebrada Santa Elena. Ya en 1889 se le había agregado una escuela de ingeniería a la primera universidad de la ciudad, fundada en 1871; en 1897 se había construído una central eléctrica y en 1898 se había instalado el alumbrado publico. Para 1911 Medellín ya contaba con un matadero regulado, en 1913 tenía un sistema de tratamiento de aguas residuales y en 1919 estaba equipada con tranvías3.

El corporativismo católico

Pese a estas intervenciones, el factor decisivo para el desarrollo de Medellín fue el des- punte de su industria textil. Don Emilio Restrepo fundó la primera fábrica de hilado de algodón de la región en 1905, convirtiendo el pueblo aledaña de Bello en un barrio indus- trial periférico de Medellín. La mano de obra inicial consistía principalmente en mujeres jóvenes de las zonas rurales circundantes. Las fábricas textiles ofrecían empleo «res- petable» bajo la protección patriarcal de empresas familiares y de la Iglesia católica. Los jesuitas—siguiendo la Rerum Novarum de León XIII—ejercieron una importante influencia sobre la primera generación de esta clase obrera en formación, que disfrutaba de salarios relativamente altos, prestaciones sociales y legislación laboral. Al mismo tiempo, la migra- ción desde los municipios cafeteros del sur y el sureste de Antioquia fue un elemento clave para la formación de la cultura política de Medellín, aportando una pauta de clientelismo paternalista al nuevo tejido industrial.

Los industriales de la ciudad, encabezados por las familias Restrepo y Echeverría, ejer- cían autoridad de manera personalizada, reproduciendo formas de dominación propias del servicio doméstico. La Acción Social Católica influyó sobre la gestión del imperio empresa- rial de Don Jorge Echeverría—cuyas dos principales empresas eran Coltejer (fundada en 1907) y Fabricato (1923)—insistiendo en la «obediencia y lealtad personal absoluta» para configurar pautas de conducta obrera basadas en los lazos personales con los patrones y en la ejecución eficiente de sus órdenes. La élite y la clase media católica adoptaron una ideología de caridad privada y buenas obras, como parte de las obligaciones de los patronos hacia los trabajadores. Cuando éstos se organizaban de modo autónomo, tal como en la oleada de huelgas encabezada por los comunistas a mediados de la década de los 1930s, eran aplastados sin piedad.

La expansión de la ciudad fue gestionada en gran medida desde la Sociedad de Mejoras Públicas, institución que regulaba el espacio urbano prohibiendo, por ejemplo, el trans- porte mediante recuas de mulas a fin de dar paso a los tranvías, automóviles y bicicletas. Mulas, burros y ganado en general fueron gradualmente desterrados de la ciudad. La SMP supervisó la construcción de barrios para las clases media y obrera, demoliendo partes históricas a fin de abrirle espacio a los nuevos edificios y bloques de oficinas. La SMP también presionó a los terratenientes para convertir áreas rurales circundantes en extensiones de l tejido urbano. Durante las décadas de los 1920s y 1930s, la SMP lideró la renovación del Paseo de la Playa, en el centro de la ciudad, con el objetivo de facilitar la circulación de tranvías y automóviles que trasladaban a obreros y profesionales de clase media desde sus barrios periféricos hasta las fábricas y oficinas. Entre 1904 y 1920, el régimen de desarrollo regional de Antioquia, basado en la industrialización, las redes de transporte y comunicaciones y la permanente reestructuración urbana de Medellín, sirvió como modelo para el resto del país justo en el momento en el que las élites estata- les decidieron transformar su influencia económica en ventajas políticas nacionales. La burguesía cafetera invirtió en la banca, la industria y la propiedad inmobiliaria, convirtién- dose en expertos especuladores.

La industrialización mediante sustitución de importaciones y producción para el mercado nacional fueron los cimientos de ese sistema durante el period de posguerra. La industria ligera—refrescos, textiles (lana y algodón), alimentos, dulces, cigarrillos, productos de café—fue protegida de la competencia por altos aranceles para los artículos importados, subvencionada por generosos préstamos del gobierno y créditos favorables, además de beneficiarse del desarrollo en infraestructura. La inversión en la industria se coordinó con la política económica del Estado, especialmente desde mediados de la década de 1940, hacienda de la fabricación de tejidos de algodón con sede en Medellín «la joya de la coro- na» de la modernización nacional4. Los dirigentes de la ciudad impulsaron activamente la seguían proviniendo de las zonas cafeteras del centro y suroeste de Antioquia, donde «La Violencia» era menos intense. Los partidarios del liberalismo no necesariamente perdían su empleo. La élite de Medellín, dirigida por los Echeverría y la ANDI, fomentó delibera- damente una imagen de la ciudad como «oasis» pacífico de productividad capitalista, que beneficiaba a la nación, lo cual era un logro de la responsabilidad social de sus em- presarios industriales. Años después, éstos respaldaron plenamente el acuerdo conocido como Frente Nacional firmado en 1957, por el que los dos partidos en pugna, el Liberal y Conservador, se comprometían a turnarse en el poder.

Pero los límites del modelo antioqueño eran evidentes. Cada sector—textil, cigarrillos, cerveza, chocolate—seguía sometido al monopolio de una sola familia, y la industria nunca pasó de la producción de bienes de consumo ligeros a la de bienes pesados y maquinaria. La inversión de capital dependía en último término de los beneficios del café, los cuales eran reciclados como subvenciones para la industria por medio de un fondo estatal de desarrollo nacional. El esperado efecto goteo, que debía filtrar la riqueza hacia abajo para convertir a los trabajadores en consumidores, era muy restringido, traspasando apenas las capas superiores de empleados textiles. Con la caída de los precios del café durante las décadas de los 1960s y 1970s, y el surgimiento de las economías de Asia oriental—Taiwán y Hong Kong—como competidores imbatibles de ropa barata y artículos de consumo, los días de Medellín como paraíso capitalista estaban contados.

La subdivisión de las parcelas agrícolas entre una generación a otra combinada con el aumento de la población y el largo declive del precio del café, se sumaron para empeorar la pobreza en el campo. El número de inmigrantes que llegaban a la ciudad en busca de empleo se incrementó notablemente desde mediados de la década de los 1960s. En las verdes riberas a ambos lados del río Medellín, especialmente en el valle septentrional de Aburrá, comenzaron a proliferar laberintos de tugurios construidos a mano con ladrillo barato, madera, latón, bloques de hormigón o bareque, interconectados por empinadas escaleras. La expansión de estos barrios de invasión fue la consecuencia inevitable del obstinado rechazo de la élite paisa a cualquier modelo de reforma agraria. Al cabo de unas décadas esas villas miseria de rápido crecimiento comenzaron a alojar a la mitad de la población de la ciudad, unos 2,2 millones de habitantes. Los escasos recursos del Estado eran canalizados a través de comités barriales denominados Juntas de Acción Comunal; sin embargo, los desalojos y destrucción de los nuevos asentamientos a cargo de la poli- cía y unidades del ejército, no hacía sino evidenciar la crisis de autoridad en las fronteras urbanas.

Entretanto, mientras el empleo industrial se estancaba, un sector creciente de jóvenes urbanos de clase media baja y obrera afrontaba un futuro sin empleo. El sistema pú- blico universitario había contribuido a producir una nueva capa de clase media con educación superior pero carente de cualquier perspectiva de seguridad profesional8. Las esperanzas de ascenso social, vivienda propia, educación, sanidad y beneficios labora- les generadas por la economía industrial de las primeras décadas de la posguerra, se esfumaron para las generaciones posteriores a la crisis del modelo antioqueño. Durante la década de los 1970s, cuando los habitantes de los nuevos barrios de invasión se or- ganizaron para exigir servicios públicos, un proletariado joven y desempleado comenzó a aportar un matiz insurgente a dichas movilizaciones. Las guerrillas rurales, remanentes de una izquierda marginada pero resistente y muy enraizada, constituyeron a partir de los 1950s un rasgo permanente del panorama político colombiano. A mediados de los sesen- ta, estas guerrillas dieron lugar formalmente a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), al ELN (Ejército de Liberación Nacional), a al EPL (Ejército Popular de Li- beración). Para finales de los 1970s, una izquierda urbana amplia comenzó a emerger a medida que las redes obreras, estudiantiles y guerrilleras convergían. La represión que el Estado descargó sobre todas estas organizaciones fue brutal, dejando miles de sindi- calistas y líderes comunales de izquierda detenidos, heridos o asesinados. Los acuerdos del Frente Nacional excluían de la representación política official a las fuerzas de izquierda, lo que contribuyó a que para el año 1970 la participación electoral cayera en un 20% y la protesta popular cobrara cada vez más la forma de una insurrección radical destinada a derrocar el fracasado modelo social del Frente.

El ascenso del narcocapital

Entre las fuerzas más dinámicas que compitieron por sustituir el modelo en crisis estaba la «clase ascendente» de traficantes y empresarios dedicados a la importación y exportación de artículos de contrabando, como ropa, cigarillos y licores, desde la zona libre del Ca- nal de Panamá. Durante las dos décadas siguientes, dicho negocio comenzó a mostrarse como alternativa lucrativa a la producción nacional y medio efectivo de blanqueamiento de dinero. Pablo Escobar, hijo de un campesino y una maestra de escuela, criado en Envigado, comenzó en estas actividades desde muy temprana edad, en calidad de ase- sino a sueldo de las bandas rivales que competían por el negocio de los cigarrillos de contrabando a principios de la década de los 1970s en lo que llegó a conocerse como las «guerras del Marlboro». Esos grupos dieron lugar a las diversas redes entrelazadas de comercio de cocaína dedicadas a la compra, procesamiento, crédito y transporte, las cuales acabarían conformando el Cartel de Medellí, un consorcio cuyos tentáculos iban desde la región cafetera hasta las fronteras tropicales del este de Antioquia y la costa caribe al norte del país9. Juntos contribuyeron a financiar proyectos de infraestructura, como construcción de carreteras y aeropuertos, para facilitar el desarrollo del nuevo sector económico.

Los gustos ostentosos y la violencia desorbitada de esta clase emergente de nuevos ricos representaban un contraste dramático con la santurronería, conservadurismo y austeridad de los oligarcas tradicionales de Medellín. Inicialmente, de las familias dominantes de la ciudad, solo los Ochoa, liderados por el patriarca Fabio Ochoa Restrepo, se atrevieron a cruzar la línea hacia el nuevo capital. La compra de terrenos era el método preferido para blanquear las montañas de narcodólares. Los nuevos empresarios de la cocaína se hicieron a grandes predios en las tierras bajas tropicales del norte de Antioquia y del Magdalena medio llenándolas de ganado en tierras desvalorizadas, mientras que los criadores locales huyeran de las zonas ante las amenazas de secuestro y extorsión por parte de las FARC. El padre del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra, pariente pobre de los Ochoa, fue un intermediario clave en esas transacciones y pronto se convirtió él también en un importante propietario y ganadero. En la medida en la que el dinero de la cocaína alimentaba la burbuja inmobiliaria y de construcción, el capital local, liberado del desarrollo industrial en declive, pudo ser invertido en negocios más lucrativos, y por este medio la influencia económica y política del cartel se vio reforzada en su alianza con la vieja oligarquía.

Los nuevos magnates del narcotráfico, acostumbrados a llegar en helicóptero a sus nuevos dominios, se convirtieron en objetivos de secuestros y extorsiones por parte de las células guerrilleras locales. Armaron escuadrones de la muerte y ejércitos privados en defensa de sus propiedades y empresas, a la vez que reclamaban una política de contrainsurgencia más dura por parte del Estado. En 1981, Escobar y otros traficantes se aliaron a oficiales del ejército, la policía y jefes de partido políticos para organizar MAS (Muerte a Secues- tradores). También dirigieron sus asesinos a sueldo contra los seguidores de las FARC y otras organizaciones de izquierda en el propio Medellín, hundiendo a la ciudad entera en una espiral de violencia. La nueva elite del narcotráfico acabó imponiendo su propia so- lución a la crisis social de Medellín, a un precio terriblemente alto. El narcocapital sirvió de puente para pasar del modelo industrial a la reconversión de la «Nueva Economía» basada enfinanzas, bienes raíces y servicios, y en el camino el propio Escobar fue sacrificado.

El ascenso de los empresarios ilegales a los puestos de mayor influencia política en Mede- llín—y en el conjunto del país—no estuvo excento de oposición. El despunte de la carrera del ex presidente Uribe sirven de claro ejemplo. Aunque él se jacta de haber obtenido en 1993 un título de Gestión y Administración en Harvard, en 1970, a sus dieciocho años, se graduó como bachiller del Instituto Jorge Robledo de Medellín gracas a una «exención especial» que le concedieron para no tener que presentar los exámenes finales para ob- tener el título. Mientras los ingresos de su padre se multiplicaban gracias a la com- praventa de terrenos, Uribe Vélez escalaba rápidamente en la jerarquía de la autoridad municipal. En 1976, a la edad de veinticuatro años, fue nombrado director de la oficina inmobiliaria del Departamento de Obras Públicas. Tras breves períodos en el Ministerio de Trabajo y en la Aeronáutica Civil—donde estaba a cargo de la concesión de licencias de piloto y pistas de aterrizaje, función que le permitió ayudar a Escobar y sus aliados a amar las flotas de aviones con los que realizaban sus operaciones—en 1982 fue elegido alcalde de Medellín, a cambio de la contribución que su padre realizó a la campaña presidencial de Belisario Betancur. Pese a su vertiginoso ascenso político, Uribe Vélez no consiguió hacerse aceptar por todos los “caciques” tradicionales de Antioquia. Al cabo de cinco meses, Uribe fue destituido como alcalde por el presidente Betancur, tras haber sido acusado de participar en una cumbre de narcotraficantes del Cartel de Medellín.

Ese mismo año, 1982, después de haber ganado muchos enemigos con su actitud po- pulista, Escobar era expulsado del Partido Liberal gracias a las denuncias que un sector de esta colectividad comenzó a hacer públicas en contra de la influencia de los nar- cotraficantes en la política. Muchos respaldaban la demanda de extradición presentada contra él por la DEA. Los escuadrones de muerte de Escobar respondieron con bombas y asesinatos selectivos de aquellos que pedían su extradición: periodistas, profesores universitarios y activistas de derechos humanos. Bajo su influencia, la involución de los barrios obreros de Medellín dio un giro inesperado: el crimen organizado ligado a la producción y distribución de narcóticos comenzó a ofrecer empleo en abundancia a los jóvenes proletarios sin perspectivas de educación o de trabajo asalariado, ofreciéndoles oportunidades nunca antes vistas de ascenso social a través de una versión actualizada de los valores tradicionales del corporativismo católico.

Las bandas locales implicadas en el robo de automóviles, tráfico de drogas y extor- sión—Los Priscos en Aranjuez, La Ramada en Bello, los de La Quika en Castilla—se integraron a las redes de Pablo Escobar y al Cartel de Medellín. Éste, al poner a trabajar en masa a los jóvenes delincuentes, contribuyó enormemente a la especialización y pro- fesionalización de las bandas, lo que quizá fue su legado más duradero. Aunque desde la década de los 1960s había bandas en la ciudad, sus actividades nunca habían afec- tado directamente la vida cotidiana. Ahora, como nunca antes, éstas obstaculizaban los procesos de auto-organización comunal en torno a cuestiones de vivienda, saneamiento, educación y empleo, haciendo casi invivibles muchos de los barrios periféricos. Ante esta nueva constelación de poderes locales, la participación ciudadana se redujo al patronaz- go, para quienes podían permitírselo, sufrimiento y temor para el resto.

Ejércitos de izquierda

En un desarrollo paralelo, a mediados de los 1980s las milicias populares comienzan a florecer en distintos barrios, inicialmente bajo la supervisión de activistas de izquierda y antiguos dirigentes guerrilleros. Bajo una perspectiva insurreccional, estas milicias preten- dían erradicar de sus barrios las bandas criminales a fuerza de armas e instituir su propio modelo de autogobierno. En 1985, los inmigrantes asentados en las comunas del noro- riente organizaron una milicia de autodefensa con ayuda de ex guerrilleros y militantes del M-19. Conocida como Los Capuchos, este ejemplo primigenio fue rápidamente imitado en otros barrios cercanos.

Las negociaciones con la guerrilla a nivel nacional iniciadas por el gobierno de Belisario Betancur a principios de los 1980s, permitieron el establecimiento de «campamentos de paz», zonas seguras que desempeñaron un papel importante en la educación y el entrenamiento de los miembros de las milicias populares. A partir de las bandas juveniles preexistentes, de estructura flexible y configuración cambiante, el ELN, en el sector nororiental de la ciudad, y las FARC en la comuna 13 y otros distritos al occi- dente, emprendieron su reestructuración con vista a la insurgencia armada10. Antes que el Estado interviniera contra ellas, las milicias populares consiguieron derrotar a las bandas criminales de pequeño y medio tamaño, dedicándose, al menos en teoría, a fortalecer el poder de las comunidades. Sus actividades incluían proyectos de mejora, limpieza, pa- vimentación, pintura, deportes y recreación, así como patrullas nocturnas y resolución de disputas domésticas y vecinales.

En esta misma época, mediados de los 1980s, también se formó una nueva alianza de la izquierda amplia bajo el paraguas de un nuevo partido político, la Unión Patriótica, un proyecto conjunto de las FARC y el Partido Comunista Colombiano que durante un tiem- po sirvió como centro de encuentro para los radicales urbanos de todas las tendencias ideológicas. Aunque en Medellín la UP no fue tan fuerte como en otros lugares, ésta despertó la esperanza de una resistencia coordinada contra la vieja oligarquía y la nueva clase gansteril. Sin embargo, en tanto partido político abierto al escrutinio público, la UP exponía la identidad de sus seguidores a la violenta y clandestina represión de la derecha. En Antioquia, como en otros lugares, fueron asesinados estudiantes, profesores, periodistas, abogados y especialmente sindicalistas y activistas campesinos que hacían parte de la alianza. La UP fue destruida no como consecuencia de sus deficiencias internas, por más reales que éstas hayan sido, sino porque no pudo resistir el prolongado terror que la derecha dirigió contra sus estructuras.

El resultado inmediato de esta represión fue un fortalecimiento de los grupos armados de izquierda. Como respuesta al deterioro de la situación política y de seguridad, el crecimiento de las milicias populares se aceleró a finales de la década de los 1980s, muchos de sus comandantes disfrutaban de amplia legitimación y apoyo popular11. Si bien el temor del ex gobernador Gilberto Echeverry a una conquista comunista de la ciu- dad—expresado en una carta al presidente liberal César Gaviria—parece cómicamente exagerado, especialmente a la luz de los desplazamientos forzados que se estaban produciendo en esa misma época, la proliferación de microsoberanías ejercidas en nom- bre del «pueblo» era muy real12.

Pero dado el balance de fuerzas, las victorias provisionales de las milicias populares sobre las bandas delincuenciales solo podían dar lugar a la emergencia de grupos criminales más profesionales y más violentos, cada vez más estrechamente vinculados al narcotráfi- co y al mismo tiempo a ciertos sectores dentro de las agencias de seguridad estatales. Para las redes de Escobar, la guerra contra las milicias de izquierda sirvió de laboratorio para una mutación general de las bandas delincuenciales hacia una mayor concentración, centralización y fusión con los elementos más autoritarios del Estado. Una vez sitiadas, las milicias de izquierda comenzaron a reproducir el comportamiento del Estado autoritario y las prácticas gansteriles contra las que se habían organizado originalmente. Fue una evo- lución comparable a la de los miembros del ETA en el País Vasco o los Provos en Irlanda del norte. En último término, la izquierda armada urbana se iba a ver socavada no solo por la represión estatal y el creciente terror gansteril, sino también porque carecía de recursos políticos para combatir tendencias autoritarias dentro de sus propias filas13.

A finales de los 1980s, una amplia alianza de fuerzas bajo el liderazgo del Estado, la cual incluía a muchos de los antiguos socios de Escobar, se volvió contra él. El catalizador fue el asesinato en 1989 del candidato liberal a la presidencia, Luis Carlos Galán, quien había pe- dido públicamente la extradición del capo a Estados Unidos. Por iniciativa del presidente del momento, Virgilio Barco, se creó el Bloque de Búsqueda, una fuerza especial operativa com- puesta por unidades policiales de élite provenientes de otras ciudades del país—los locales se consideraban poco confiables—para rastrear y capturar a Escobar, quien contrató a un verdadero ejército en las comunas nororientales y noroccidentales de Medellín para hacerle la guerra al Estado. En diciembre de 1989, la recompensa que Escobar ofrecía por un oficial de policía muerto era de medio millón de pesos (250 dólares); en 1991 se había triplicado14. Entre 1990 y 1991 fueron asesinados en Medellín alrededor de 500 policías, mientras los subalternos de Escobar hicieron estallar alrededor de 150 carro-bombas. Después de que en julio de 1991 Escobar negociara los términos de su entrega con el gobierno de César Gaviria—sería encarcelado en «La Catedral», una prisión palaciega en el municipio de Envi- gado construida según las propias especificaciones de Escobar y cuyos vigilantes serían sus propios guardaespaldas—, las agencias militares, policiales y de inteligencia colombianas lanzaron una feroz oleada de represión contra los habitantes de las comunas: cada fin de semana morían entre treinta y cuarenta jóvenes15. En 1992, Escobar se fugó de la prisión de máxima seguridad construida a su antojo y volvió a la clandestinidad a hacerle la guerra al gobierno. Por segundo año consecutivo las estadísticas mostraron que en Medellín se habían presentado más de seis mil homicidios.

Bajo la presión de Washington, el gobierno de César Gaviria y las agencias estadouni- denses forjaron una nueva alianza con el Cartel de Cali y los antiguos socios de Escobar 

en el Cartel de Medellín conocida como Los Pepes, «Perseguidos por Pablo Escobar». Durante 1993, Carlos Castaño, un narco-paramilitar antiguo empleado de Escobar, dirigió la campaña contra su ex jefe, utilizando sus escuadrones de combate compuestos por jóvenes delincuentes de Medellín. Aquel año la tasa de homicidios llegó a la cifra de 311 por cada 100.000 habitantes, casi diez veces más alta que hoy día. Castaño iba tras las bandas y los socios de Escobar, pero no desaprovechó la oportunidad para ir también tras sus principales enemigos, los «comunistas subversivos»16. En esta alianza participó Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, jefe de seguridad y antiguo lugarteniente de Escobar antes de cambiar de bando y dirigir sus escuadrones de la muerte contra el capo di tutti capi. Escobar fue finalmente dado de baja sobre un techo de una casa de clase media en diciembre de 1993.
Desde la mansión del gobernador

La muerte de Escobar no marcó el fin de la influencia del narcocapital en Medellín, sino su madurez. Para 1995, dos años después de su asesinato, la influencia de la clase emer- gente sobre la ciudad era evidente al menos en tres niveles. En primer lugar, los vínculos forjados mediante Los Pepes habían reforzado los lazos entre los órganos de seguridad estatales, los narco-paramilitares y las bandas delincuenciales. En segundo lugar, el ca- pital de la cocaína, blanqueado a través de compañías inmobiliarias, de construcción y de finanzas, se había hecho con el gobierno departamental en la persona de Álvaro Uribe Vélez. Tras servir como concejal de Medellín a mediados de los 1980s, Uribe fue elegido senador dos veces, desde 1986 hasta 1994. Para 1995, había logrado la victoria como gobernador de Antioquia. Junto a su consejero Pedro Juan Moreno Villa—más tarde de- nunciado por la DEA por sus importaciones de toneladas de permanganato de potasio, precursos químico de la cocaína—intentaba introducir el modelo de fuerzas paramilitares inaugurado por la industria de la cocaína en el sistema de seguridad estatal colombiano. El mecanismo elegido fue las llamadas Convivir del Ministerio de Defensa, una estructura de cooperativas con la que se pretendía apoyar desde el Estado pequeñas unidades «de seguridad y vigilancia» privadas que orbitaban alrededor del ejército y la policía. Financia- das por la empresa privada y, con Uribe de gobernador, operando bajo «el apoyo y sanción legal del Estado», estos escuadrones fuertemente armados gozaban de una impunidad casi to- tal. Los asesinatos de activistas de derechos humanos y líderes obreros se multiplicaron17. En Antioquia y el vecino departamento de Córdoba, las Convivir coincidían con las «Auto- defensas Campesinas de Córdoba y Urabá», nombre con el que se conocían a los para- militares del clan Castaño. Tan sólo en Medellín funcionaban siete unidades de Convivir18.

El tercer desarrollo que ayudó a cimentar la influencia de la clase emergente en las calles de la ciudad se desató a mediados de los 1990s. Tras la muerte de Escobar, alias Don Berna heredó la llamada «oficina de Envigado»19. Ahora, sin Escobar de por medio, Don Berna em- prendió la tarea de conformar una banda de bandas conocida como La Terraza, cuya base estaba en el barrio Manrique, una de las comunas más agitadas del nororiente de la ciudad. La Terraza pronto llegó a controlar una porción sustancial del crimen organizado en Mede- llín—asesinatos por encargo, atracos a mano armada, extorsión, juego, prostitución, venta de drogas—mientras también coordinaba las exportaciones de cocaína a Estados Unidos y Europa a través de la región de Urabá, a la cual Don Berna ganó acceso gracias a la relación establecida con Carlos Castaño durante la época de Los Pepes. Los líderes de las bandas negociaban ahora acuerdos formales con el gobierno municipal de Medellín a través de la recién creada Oficina de Paz y Convivencia. Para muchos, esto significaba sim- plemente unirse a las Convivir. La alianza resultante entre Don Berna y Castaño constituía un cuasi monopolio de la violencia. Los asesinos a sueldo de Don Berna estaban organizados en el Bloque Cacique Nutibara; los de Castaño, bajo el mando del cabecilla local «Rodrigo Doble Cero»—otro veterano de Los Pepes—en el Bloque Metro. Entre los dos grupos, para el año 2002, conquistaron el 70% de la ciudad mediante ofertas que los líderes de bandas delincuenciales no podían rechazar. Las bandas que pretendían mantenerse fuera de sus órbitas se vieron obligadas a pagar tributo o a desaparecer por completo. Lo mismo que pasaría luego entre el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro.

Pese a esto, las bien armadas milicias de izquierda seguían controlando reductos sustan- ciales en los barrios marginados del nororiente y el occidente de Medellín20. La comuna 13 seguía siendo una fortaleza inexpugnable. En mayo de 2002, después de que la poli- cía municipal fuera repelida a tiros, las fuerzas estatales lanzaron una ofensiva militar cuyo nombre en clave era «Operación Mariscal». Las tropas tuvieron que retirarse después de que un intenso combate casa por casa no consiguiera quebrar la resistencia de las mili- cias. Tras la elección de Uribe como presidente en 2002, se lanzaron nuevas operaciones.

A finales de 2002 y principios de 2003, Orión y Estrella VI del Ejército, ejecutadas contra la comuna 13, fueron al parecer coordinadas con los paramilitares del Bloque Cacique Nuti- bara y Bloque Metro, cuyos miembros permanecían en la retaguardia listos a ocupar los territorios conquistados. A finales de 2003, Don Berna se había hecho con el control de todas las bandas de la ciudad, y con la ayuda de su red de contactos en las agencias de seguridad del Estado y junto al Bloque Metro, derrotó al resto de las milicias de izquierda, que ahora se había convertido en un lastre. En mayo de 2004, el Bloque Cacique Nutiba- ra acribillaría a Doble Cero mientras se paseaba con una mujer por una playa del caribe colombiano21. Este nuevo asesinato marcaría el despunte de un nuevo orden en Medellín.

Cocaína y nueva economía

En The Origins of Dictatorship and Democracy Barrington Moore describió el feudalismo europeo como «gansterismo que se había convertido en la sociedad misma». La trayec- toria de Don Berna, de pistolero a padrino de la mafia y «pacificador» de Medellín, resume la refeudalización del poder en la economía neoliberal colombiana, sostenida por los beneficios de la cocaína tal como el antiguo modelo industrial se había basado en el café. Esta fusión entre política, propiedad y crimen organizado, reflejada en el control de los paramilitares sobre la seguridad para la inversión de capital, vincula los viejos malos días de la ciudad con los nuevos buenos vientos, determinando en gran medida la apa- riencia presente y futura del entorno urbano. Después de la victoria de Don Berna las tasas de homicidios y delitos violentos cayeron precipitadamente, aun si se tienen en cuenta los cadáveres hallados posteriormente en fosas comunes en el centro-occidente y nororiente de la ciudad. A finales de la década de los 1990s, las fuerzas públicas de seguridad
«limpiaron» una extensa zona del centro, en donde operaba una zona de prostitución y un mercado al aire libre en el extremo norte y un peluquerías gay al occidente. Sicarios amenazaron, desplazaron o asesinaron a los habitantes «desechables», del sector, es decir, vendedores de drogas, adictos, prostitutas, niños de la calle y rateros a fin de abrir espacio al desarrollo urbano. Para el año 2000, esta campaña de «pacificación» ya era apoyada por las fuerzas de seguridad del Estado, hombres de negocios, políticos de todas las tendencias y la Iglesia católica.

La «pacificación» era la condición de posibilidad para las muy pregonadas mejoras en turismo, inversión y seguridad. Don Berna, atribuyéndose el mérito, explicaba que sus si- carios entendían la necesidad de crear «el clima necesario para que regrese la inversión, en particular la inversión extranjera, algo fundamental si no queremos que nos deje atrás el motor de la globalización»22. Aunque siguiera al frente de la extorsión, los asesinatos por encargo, el juego, la venta de drogas y otros negocios ilegales, Don Berna también tenía una participación importante en los sectores de la construcción, transporte, ventas mayo

ristas y al detal, finanzas, moda y confección, seguridad privada, desarrollo inmobiliario y televisión por cable. En las elecciones de 2004, treinta de los candidatos de Don Berna consiguieron triunfos en las Juntas de Acción Comunal. Sus candidaturas las presenta- ron con una ONG llamada Corporación Democracia, dirigida por Giovanni Marín, alias
«Comandante R», un carnicero convertido en ideólogo que se presentó al Congreso de la República en 2006. Según Marín, «mi conciencia está limpia. La gente debería saber que colaboramos en pacificar la ciudad; que entregamos una ciudad en paz»23.

El proceso de pacificación de Don Berna coincidió con la abrumadora victoria electoral a la alcaldía de Medellín de Sergio Fajardo en 2003. A primera vista, el contraste entre el modus operandi de uno y otro difícilmente podría ser más grande. Fajardo es un mate- mático educado en Estados Unidos, con una tesis doctoral de la Universidad de Wiscon- sin-Madison, que viste jeans y exhibe en los medios una personalidad de centro-izquierda no contaminada con identificación alguna con los partidos políticos tradicionales. Aunque su base más fuerte está en la clase media, su índice de popularidad durante su adminis- tración era asombrosamente alto: alrededor del 90%, frente a un 70% para el expresidente Uribe. A sus partidarios les complace señalar la falta de corrupción relativa de Fajardo: su contabilidad es transparente y el presupuesto está abierto a la participación popular. Al respecto cabría introducir algunos matices: la familia de Fajardo es propietaria de una de las mayores empresas de cemento del país, la cual supuestamente se beneficia de contratos sin competencia para construir viviendas de lujo en El Poblado, el barrio más acomodado de la ciudad.

Fajardo también ha emprendido un programa de obras públicas espectaculares, muchas de ellas destinadas a los barrios marginados de las laderas de la ciudad donde el Estado ha estado siempre ausente o sólo se ha manifestado con su puño de hierro. Un ambi- cioso proyecto denominado «Medellín, la más educada», definió la construcción de seis parques públicos y complejos de bibliotecas en comunas del occidente y el nororiente de la ciudad, además de diez nuevas escuelas a las que acudirán 20.000 estudiantes, con un costo total de 1.600 millones de dólares. Como demuestra el mapa de las escuelas y parque-bibliotecas, el gobierno de la ciudad está estableciendo por primera vez una presencia no represiva en las comunas que a lo largo de mucho tiempo fueron botín de disputa entre bandas, milicias y narco-paramilitares. No obstante, el complejo de biblio- teca de Las Independencias, por ejemplo, un barrio ubicado en la parte occidental de la ciudad, parece más una prisión que una sede educativa: seis secciones de dos pisos unidas por escaleras con largas barras de metal negro que separan las anchas ven- tanas de las fachadas de cada bloque de color gris. La biblioteca de Santo Domingo, justo en las montañas de enfrente, está compuesta por dos estructuras negras herméticas que más parecen una instalación de investigación militar, como el Livermore Laboratory de la Universidad de California-Berkeley, que un centro público para el saber y la recreación.

Ésta es la arquitectura clásica de la pacificación, estructuras con funciones de seguridad incorporadas al diseño24. Durante mucho tiempo, el principal objetivo político de los narco-paramilitares fue una desmovilización negociada, en otras palabras, una «legalización» con promesa de no extradición a Estados Unidos. Uribe Vélez lo había considerado aceptable y en 2005 su gobierno firmó los acuerdos. Pero, quizá irreflexivamente, los hombres de Don Berna ase- sinaron a un político local que hacía campaña a unos kilómetros de donde su jefe sellaba el pacto con el representante del presidente. Tras protestas, Don Berna fue finalmente detenido por ese último asesinato y llevado a la cárcel de Itagüí desde donde siguió ejer- ciendo un control formidable de la ciudad. El gobierno municipal era el que ofrecía las mejores condiciones para los paramilitares desmovilizados, además de formación laboral, lo cual constituía otra de las coincidencias entre las agendas del Fajardo y Don Berna. En 2006, cerca de cuatro mil paramilitares desmovilizados se habían asentado en la ciudad. Pero el aspecto en el que más coinciden los dos principales agentes de la transformación extrema de Medellín sigue siendo la necesidad de adaptar la ciudad a las necesidades y seguridad del capital extranjero. La preocupación de Don Berna por crear un clima favorable para los inversionistas extranjeros ya ha sido señalada; Fajardo hace eco de esta necesidad de «proyectar» la imagen de una «ciudad vibrante, que toma de nuevo su lugar como centro de negocios y destino turístico»25.

¿Un paradigma andino?

Durante más de medio siglo su excepcional modernidad hizo de Medellín un ejemplo para el desarrollo nacional, incluso más allá de las fronteras de Colombia: un «paraíso capitalista» durante la Guerra Fría. La ciudad parece dispuesta a asumir ese papel una vez más. A 2003 sugerí en estas mismas páginas que cuando Álvaro Uribe Vélez tomara posesión como presidente de Colombia, ciertos actores operando fuera de la ley se con- virtirían en gente respetable. El modelo de Medellín basado en una dinámica economía de finanzas y servicios anclada en el narcotráfico—y cuyos tugurios ahora brillan bajo los reflectores del nuevo proyecto—se ha convertido en el de toda Colombia.

Después de tres generaciones de guerra urbana fomentada por la cocaína, Medellín se ha situado en buena posición para convertirse en el vértice de la integración económica con Estados Unidos, vinculando la región cafetera con las costas del Caribe y el Pacífico. Desde los 1990s se ha venido desarrollando la idea de Antioquia como «la mejor esquina de América», un eje para la inversión de capital a gran escala en minería, infraestructura de transportes, megaproyectos como represas y canales, plantaciones de maderas finas y palma oleaginosa. Las élites regionales parecen a punto de alcanzar su sueño, expre- sado por primera vez durante el boom de exportaciones del café hace más de un siglo: enlazar su capital, Medellín, en las tierras altas de la cordillera andina, con las tierras bajas de los litorales del Caribe y el Pacífico, articuladas por el telón de fondo de los tratados de libre comercio estadounidenses en el continente26.

Pero si la clase dominante regional ha superado sus escrúpulos en cuanto a recurrir al narcotráfico y a los paramilitares para garantizar las inversiones, los derechos de propiedad y la rentabilidad, semejante base ofrece poco sustento a la legitimidad del nuevo orden. Aunque los jefes paramilitares salieron inicialmente bien librados con el programa de desmovilización de Uribe Vélez, los combatientes rasos pronto retornaron a la lamentable situación social de la que habían pretendido escapar. Más de la mitad de la población de Medellín vive en la pobreza; de éstos, tres cuartas partes no llegan ni al salario mínimo; cerca de un millón de habitantes carece de servicios básicos como agua, alcantarillado y electricidad. Los paramilitares descontentos, considerándose estafados por las iniciativas de desmovilización de Uribe Vélez, se han mostrado dispuestos a hablar de sus tratos con generales, políticos y líderes empresariales. A finales de 2006, la oposición en el Congre- so liderada por el Polo Democrático Alternativo pidió una investigación a la Corte Supre- ma por una supuesta confabulación de los aliados de Uribe con los paramilitares para amañar las elecciones regionales. Fueron detenidos ocho congresistas y Jorge Noguera, antiguo jefe de inteligencia de Uribe. A finales de marzo de 2007 un agente de la CIA filtró documentos a Los Angeles Times que demostraban que el general Mario Montoya, jefe del ejército colombiano que en 2002 estaba al frente de la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, había llegado a un acuerdo con uno de los sicarios de Don Berna y un jefe de policía local para planificar y poner en marcha una ofensiva conjunta que dejó más de catorce muertos y docenas de desaparecidos27.

La hoguera de la nueva derecha en América Latina arroja un resplandor turbio, dejándonos ver que la transformación de Medellín se levanta altiva sobre las tumbas de decenas de miles de sus propios ciudadanos. La resistencia, armada y pacífica, ha sido formidable, lo que explica la sangre y el fuego que han sido necesarios para ahogarla.

Notas.

* Este artículo fue publicado originalmente en New Left Review (2007, No 44), y su versión en castellano fue publicada en www.newleftreview.es. Esta versión en castellano es realizada por Lina Britto, PhD, Profesora de Historia Latinoamericana en Northwestern University, con autorización del autor. A NLR y a Forrest Hylton nuestros más sinceros agradecimientos.

** PhD. Profesor Visitante de Historia Latinoamericana en Northwestern University. Ha sido Profesor Asociado de Historia y Ciencia Política en la Universidad de los Andes.

1 Número de homicidios en 2005 por cada 100.000 habitantes. Washington DC, 45; Baltimo-e, 42; Detroit, 42; Medellín, 32,5.

2 Véase Nancy Appelbaum, Muddied Waters. Race, Religion and Local History in Colombia, 1848-1946, Durham (NC), 2003, pp. 31–51.4 Ann Farnsworth-Alvear, Dulcinea in the Factory. Myths, Morals, Men, and Women in Co- lombia’s Industrial Experiment, 1905-1960, Durham (NC), 2000, p. 14.

5 Ibid., pp. 14, 53.

6 Para un análisis más detallado, véase mi artículo «La hora crítica» en NLR 23 (noviembre- diciembre 2003), pp. 47-90.

7 Véase Mary Roldán, Blood and Fire. La Violencia in Antioquia, 1946-1953, Durham (NC), 2003.

8 Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia, 1875-1994, Bogotá, 1995, p. 298.

9 Germán Castro Caycedo, En Secreto, Bogotá, 1996, pp. 283-284.

10 Ramiro Ceballos Melguizo, «The Evolution of Armed Conflict in Medellín. An Analysis of Major Actors», Latin American Perspectives núm. 116, XXVIII, 1, p. 113. Entrevistas con abogados, periodistas, activistas vecinales y antiguos líderes de la guerrilla, Medellín, Colombia, 2000-2002. Véanse también William Estrada y Adriana Gómez (eds.), Somos historia. Comuna nororiental, Medellín, sin fecha, pp. 65-88, 106-107, 128-133; Alonso Salazar, No nacimos pa’ semilla, Bogotá, 1990, pp. 86-87.

11 Mary Roldán, «Cocaine and the “Miracle” of Modernity in Medellín», en Paul Gootenberg (ed.), Cocaine. Global Histories, Londres, 1999, pp. 165–183.

12 Citado en Ana Jaramillo et al., En la encrucijada. Conflicto y cultura política en los no-venta,
Medellín, 1998, p. 65, nota 9.

13 Entrevistas con miembros de la guerrilla, Medellín, junio de 1999, mayo de 2000, julio de 2002.

14 Entrevista con antiguos miembros de La Ramada, Medellín, mayo de 2000.

15 M. Roldán, «Cocaine and the “Miracle” of Modernity», cit., p. 175.

16 Alonso Salazar, La parábola de Pablo, Bogotá, 2002, pp. 307–314. Castaño fue el funda-dor de ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá), una organización paramili-tar que pretendía recuperar el territorio en manos de las FARC.

17 M. Roldán, «Cocaine and the “Miracle” of Modernity», p. 178. Véase también Joseph Con- treras, Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. El señor de las sombras, Bogotá, 2002, pp. 120–146.

18 Astrid Mireya Téllez Ardilla, Milicias Populares. Otra expresión de la violencia social enColombia, Bogotá, 1995, p. 107. Véase también Fernando Cubides, «From Private to Public Violence. The Paramilitaries», y Gonzalo Sánchez, «Introduction. Problems of Violence, Pros-pects for Peace», ambos en Charles Bergquist et al. (eds.), Violence in Colombia, 1990-2000. Waging War and Negotiating Peace, Wilmington, 2001, pp. 131, 11.

19 Aunque esa banda de asesinos ya no existe oficialmente, entrevistas con traficantes en Medellín en diciembre de 2004, abril y agosto de 2005 y junio de 2006 daban a entender que todo seguía poco más o menos igual.

20 En 1994 unos 800 milicianos –no integrados en las FARC ni en el ELN– llegaron a un acuer- do con el gobierno de Gaviria, por el que los antiguos líderes de la milicia fueron reconoci- dos como jefes de seguridad en sus propios vecindarios, dentro de una estructura conocida como Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom). Los milicianos vincu-lados a las FARC y el ELN se unieron entonces para ocupar el territorio desmovilizado, ma-tando a varios cientos de miembros de Coosercom. En 1996 el gobierno intentó disolver Co-osercom alegando su comportamiento gansteril. Pese a esa experiencia tan poco alentadora, se volvió a intentar un «proceso de paz» semejante con las bandas criminales. Véase Sánchez, «Introduction», Ch. Bergquist et al. (eds.), Violence in Colombia, cit., p. 11.

21 Adam Isacson, «Plan Colombia. Six Years Later», Centre for International Policy, noviembre de 2006.

22 Citado en Amnesty International, «The Paramilitaries in Medellín. Demobilization or Lega- lization?», septiembre de 2005, p. 35. www.amnesty.org.

23 Citado en Javier Sulé, «Medellín orgulloso», El País (Madrid), mayo de 2006.

24 Mike Davis, City of Quartz, Nueva York, 1990, pp. 228, 240, 256-257.

25 Citado en El Colombiano, 20 de agosto de 2005.

26 James Parsons, Antioquia’s Corridor to the Sea. An Historical Geography of the Settlement of Urabá, Berkeley, 1967.

27 «Colombia army chief linked to outlaw militias», Los Angeles Times, 25 de marzo de 2007. Véase también «Colombian rebels threaten to expose political links», Financial Times, 1 de marzo de 2007.

tomado de: https://www.academia.edu/26957550/Medell%C3%ADn_cambio_extremo

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