Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez

Linea Territorio y despojo

Por: CONNECTAS

Dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez, Argor-Heraeus y Metalor, estuvieron en la mira de EE.UU. por transacciones sospechosas, según revela FinCEN Files. La firma, investigada por lavado de activos en Colombia, encontró en un procedimiento que le habilitó Bancolombia para el manejo de efectivo, la fórmula idónea para ocultar la huella del dinero.

 

 

00 BANCOS CRIMINALES 

Ala Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) llegaron reportes en los que se cuestionaron varias transacciones de dos exportadoras de la comercializadora de oro colombiana CIJ Gutiérrez: las firmas Argor-Heraeus y Metalor Technologies USA. Este hallazgo hace parte de las revelaciones de FinCEN Files, investigación periodística global que puso al descubierto más de 2.000 reportes de actividades sospechosas remitidas por los bancos de Estados Unidos. La información fue divulgada por BuzzFeed News y el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y compartida en Colombia con la alianza El Espectador – CONNECTAS.

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Aunque los reportes no son en sí mismos prueba de algún delito, si constituyen alertas para las autoridades de Estados Unidos, en este caso FinCEN, a fin de establecer si corresponde abrir investigación formal. En el hallazgo específico de las empresas de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez, la información es relevante, pues esta firma se encuentra hoy en la mira de la Fiscalía de Colombia, que desde el año anterior anunció la detención de varios de sus directivos y algunos de sus proveedores, por pertenecer a una supuesta red que lavó cerca de 2,4 billones de pesos a través de empresas fantasma, proveedores cuestionados o personas inexistentes.

CIJ Gutiérrez es considerada una de las comercializadoras de oro más grandes de Colombia, con operación principal en Medellín. La compañía tiene más de 80 años en el mercado de los metales preciosos y controla un grupo económico del que también hace parte una inmobiliaria.

La Fiscalía sostiene que algunos de sus representantes legales, contadores, revisores y proveedores se concertaron entre 2006 y 2016 para lavar activos, y que los 13 procesados habrían falsificado documentos para justificar ingresos y maquillar libros contables. Durante una década, la Fiscalía detectó relaciones comerciales con sociedades ficticias en las que el único cliente era CIJ Gutiérrez, con socios paramilitares, familiares de narcotraficantes o personas con antecedentes penales.

En particular, al ente acusador le llamó la atención el procedimiento especial que creó Bancolombia a la comercializadora de oro que, según las pesquisas, permitió manejar grandes sumas en efectivo, ayudando a perderle la pista al dinero. Un procedimiento en contra de la lógica de lo que buscan las regulaciones en el sistema de lavado de activos. Las transacciones sospechosas no solo se detectaron con empresas colombianas, también con extranjeras, ya que CIJ Gutiérrez exportaba principalmente a Estados Unidos y Suiza. En paralelo, la Fiscalía sostiene que hay inconsistencias en la información reportada sobre exportaciones a compañías como Argor Heraeus S.A. entre 2008 y 2016, pues los registros enviados por la DIAN no coinciden.

CIJ Gutiérrez es una de las 14 comercializadoras internacionales en el país, que representan cerca del 10% de las exportaciones colombianas. Crédito: Shane McLendon on Unsplash.

Argor Heraeus es un gigante de la minería suiza que se dedica a refinar oro, plata y platino; trabaja con minas, comerciantes, casas de lingotes, bancos, casas de moneda y fabricantes de joyas; y es una de las compañías mencionadas en FinCEN Files. Según su base de datos, entre 2014 y 2015, el banco Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) emitió alertas sobre transferencias bancarias por más de 640.000 dólares, que incluyeron a Argor Heraeus. El SAR se redactó porque hubo una variación inusual en los montos de las transacciones y porque el banco no pudo confirmar su propósito comercial. En 2013, los fiscales suizos investigaron a Argor Heraus S.A., porque sabía que el oro que manejaba en 2004 y 2005 fue saqueado de la República Democrática del Congo.

Reportes de prensa detallan que, si bien las autoridades suizas reconocieron que Argor refinó el oro saqueado y violó su deber de diligencia, el caso fue cerrado en marzo de 2015 por falta de pruebas. Pese a que Argor Heraus fue exonerada en Suiza, organizaciones no gubernamentales insisten en que debe ser declarada responsable por comprar “oro sucio” en África en tiempos de guerra. De comprobarse las hipótesis de la Fiscalía en Colombia, el gigante suizo habría comprado oro de origen dudoso a CIJ Gutiérrez. “CIJ Gutiérrez realiza las operaciones de comercio exterior en su exportación, cuyos recursos minerales presentan múltiples irregularidades que impiden establecer su verdadero origen o procedencia”, asegura el ente investigador en sus archivos.

Argor Heraus no respondió las preguntas de El Espectador y CONNECTAS sobre las transacciones consideradas como sospechosas en EE.UU. y Colombia y aseguró que, bajo ninguna circunstancia, puede brindar información financiera de este tipo, pues es de propiedad de la empresa. Sobre los hechos ocurridos en la República del Congo, la compañía reiteró que la Fiscalía suiza abandonó el caso y concluyó que las acusaciones carecen de fundamento. “El respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, los procedimientos éticos y la transparencia, además del cumplimiento de las normas y leyes, son tan importantes como los metales que procesamos”, agregó Argor Heraus.

Otra de las exportadoras de CIJ Gutiérrez mencionada en las transacciones sospechosas de FinCEN Files es Metalor Technologies, una de las refinerías de oro más grandes del mundo, con 17 filiales. Su base está en Suiza y, según el portal peruano Ojo Público, el año pasado el Ministerio Público la mencionó en un presunto esquema de crimen organizado y lavado de dinero a través de la minería ilegal, por comprar toneladas de oro a la firma peruana Minerales del Sur, de procedencia sospechosa, entre 2010 y 2018. Ese es uno de los motivos por los que el banco Deutsche Bank elaboró al menos una decena de Reportes de Operaciones Sospechosas contra distintas filiales de Metalor en Estados Unidos, México, Suiza y Hong Kong.

Argor Heraeus y Metalor Technologies son dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez mencionados en los FinCEN Files. Crédito: Dan Dennis en Unsplash.

Otra de las razones por las que Deutsche Bank alertó sobre las transacciones de Metalor tiene que ver directamente con Colombia, pues la refinería mantuvo relaciones comerciales con Goldex, comercializadora colombiana cuyos directivos fueron detenidos en 2015 por el supuesto lavado de alrededor de un millón de dólares. Metalor detuvo en su momento los negocios con Goldex pero, pese a los señalamientos de la Fiscalía, el proceso penal contra Goldex quedó en el limbo en Colombia y nadie fue condenado. Ante cuestionario enviado por periodistas del ICIJ, la firma Metalor defendió su proceso de debida diligencia, y agregó que incluso lo ha mejorado.

Organizaciones de la sociedad civil reprochan a Metalor su tardanza para tomar medidas contra la minería ilegal en Perú, y resaltan que su proceso de debida diligencia no es tan efectivo como se publicita. De hecho, esa debida diligencia tampoco les funcionó en Hong Kong, donde en 2013 la empresa Metalor compró 110 lingotes de oro a exsoldados israelíes condenados por lavado de activos. Metalor argumentó que no conocía el origen de los metales, que cuando hizo la debida diligencia no apareció ninguna alerta y que, tras conocerse el caso, colaboró con las autoridades de Hong Kong. Además, nunca fue acusada ni investigada por este hecho.

No obstante, Metalor reconoció que “mirando hacia atrás, con el conocimiento que todos tenemos ahora sobre el lavado de dinero, aceptar lingotes de oro de un individuo parece, al menos, sorprendente. Sin embargo, debemos reconocer que los requisitos de debida diligencia en 2013 fueron claramente más ligeros de lo que son hoy. En la actualidad, calificaríamos esto como error. Aunque era perfectamente legal en esa ocasión, hoy nunca lo aceptaríamos”.

El método

Una de las críticas más frecuentes de quienes denuncian la minería ilegal es que las irregularidades pasan inadvertidas en los procesos de debida diligencia entre proveedores, compradores y, sobre todo, en los bancos. En el caso colombiano de CIJ Gutiérrez, ningún ente regulador advirtió lo que sucedía al interior de la comercializadora de oro, fue un delator quien denunció a través de correos electrónicos, los hechos que hoy se investigan. Así la Fiscalía llegó al que refiere como un “procedimiento especial” que creó Bancolombia a CIJ Gutiérrez, su cliente, que le brindaba la ventaja de tener siempre dinero en efectivo disponible para hacer todo tipo de pagos, “perdiéndose de esta manera la trazabilidad y desconociendo el receptor final del dinero (…) Además de que no se están tomando en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evitar el lavado de activos”, afirmó la Fiscalía en su escrito de acusación.

El procedimiento consistía en que CIJ Gutiérrez giraba cheques a sus proveedores desde una cuenta corriente de Bancolombia. Estos, a su vez, se acercaban a una oficina del banco en Medellín con cartas en la que ordenaban a Bancolombia entregar el dinero en efectivo a un fondo que CIJ Gutiérrez poseía en una transportadora de valores. Un funcionario de Bancolombia llamaba a la comercializadora, verificaba los datos del proveedor y le pedía llenar un formulario para declarar las operaciones en efectivo. Bancolombia enviaba un correo electrónico a la transportadora de valores para informar que trasladaría el dinero desde su fondo en el banco, al fondo en la transportadora. Esto, según la Fiscalía, hacía que la transacción quedara en el limbo y se desconociera si efectivamente la comercializadora internacional pagaba a los proveedores.

Por eso reiteró que en el procedimiento establecido entre Bancolombia y CIJ Gutiérrez para el pago de facturas, no existió trazabilidad para conocer al beneficiario final. Ejemplo es que los retiros para el pago de los proveedores ascienden para el año 2016 a 46.168.652.000 millones de pesos, faltando por justificar 52.290.525.399 millones de pesos. La Fiscalía llamó la atención sobre el hecho de que muchos de los proveedores tenían cuenta en Bancolombia y, pese a ser el mismo banco, CIJ Gutiérrez no les pagó a través de medios electrónicos que son más seguros, sino en efectivo. “Estos medios (electrónicos) permiten hacerles trazabilidad a los recursos, más aun, siendo la comercialización de metales preciosos, una Actividad y Profesión No Financiera Designada por el mismo GAFI, que requiere de medidas adicionales para el control de las operaciones en este sector”, afirmó la Fiscalía.

En respuesta a la lectura que hace la Fiscalía, Bancolombia aseguró a esta alianza periodística que no es parte de ningún proceso judicial en relación con CIJ Gutiérrez, que ha colaborado con las autoridades y que ha respondido a todos los requerimientos de los órganos de supervisión. “Bancolombia en ningún momento creó un procedimiento especial con el propósito de evadir controles o facilitar la realización de actos ilícitos. Corresponde a las autoridades judiciales determinar si CIJ Gutiérrez realizó actividades ilícitas. En cualquier caso, de ser así, su actuar se habría dado sin el conocimiento o participación de Bancolombia”, sostuvo el Banco en respuesta a un cuestionario enviado.

Según la Fiscalía, Bancolombia le creo un “procedimiento especial” a CIJ Gutiérrez que le permitiía tener siempre dinero en efectivo disponible para hacer todo tipo de pagos. Crédito: Archivo El Espectador.

Sobre el procedimiento especial, el Banco explicó que es ajeno al uso y manejo del efectivo que se hubiera dado por parte de CIJ Gutiérrez a través de la transportadora de valores. Según Bancolombia, “trabaja con los más altos estándares nacionales e internacionales en el marco de la prevención del lavado de activos”, dentro de los cuales mencionó las recomendaciones del GAFI, los estándares del Instituto de Basilea y las orientaciones de reguladores en EE.UU. y Europa. Frente a la pregunta de cuántos reportes de operaciones sospechosas generó Bancolombia para alertar sobre actividades en CIJ Gutiérrez, el banco no respondió alegando que era información de reserva.

El topo que denunció irregularidades en CIJ Gutiérrez también pidió a las autoridades investigar el vínculo familiar entre Gonzalo Toro Bridge, entonces Vicepresidente Corporativo de Empresas y Gobierno de Bancolombia, y miembros de junta directiva de CIJ Gutiérrez. La Fiscalía confirmó que Gonzalo Toro es primo de Frederick Bridge Gutiérrez, miembro de junta directiva de CIJ Gutiérrez. Toro dijo a esta alianza periodística que no tiene ni ha tenido relación de negocios con la familia Bridge Gutiérrez y que su relación familiar no es cercana ni frecuente. “La última vez que vi a algunos de los primos Bridge Gutiérrez fue hace cerca de seis años en un funeral”, respondió Toro Brige.

Gonzalo Toro Bridge negó haber facilitado desde Bancolombia el supuesto esquema ilegal de CIJ Gutiérrez. “Esta afirmación es absolutamente falsa. En el año 2018 recibí denuncias anónimas contra CIJ Gutiérrez que buscaban implicarme a mí y a otros colaboradores del banco. Inmediatamente puse en conocimiento del banco las denuncias y este, a su vez, las puso en conocimiento de la Fiscalía mediante una denuncia penal, a fin de que se adelantaran las investigaciones pertinentes para establecer si se había infringido la ley y por parte de quién”, sostuvo Toro, que el año pasado se retiró de Bancolombia tras 30 años como empleado. Según él, su dimisión se produjo “en el marco de un proceso de evolución de la estructura organizacional de Bancolombia”. Toro no es investigado por la Fiscalía, así como ningún otro funcionario de Bancolombia.

Los exdirectivos de CIJ Gutiérrez que se negaron a hablar con esta alianza periodística, siguen siendo procesados por la justicia penal. En la UIAF, la Fiscalía encontró que algunos proveedores tampoco habían sido reportados por la comercializadora de oro y que la Superintendencia de Sociedades comprobó que en 2014 CIJ Gutiérrez no tenía implementado en su organización el Sistema de autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA/FT, tal como lo estableció dicho ente de supervisión y vigilancia. La Supersociedades fue consultada para este reportaje, pero la entidad se negó a brindar información puntual del caso CIJ Gutiérrez alegando reserva.

tomado de: https://www.connectas.org/sospechas-doradas-millonarias-transacciones-cij-gutierrez/

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