Primero llegaron las hidroeléctricas que la restitución de tierras a San Rafael

Linea Territorio y despojo

Por: Juan Camilo Gallego Castro, Manuela Betancur Pérez y Juan Alejandro Echeverry*

La vereda Falditas en San Rafael, Antioquia, fue declarada libre de sospecha de minas en 2017. Luego de esto, en otro contexto, se han dilatado procesos de restitución de nueve familias que tienen sus predios en el mismo polígono que utilizará la hidroeléctrica PCH Churimo para generar energía.

 

 

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“Nos hicieron ir”, dice Elvia Morales, “porque mi esposo y yo quedamos solitos allá en la finca. Nos decían los soldados que qué hacíamos allá, que eso estaba minado, que buscáramos para donde irnos. Fuimos los últimos que nos fuimos”.

Se fueron en 2007. Alargaron su estancia esperando lo imposible: quedarse en la vereda Falditas. Vaya a saber por qué no pisaron una mina, vaya a saber por qué sobrevivieron en una vereda abandonada, sembrada de minas, de soledades, de casas abandonadas. Se fueron y no volvieron, dejaron una casa en la que vivieron casi cincuenta años, en donde crecieron 16 hijos, al lado del río Churimo, desde lo alto de las montañas que avistan a San Rafael.

“No nos íbamos porque no teníamos dónde estar”, dice Elvia, de 76 años, “cuando nos fuimos fue como si dejara una parte de mí en la vereda. Al esposo mío, Jesús María Velásquez, le dio muy duro. Es que de allá se comía, teníamos gallinas. Nos vinimos solo con tres muditas de ropa, todo quedó allá.”

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Uno a uno los hijos se fueron de casa huyendo de la guerra, pero esta los persiguió siempre. Elvia y Jesús estaban solos con un nieto hasta que decidieron dejar a Falditas. Huyeron al casco urbano de San Rafael y en la huida y el recuerdo de su tierra montañosa les desaparecieron a dos de sus hijos, otros huyeron a otros departamentos, como Gustavo, que recolectó café en el Tolima y luego hizo parte de su vida en Villavicencio, hasta que la guerra lo devolvió a su pueblo, huyendo de nuevo.

Volvió a San Rafael, poco después de que muriera su papá Jesús María, el que siempre soñó con retornar a la vereda. Y entonces, sin casa, sin un lugar a dónde ir, decidió tomar la vía a la vereda, se desvió de la autopista que conecta a San Rafael y Guatapé y tomó el ascenso hasta el filo de la montaña. Encontró la casa de sus recuerdos y no quiso marcharse más de allí, como si en su cuerpo joven llevara las ganas de sus padres de volver algún día a la vereda y vivir de nuevo en la finca.

En noviembre de 2021 regresó para no irse más, o eso pensó, o eso cree. Solo cuando lo visito en su casa, le cuento que su finca, al lado del río Churimo, coincide con las tierras que Cornare autorizó a la empresa Clear Water S.A.S. para construir la PCH Churimo.

“No nos gustaría ni vender parte de la tierra ni tener que desplazarnos otra vez, la importancia de la finquita es tenerla completa. Por ese lado, no estaría de acuerdo con vender parte de la tierra”, dice Gustavo, al final de la tarde, cuando la niebla empieza a cubrir a Falditas y Quebradona, las veredas que rodean el río Churimo.

¿Volver para qué?

La carretera hacia Falditas la recorrí en 2017, también el camino que asciende por la montaña cuando no pueden seguir los carros. Ese año visité la vereda mientras The Halo Trust hacía el desminado en las vereda Falditas, La Rápida y La Mesa. Esta organización identificó 25 áreas peligrosas en el municipio, desactivó 98 minas antipersonal y despejó 122.595 metros cuadrados.

El desminado inició el 18 de abril de 2016. Desminar es un requisito para que avance la restitución de tierras. Desminar, también es indispensable para que avancen los proyectos hidroeléctricos. Mientras Gustavo vivía desplazado en Villavicencio, su mamá vivía en San Rafael, ya viuda; Jesús María murió esperando el regreso a Falditas.

El 16 de junio de 2017 San Rafael fue declarado libre de sospecha de minas. Las minas habían cambiado la vida de 31 personas: 13 civiles, 18 militares. Dos soldados murieron, así como dos vacas, pero vaya a saber por qué Elvia y su esposo nunca las activaron en una vereda abandonada y sembrada de terror.

Primero llegaron los proyectos hidroeléctricos que la restitución de tierras. Lo mismo sucedió en San Luis, en donde en 2016 inició el desminado solo en la vereda La Cumbre y el corregimiento El Prodigio, porque estaban en el área de influencia del proyecto Porvenir II, que pretende represar el río Samaná Norte.

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En Falditas, primero llegó el proyecto PCH Churimo que la restitución de tierras. Si bien la Unidad de Restitución de Tierras (URT) anunció el 18 de noviembre de 2020 que respondería la solicitud de 59 predios en diez veredas de San Rafael, que “al parecer fueron abandonados por presiones de grupos ilegales”, Clear Water S.A.S había recibido antes el permiso de estudio de Cornare. La empresa es propiedad de Luis Fernando Hoyos, hermano del exsenador Germán Hoyos.

Mientras se daba el proceso de licenciamiento del proyecto, el 10 de marzo de 2021 la Agencia de Prensa IPC denunció que donde van a construir la hidroeléctrica hay solicitudes de restitución de tierras, información que desconocía Cornare, a pesar de que Oladier Ramírez, secretario general, asegura que desde 2021 la corporación ambiental cruza la información de restitución de tierras con los predios solicitados para los proyectos hidroeléctricos.

Luego de la publicación, Cornare hizo la consulta a la URT y la respuesta llegó el primero de junio. Esta dice que en la zona hay nueve solicitudes de restitución, entre ellas la de Elvia, que coinciden con el polígono del proyecto hidroeléctrico.

A pesar de esto, de la oposición de gran parte de la comunidad por el uso de parte de un área protegida en favor de la hidroeléctrica, por el descubrimiento de dos nuevas especies en estas veredas (como la de un reptil que Cornare dice que “no se han encontrado similitudes con otras del género específico”, pero que “no existe artículo científico en ninguna revista indexada que determine que se ha descubierto una especie nueva para la ciencia”), mediante la Resolución 06495 del 27 de septiembre de 2021, Cornare otorgó la licencia para generar 4,5 megavatios de energía.

Mientras todo esto sucedía, dos meses después Gustavo regresó a la casa abandonada de su familia porque ya habían solicitado la restitución, con la esperanza de que le mejoraran la casa y le dieran proyectos productivos.

Prestó dos millones de pesos e intentó reparar el techo y parte de la casa para habitarla con su esposa. “Es duro volver a empezar desde cero, pero con berraquera se hacen las cosas. Me acuerdo que crecí acá, con el papá, la mamá, los hermanos, y que fueron tiempos de mucha lucha, pero vivíamos bien, felices y todo”, dice en la entrada de su casa. De la hidroeléctrica sabía poco, hasta que lo visité. “Cuando vine, hacía rato que estaban haciendo reuniones y todo. Y, pues, igual, nunca he bajado a una reunión de esas, porque nunca lo han citado a uno”.

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La finca tiene unas ocho hectáreas y doscientos metros limita con el río Churimo. “La idea es quedarse uno, pues la idea es volver a sembrar y a vivir de la finca. Por mi parte, si toca vender la finca, no estaría de acuerdo porque, de todas maneras, uno quiere montarla otra vez y vivir de ella”, dice. Luego me cuenta que esta tierra significa una vida, su vida, la de su madre Elvia, la de su padre que nunca pudo volver.

Pero la PCH Churimo no es la primera hidroeléctrica en San Rafael. Este municipio fue impactado por las hidroeléctricas desde 1968, cuando abrieron carreteras y túneles para la hidroeléctrica de Guatapé. Si bien el embalse está en una zona más alta, la central de producción está a 15 kilómetros de la cabecera municipal. El informe Memorias de una masacre olvidada. Los mineros de El Topacio, San Rafael, del Centro Nacional de Memoria Histórica, recuerda que a ese proyecto se le sumaron en los años ochenta las centrales Playas y Jaguas, que comparte con el municipio San Carlos.

Agrega el informe que en los años setenta y principios de los ochenta inició la presencia de las Farc en el municipio, pues “los proyectos hidroeléctricos, con las consecuencias que esta voluminosa inversión trae para la región, hacen atractivo el asentamiento más constante de la guerrilla de las Farc en el Oriente antioqueño.” Luego en los años noventa aparecen el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara, con quienes se recrudeció el conflicto. En la década del dos mil el conflicto fue cada vez más fuerte y los desplazamientos más frecuentes.

El último refugio de las Farc fueron las veredas La Rápida, Quebradona y Falditas. Como recuerdo de la presencia de la guerrilla quedaron las minas sembradas, las casas abandonadas y el dolor de familias como la de Gustavo y su madre Elvia que intentaban hacer una vida lejos de la tierra de sus amaneceres.

La restitución amenazada

En Falditas no existen sentencias de restitución. A diferencia de las familias restituidas de San Carlos y Granada que visitó este equipo en la investigación, en San Rafael hay solicitudes. Allí, Cornare también priorizó a la hidroeléctrica. Y aunque Oladier Ramírez dice que la alarma por otorgar licencias ambientales en tierra restituida o solicitada en restitución es para el Ministerio de Ambiente, porque no tiene ningún requisito con relación a la restitución, el Consejo de Estado en el auto del 16 de mayo de 2019 dice que “de ahí que aun cuando su objeto no sea reparar los derechos de las víctimas, sí debe advertirlas al momento de desarrollar sus funciones, máxime si las autoridades respectivas han presentado oposición al otorgamiento de la licencia ambiental debido a la existencia de un proceso de restitución de tierras”.

Gustavo ni su madre sabían que su finca coincide con la tierra demandada por la hidroeléctrica. Incluso Gustavo Londoño, asesor jurídico en el trámite de Licenciamiento de la empresa Clear Water S.A.S., dice que “el proyecto no está en tierras de restitución. El proyecto está en un predio que no tiene ninguna reclamación ni nada.” Londoño insiste en que le “parece muy extraño eso. Hasta hoy que tú me lo dices, me vengo a enterar. Puede que después aparezcan las mismas coordenadas, porque uno da unos datos, pero yo que conocí el punto, la finca mucho antes, sé que ahí no hay lugar a restitución de tierras.”

Sin embargo, la Agencia de Prensa IPC hizo la alerta en 2021, antes de que otorgaran la licencia, en la que señalaba que las solicitudes coincidían con el predio solicitado para la hidroeléctrica; la URT también le respondió meses después a Cornare que “de acuerdo con la solicitud de la Corporación, el Usuario adjunta el certificado correspondiente de la Unidad de Restitución de Tierras y Unidad de Desminado Humanitario, donde se informa que en el área presentada por el Usuario se superponen 9 solicitudes de restitución de tierras”.

Oladier Ramírez también insiste en que estas familias no serán desplazadas y que se utilizará parte de la tierra, desestimando los impactos que el proyecto pueda traer para las familias y que la posible compra obligada de parte de la tierra también va en contra de la reparación misma. El Consejo de Estado y la Ley 1448 de 2011 señalan que “la restitución de las tierras es el medio preponderante, para la protección y ejercicio de este derecho, y sólo de manera subsidiaria y bajo las condiciones allí señaladas, puede siquiera optarse por una compensación en especie y reubicación, siendo imposible concebir el otorgamiento de la Licencia Ambiental para el desarrollo de un determinado proyecto, como una de ellas.” Aun así, Cornare priorizó los derechos de la empresa, a pesar de conocer las solicitudes de las víctimas.

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Ante la posibilidad de que le compren una parte de su tierra o de que el proyecto impacte su finca, Gustavo insiste en que “la importancia de la finquita es tenerla completa. Por ese lado, no estaría de acuerdo con vender parte de la tierra”.

Sin embargo, por oponerse a la PCH Churimo, en San Rafael fueron amenazados dos de sus líderes: Fredy Morales, miembro del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete) y de la Veeduría Socioambiental de San Rafael, tuvo que exiliarse, a la par que Miguel Gutiérrez, quien denunció las irregularidades que habría cometido Cornare al otorgar la licencia ambiental que favorece a la empresa Clean Water S.A.S, recibió amenazas de muerte.

Elvia agradece a la vida que Gustavo, uno de sus 16 hijos, haya elegido recuperar la finca en Falditas. Ella no volvió desde que se desplazó, pero dice que parte de su vida está allá. En esa montaña, donde el viento es frío y la niebla reposa, la tos la agobia. Por eso se queda en San Rafael, en una tierra más caliente para sus pulmones. Sabe que al final del camino en Falditas, en todo el filo, al lado del Churimo, está su hijo recuperando la tierra que tuvieron que abandonar. Espera la sentencia de restitución, espera que no construyan la hidroeléctrica. Espera, como esperó su esposo para volver, que su hijo pueda quedarse en Falditas, sembrar su café, tener sus vacas y vivir de la finquita.

*Alianza periodística entre Agencia de Prensa IPC, Periferia Prensa y Enfoque de Oriente

tomado de: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/reclamos-de-familias-en-san-rafael-por-hidroelectrica-que-llego-antes-que-la-restitucion/

 

 

 

 

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