Por: Fredy Escobar Moncada.
Según el DANE, Colombia cuenta con una menor cantidad de pobladores a los esperado, ésta es la mejor noticia para justificar el desmonte del Estado y la reducción del gasto público social.
Por: Semana Sostenible
Ante el último pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a las consultas populares, urge tener un panorama claro que cuente con leyes que respalden la participación ciudadana y los planes de ordenamiento territorial que fortalecen la autonomía de las entidades territoriales.
Por: REDIPAZ - KAVILANDO
Medellín es una ciudad privilegiada, cuenta con ingresos importantes, acceso a información, educación, tecnología, centros Universitarios, todo, para que ésta lamentable situación de pobreza y extrema pobreza se dé, y ahora bien, contando ya con estas lamentables cifras, pues cuenta con todo, para que esta realidad se supere.
Por: Miriam García-Torres
La rentabilidad de los negocios del Ibex35 oculta con frecuencia graves daños socioecológicos y violaciones de derechos humanos en América Latina
Por: MOE
El valor de los contratos adjudicados es 39 veces el dinero donado a las campañas. El 65% de los contratos se hace usando modalidades que favorecen a un solo proponente.
Por: Flor Esther Salazar* Razón Pública
Se vende como una forma de mejorar las condiciones de vida en el sector rural, pero visto de cerca es un proyecto para que los campesinos trabajen más y en peores condiciones. Y seguir engordando de paso al sector financiero.
Por: Guillermo Gómez. Kavilando*
Lo dicho en mi intervención servirá sólo como Constancia para actas de mi posible percepción errónea o solo para futuras demandas por prevaricato por los próximos 20/30 años (Así algunos crean que puede pasar lo de Interbolsa, donde la justicia colombiana demuestra sus limitantes o peor aún su ineptitud), así se presente una apatía y lejanía de la mayoría de la ciudadanía, enseñada solo a recibir migajas de pan que dejan caer de la mesa.
Colombia enfrenta una nueva emergencia climática mientras persiste una deuda institucional, convertir la prevención y la gestión comunitaria del riesgo en una política pública efectiva. El incendio no puede seguir llegando antes que el Estado.
En un contexto marcado por la persistencia de las hostilidades, la disputa territorial y el riesgo de respuestas que profundicen la violencia en las periferias, Colombia debe volver a los principios de la Constitución de 1991. La paz no es una opción coyuntural ni una herramienta del gobierno de turno: es un derecho y un deber constitucional, como establece el artículo 22.
Norosí, Ituango y la cordillera nariñense registran en pocos días ataques con drones y explosivos, combates entre estructuras armadas, afectaciones a bienes civiles y desplazamientos. Las alertas de la Defensoría exigen pasar de la reacción a una política efectiva de prevención y transformación territorial.
