Carta de Iván Márquez y Oscar Montero (El Paisa) al Comisionado de Paz.

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Firmantes

Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo

 

 

marquez y paisa

Señores

COMISIÓN DE PAZ DEL SENADO

Congreso de la República

Bogotá

Pese a que el Acuerdo de Paz fue destrozado por depredadores sin alma, nuestro sueño sigue siendo la paz de Colombia.

Al menos tres actos de insensatez empujaron la esperanza tejida en

La Habana al taciturno abismo de los procesos de paz fallidos: la inseguridad jurídica, las modificaciones al texto original de lo convenido y el incumplimiento de aspectos esenciales del Acuerdo.

Sin duda, la INSEGURIDAD JURÍDICA tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial urdido por el Fiscal General, el embajador de los EEUU y la DEA. Esta decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes. Debemos reconocer que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una fábrica de mentiras para empapelar judicialmente a mucha gente, y en el caso que nos ocupa, a los principales negociadores de paz de la guerrilla, llegando hasta el asombro de elevar en el rollo de su montaje, la tentativa y el pensamiento mismo a la categoría de delito para justificar la extradición, buscando desesperadamente hundir sin remedio el anhelo colectivo de paz. Estamos frente a un descarado abuso en el ejercicio del poder, mezclado con una rendición inaceptable de nuestra soberanía jurídica a una potencia extranjera. No podemos dejar la Paz

-que es el derecho más importante- en manos de personajes como Martínez y Whitaker. Carecen ellos de sentido común para trazar el destino de Colombia, que definitivamente no puede ser el de la guerra. Pero, ¿qué gana EEUU aplastando la paz de Colombia? Muy poco ha contribuido a fortalecerla. Para reforzarla, por ejemplo, pudo haber liberado, luego de la firma del Acuerdo de La Habana, a Simón Trinidad, extraditado 14 años atrás a través de un montaje judicial del Gobierno de la época. John Kerry, ex Secretario del Departamento de Estado había abierto esta posibilidad en una reunión que sostuvimos personalmente en la capital de la Isla. Esas buenas intenciones fueron arrastradas por el viento.

Por otra parte, las MODIFICACIONES AL TEXTO ORIGINAL DE LO

CONVENIDO transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y “conejo”. Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos. ¿En qué otra parte del mundo ha ocurrido algo semejante? El mismo Estado que firmó el Acuerdo, azuzó luego a su tronco y a sus extremidades a destruirlo aduciendo la independencia de poderes cuando tenía en sus manos el recurso constitucional de la colaboración armónica. Se produjo entonces el desconocimiento de una obligación internacional que descansa en el hecho notorio de que éste es un Acuerdo Especial del Artículo 3 de los Convenios de Ginebra y que ostenta al mismo tiempo el rango de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU. A esto debe agregársele el fallo de la Corte Constitucional que estableció de manera clara y categórica que dicho Acuerdo no podía ser modificado por los próximos tres gobiernos. El ex Presidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el Rubicón por temor a la jauría.

Señores Senadores: la JEP no es la que aprobamos en La Habana, sino la que querían el Fiscal y los enemigos de la concordia; esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron de su jurisdicción a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad, que es lo único que puede cerrar y sanar las profundas heridas causadas por el conflicto y generar al mismo tiempo un nuevo ambiente de convivencia. También ampliaron el universo de los aforados para asegurarle larga vida a la impunidad. Con sus propias manos el fiscal Martínez sembró en la Jurisdicción Especial para la Paz las minas de la reincidencia, el testaferrato y otras argucias para poder llevar encadenados a antiguos guerrilleros a la justicia ordinaria y saciar así su sed de odio y de venganza que comparte con ciertas élites del poder. Realmente el “fast track” legislativo fue aprovechado para destrozar a dentelladas rápidas aspectos sustanciales del Acuerdo de Paz con la bendición incoherente de la Corte. No debe olvidarse que la Ley de Procedimiento de la JEP fue aprobada unilateralmente sin tener en cuenta para nada la opinión de la CSIVI. Siempre quedamos con la impresión que la preocupación del Gobierno por las víctimas del conflicto fue una preocupación fingida adornada con palabras llenas de aire.

Finalmente, sin eufemismos y en lenguaje franco: lo esencial del Acuerdo de Paz de La Habana ha sido traicionado. El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos. Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de 3 millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo. La sustitución está empantanada porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos.

El mismo personaje ha saboteado el funcionamiento de la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo imponiendo con ello que más de15 mil imputaciones de paramilitarismo y de apoyo económico a esas estructuras criminales, que según Memoria Histórica han asesinado a 100 mil colombianos, duerman engavetas en la Fiscalía el sosegado sueño de la impunidad.

El Acuerdo tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia que fue haber firmado, primero, la Dejación de las Armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros. Esa es la causa de los problemas que hoy afrontan los ETCR por incumplimientos del Estado. Ingenuamente creímos en la palabra y la buena fe del Gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos. Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin. Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales. Que alguien nos diga a qué bolsillos fueron a parar los recursos del post conflicto colocados tan generosamente por los países donantes.

Señores y señoras congresistas: nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible, porque de lo posible se ocupan los demás todos los días.

Reciban de nuestra parte un saludo cordial.

Iván Márquez                                             Oscar Montero (El Paisa)

Septiembre 22 de 2018, Octavo aniversario del asesinato de comandante Jorge Briceño

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