El Aprendiz Del Embrujo

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Finge La Paz, reinventa la guerra y Privatiza lo público. Balance del primer año de gobierno de Iván Duque. Un gobierno para la violencia y el despojo

 

 

Aprendiz del Embrujo 1

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Mientras las sociedades permanecen con sus estructuras y sus crisis, con sus avances y sus desastres, los gobiernos son cosa efímera, y, a la postre, los gobernantes terminan siendo titulares de un periódico que nadie quiere ya leer. Generalmente solo apreciamos la faramalla del presente y nos engañamos creyendo que la verdad está en el alboroto del discurso oficial. Para analizar la actual administración es preciso tomar distancia de estos datos, procurando

otra perspectiva.

Sería una equivocación colocar al centro la persona del gobernante. Visto de cerca todo personaje público revela sus miserias. De otra parte, el discurso en sí mismo es insuficiente, si es cierto que el papel aguanta todo hay que ir más allá de lo que la gente dice de sí, con más veras si se trata de políticos. Acaso pueda verse la significación histórica de una gestión gubernamental si se la coteja con los retos de la sociedad a la que pretende servir. De otro modo, si la gestión de que se trata está en la ruta de superar los obstáculos que se presentan a la sociedad para conquistar una existencia digna para quienes la conforman, que es, después de todo, el fin esencial de la convivencia.

Acaso el principal desafío de la sociedad colombiana tiene que ver con la superación de la guerra que nos desangra.

La paz debiera estar por encima de las banderas partidistas y de todo interés particular. Es la noción contenida en el precepto constitucional de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Así, un gobierno estará bien encaminado si acerca el fin de la guerra o, por el contrario, estará descaminado si prolonga esta tragedia.

Otro reto no menos importante y quizás condición y resultado de la superación de la guerra, es la construcción de una comunidad política en función del interés general. Una tendencia de nuestro tiempo es la corporativización del Estado, lo que se ha llamado la captura de lo público por los intereses privados, a veces también ilegales. Viéndolo bien, todo interés particular que se apodera del Estado traspasa la frontera de la legalidad, sin importar que para ello se respeten las formas jurídicas e institucionales.

Hacer República, poner las instituciones en función del bien común, desprivatizar el Estado es una condición para la plena vigencia de los derechos humanos, para la existencia de la democracia y para la conquista de una convivencia satisfactoria.

Así, un gobierno estará bien encaminado si nos aproxima al ideal de un Estado que encarna lo público o, por el contrario, estará descaminado si el Estado se mantiene como un botín que se

disputan los políticos y las corporaciones para su propio beneficio.

El gobierno Duque recibió un proceso de paz en marcha: acuerdo con una de las fuerzas insurgentes, acaso la más determinante; conversaciones abiertas con otra; apoyo y respaldo de la comunidad internacional en esta empresa; cumplimiento más que satisfactorio de lo acordado por la parte insurgente; espera confiada por buena parte de la opinión y en vastas regiones del país porque el proceso llegara a buen puerto. De hecho, los índices de mortalidad por causa violenta cayeron a niveles no vistos hace varias décadas.

La paz era, perdón, es la gran oportunidad de la sociedad colombiana. Sin guerra será posible enfrentar los grandes déficits en materia social y ambiental de nuestro país. Superada la confrontación armada será posible que los recursos que hoy se destinan a comprar armas, a aprovisionar combatientes, a garantizar la seguridad de personas e instalaciones, se dirijan al gasto social y constructivo: a consolidar el sistema educativo, a reorganizar la prestación del

servicio de salud, a crear condiciones para que florezcan el arte, la cultura y el deporte, a integrar el país, a construir bienestar para los campesinos, a desarrollar ciudades amables para todos sus habitantes.

Todo indica que en paz, Colombia tendrá el renacimiento que ya anuncian los logros de nuestros deportistas, académicos y cultores de las artes.

Sin embargo, otra cosa piensan los que se han lucrado con la guerra y han incrementado sus posesiones a la sombra del conflicto armado. Estimulando el odio y los prejuicios que genera, han logrado que parte de la opinión nacional se manifieste contraria al proceso de paz. En un esfuerzo sistemático han hecho del desarrollo legal de los Acuerdos la ocasión para hacerlos trizas. No fue posible realizar a cabalidad la reforma política, la reforma rural integral está en veremos, no hay presupuesto para adelantar los programas consignados en el Acuerdo Final.

Aunque no tuvieron éxito en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, no cejan en el empeño de desvirtuarla.

Las instancias de derechos humanos y de construcción de la memoria se encomiendan a fabricantes de argumentarios en contravía de la paz. Para terminar, el estatuto de la oposición, fruto de los Acuerdos de La Habana, se ha convertido en rey de burlas por cuenta de las jugaditas de dignatarios del Congreso como el bachiller Macías.

Aún más, preocupa el rol determinante que vienen retomando las Fuerzas Militares en este tiempo. Purgados los mandos comprometidos con la paz, retorna la lógica eficientista que propició los falsos positivos, otra vez se regresa a las zonas de rehabilitación o de consolidación –ahora llamadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral-- y ha vuelto la aspersión de glifosato con su secuela de hambre y devastación. Incluso se encomienda a militares y ex militares la protección del liderazgo social en riesgo.

El presidente Duque se pasea por el extranjero alardeando de su compromiso con la paz solo que el único que resulta engañado es él mismo: es sabido por todos que a la sombra de la demolición de los Acuerdos se vienen eliminando a la dirigencia cívica y comunitaria que defiende los territorios y la dignidad de su gente.

A ratos se tiene la tentación de pensar que la paz le quedó grande a la dirigencia colombiana.

Sin embargo, la comunidad internacional y los movimientos sociales se vienen encontrando en el reclamo por el cumplimiento del Acuerdo Final y por el cese del exterminio del liderazgo social. Por lo mismo, lejos de ser una materia perdida, el futuro de Colombia es un campo en disputa.

Un factor generador de violencia y estímulo para todos los conflictos es la captura del Estado por los intereses privados. En sí mismo es un acto de corrupción pues pone los recursos financieros e institucionales a disposición de los particulares que bien pueden apropiárselos o utilizarlos en su beneficio. Por ejemplo, cuando por disposición del Estado todo vehículo debe usar una determinada proporción obligatoria de etanol, se convierte forzosamente al ciudadano en tributario de los dueños de los ingenios que lo producen. Igual que cuando se entregan los baldíos de la Nación a los grandes capitales cuando deberían destinarse para los pobres que los necesitan. Como cuando se apropian de los alimentos destinados a los niños de guarderías y colegios y regiones enteras ven a sus niños morir de desnutrición. O se pagan sobrecostos por las contrataciones o los funcionarios que las asignan cobran comisiones. En todos estos casos el Estado es apropiado por los particulares.

Recientemente la Contraloría General de la República estimó en 50 billones de pesos por año la sangría de los recursos públicos por cuenta de la corrupción. Casi un billón semanal.

El hecho es que la corrupción se ha hecho sistémica, los representantes de los intereses privados más poderosos ocupan los ministerios y demás altas posiciones del Estado. Lo que sigue es favorecer a sus mandatarios en las decisiones que a diario deben tomar, como la liquidación del contrato de la Ruta del Sol según la cual el Estado deberá indemnizar con 1,2 billones de pesos a Odebrecht y Sarmiento Angulo. Hoy entre los ministros se destacan los representantes del sector privado y se han instalado las puertas giratorias por las cuales, valga el ejemplo, se pasa de asesorar los negocios del grupo Aval a cuidar los intereses de los poderdantes en la Fiscalía General de la Nación.

El Plan Nacional de Desarrollo, el plan maestro de la gestión gubernamental para los próximos cuatro años, es la más reciente manifestación de la captura del Estado. Del Plan se retiró toda mención al Acuerdo Final y a los derechos humanos.

Es un portafolio de negocios, sin más. Como en cajón de sastre, el Plan integra multitud de preceptos administrativos, tributarios, procedimentales de todo tipo, constituyéndose en una super norma anti-técnica en la que todo cabe bajo el supuesto de que son mecanismos necesarios para la ejecución del plan, que no son otra cosa que los mecanismos para facilitar los negocios (desde prórrogas hasta por treinta años de contratos de concesión minera, por ejemplo, o la creación de los operadores catastrales que es la puerta de entrada para la privatización de la normalización de los títulos de propiedad o lo que es lo mismo la profundización de la contrarreforma agraria).

Desde el Estado se viene promoviendo una mentalidad de desprestigio del sector público como gestor ineficiente y servidor corrupto. Fue el argumento para desmontar el Estado como prestador de servicios. Como se ve en los servicios de salud, los privados se quedaron con las clínicas y los hospitales a precios de quema, sin mejora en los servicios pero sí aumento en la corrupción. Con todo, el ciudadano común sigue creyendo que lo privado es mejor y presa de los prejuicios que le inculcaron con deliberación, termina cómplice inconsciente de los que se apoderan del Estado y acaba por justificar el expolio.

Así se erige el gobierno como una agencia para la guerra y los negocios, a la luz del día y con la pasividad de una ciudadanía que abrumada por el alud de denuncias y atropellos naturaliza la violencia y el despojo.

Todo indica que el gobierno Duque será una mala época para la paz y los derechos humanos. Nada bueno podrá esperar el país en estos dos campos. El margen del gobierno es escaso. Los resultados de iniciativas como las objeciones a la JEP muestran que Duque no cuenta con las mayorías en el Congreso.

Aún más, en los próximos meses se verá la real fuerza del uribismo que no llega a la tercera parte del Congreso, incluso regalándole la fracción incondicional de la vicepresidenta. La convergencia que lo llevó a la Presidencia es quebradiza. La cohesionó más el miedo que un posicionamiento positivo sobre el futuro. En el momento indicado vendrá la desbandada,

porque como decía una venerable abuela: a los amigos se los visita en el hospital, hasta se los acompaña al cementerio, pero uno no se entierra con ellos.

Pese a lo anterior habría que anotar que los partidarios de la paz no están mejor para ser alternativa. Es insuficiente decir solamente no a la guerra. Es necesario que la paz se llene de un contenido concreto y consensuado o será un conjunto inarticulado de anhelos y deseos piadosos, de aspiraciones benévolas y buenos sentimientos. Pero quién será capaz de hacerles entender que esta es la condición para vencer y que siendo el Acuerdo de Paz una gran conquista, hay que completarlo con propuestas para la ciudad y los jóvenes, para la universidad, la cultura y la ciencia, que tengan en cuenta la industria, el sistema financiero y la articulación a la economía mundial.

Entre tanto, la oposición real estará en las plazas y los paros, en las marchas contra el asesinato del liderazgo, en la pelea por el agua y en la defensa de la producción campesina. Voces que el poder no oye y desatiende seguro de la fuerza bruta del Esmad, hasta el día en que la realidad alumbre la descomunal dimensión de su equivocación. Entonces será tarde.

El país habrá de seguir polarizado y como en la danza de los indígenas amazónicos que nos describe José Eustasio Rivera, daremos vueltas en círculo repisando las mismas huellas. Sólo faltan tres años para que termine esta aburrida siesta.

Empieza la cuenta regresiva.

* Por: Camilo Castellanos

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