La cooptación final del ejecutivo de todos los poderes desde los órganos de control hasta la rama judicial. El quiebre final del "check and balance" en Colombia,

Linea Conflicto Social y Paz

Por: José Fernando Valencia Grajales*

Un llamado a revisar los riesgos a los que se ha expuesto la separación de poderes debido a la cooptación del Estado desde que se quebró la Constitución de 1991 cuando se aprobó la reforma Acto Legislativo No. 02 de 2004, por el congreso de Colombia y el ejecutivo así como la nefasta Sentencia C-1040/05, que firmo la sentencia de muerte a la garantía de la independencia judicial en Colombia

 

 

PODERES CONCENTRADOS

En el contexto actual de las protestas, se observa en el panorama colombiano el respaldo de cierto sector de la Rama Judicial al Gobierno Nacional, dicha situación, ha dejado en entre dicho la independencia, autonomía e imparcialidad además de mancillar el check and balance (Mendieta & Tobón, 2018), que se espera del órgano jurisdiccional que será el encargado de conocer de los posibles desmanes, abusos y arbitrariedades del Estado en las protestas, además, de revisar sí los decretos que se han expedido por el presidente en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la Covid 19 están ajustados a la Constitución y Tratados Internacionales ratificados por Colombia.

El 5 de mayo las Altas Cortes de Justicia suscribieron un comunicado por los trágicos hechos que rodean las manifestaciones pacíficas que iniciaron el 28 de abril, en el hacen una llamado al diálogo claro, abierto, sincero y respetuoso entre los líderes del país, en el cual, se busquen consensos que permitan gestionar los conflictos y escuchar las demandas de la ciudadanía; también, realizaron un llamado a investigar y esclarecer los hechos constitutivos de violencia, además, manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas por hechos de abusos, vandalismo y vulneración a derechos humanos en el marco de las protestas; sin embargo, en el mismo comunicado informaron que se iban a reunir con el presidente Ivan Duque, al otro día en la Casa de Nariño.

Efectivamente, el 6 de mayo, los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Disciplina Judicial, y la Vicepresidenta del Consejo Superior de la Judicatura, suscribieron una declaración conjunta con el Gobierno Nacional, la cual, parecía un espaldarazo de cualquier empleado del ejecutivo, que valido el programa del gobierno y dejo más claro la intromisión y la cooptación del Estado dentro del poder judicial, donde algunos funcionarios judiciales hacen lobby a las políticas del gobierno, olvidando su compromiso ético con la función jurisdiccional. Dicha circunstancia ya se había vivido durante vigencia de la violencia en Colombia y del Frente Nacional, cuando los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de forma sistemática declararon exequibles los decretos de estado de sitio, pisoteando los derechos humanos y los tratados internacionales vigentes para dicha época. Pero donde muchos de ellos alegaron su aceptación por el temor a perder sus empleos a causa del control ejecutivo sobre el nombramiento de los magistrados. Asunto que no pasaba de ser una mera disculpa pero sin embargo hoy los magistrados no pueden alegar tal injerencia, y por el contrario evidencian la dañina connivencia histórica entre política y justicia (Valencia-Grajales, 2018; 2019).

Bajo este panorama dejan constancia los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez Najar, que no están de acuerdo con esta la Declaración conjunta del Gobierno y los Presidentes de las Cortes, y se acogen a la que se realizó el 5 de mayo (Rama Judicial, 05/05/2021); pero también presentan su inconformidad con lo ocurrido en los siguientes puntos:

Primero, que debe prevalecer la independencia judicial, por tanto, no es de recibo un acuerdo conjunto con el Gobierno que deja en entre dicho la labor de la Corte como guardián de la Constitución

Segundo, no se debió alterar el contenido de la declaración del 5 de mayo

Tercero, la Rama judicial no debe reconocer las acciones y programas del Gobierno, debido a que es la Corte Constitucional quien puede llegar a conocer situaciones de ese índole dentro de su función judicial

Cuarto, “Así como válida y legítimamente se condenaron y rechazaron los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad colombiana, también ha debido condenarse y rechazarse el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho” (Rama Judicial, 05/05/2021).

De ahí, cabe preguntarse ¿Existen pactos entre cierto sector de la Rama Judicial y la presidencia de Iván Duque? ¿Son solo algunos altos funcionarios de la Rama Judicial los que participan de dichas relaciones? ¿Qué motiva la alianza de poderes y a quién beneficia? ¿Qué otros hechos pueden derivar o ser resultado de dichos acuerdos?

Lo anterior es difícil de resolver, pero si da pie a preguntarse ¿tendrán que ver en dichas circunstancias las bonificaciones a los magistrados en tiempos de pandemia-austeridad y crisis económica? A lo que se suma las situaciones actuales en las que se vienen presentando una serie de irregularidades al interior de la Convocatoria 27 o concurso de méritos para nombrar los jueces y magistrados de tribunal en Colombia, que a pesar de haberse realizado el examen de conocimiento y las pruebas psicotécnicas el 25 de noviembre de 2018 según el cronograma fijado por el Consejo Superior de la Judicatura, aún sigue siendo incierto su resultado, debido a que la Universidad Nacional de Colombia y la Unidad de Administración de Carrera Judicial, mancomunadamente decidieron declarar de facto la nulidad de la calificación del examen, y recalificando sin fundamento, teórico, practico, probatorio o legal. Lo que dejo en entredicho el respeto de los derechos de los concursantes admitidos al concurso, violándoles el acceso a los cargos públicos, a la buena fe, a la confianza legítima, a la legalidad y al debido proceso, además, de la desconfianza hacia el Consejo Superior de la Judicatura por querer mantener en el tiempo jueces y magistrados en provisionalidad para poder seguir teniendo el control sobre el nombramiento de los mismos, o nombrándolos bajo pretextos de necesidad del servicio o reviviendo la lista de elegibles de concursos caducos (Rama Judicial, 31/01/2020).

Ante estos cuestionamientos ni los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría o Defensoría del Pueblo), se pronunciaron al respecto, y mucho menos lo iba a realizar la presidencia o el ministerio de justicia, permitiéndose que se contrarié el ordenamiento jurídico. A lo que se sumó la tesis del Consejo de Estado de que por vía de tutela no se protegen transitoriamente los derechos de los concursantes admitidos. A pesar de que sus fallos contrarían las posturas de la Corte Constitucional en sentencias T-033/02, SU050/17 y Sentencia T-748/98. El Consejo de Estado ha apoyado la decisión del Consejo Superior de la Judicatura en realizar un nuevo examen en plena pandemia sin dar explicaciones de fondo sobre lo ocurrido en el examen de méritos ya realizado, sin que estas situaciones hayan sido decididas por la Corte Constitucional, sin garantías de transparencia, y el cual ha sido aplazado en dos ocasiones, generando más controversias que en ultimas están mostrando síntomas de fallas estructurales dentro del sistema judicial.

Ahora bien, el Presidente de la república Iván Duque Márquez, el Ministro de hacienda y crédito público y el ministro de justicia y del derecho expidieron en el marco de la pandemia el Decreto 272 de 2021, en el cual, se le otorga una bonificación a jueces y magistrados de tribunal, que si bien su fundamento, es la Ley 4ª de 1992, no se había realizado por los gastos que representaba para el Estado, sin embargo, a pesar del hueco fiscal actual de Colombia, se va a pagar dichos dineros que como su nombre lo indica son una prima especial, lo que indica que no es una necesidad en las condiciones actuales.

Esta situación en consonancia con la creación de cargos transitorios en las Altas Cortes, juzgados y los tribunales para la vigencia del 2021 como los Acuerdos PCSJA21-11750 26/02/2021 y PCSJA21-11764 11/03/2021), emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura, disponiendo de grandes recursos para poner en funcionamiento más despachos que al final no evidencian que se haya mejorado la atención o se logre proteger el derecho fundamental al acceso a la justicia que tiene la ciudadanía y que cada día se hace más distante e inexistente para el ciudadano de a pie, que no tiene para pagar un abogado o para esperar varios años a que le resuelvan sus procesos.

Pero no siendo lo anterior lo único, se presenta un nuevo elemento que alimenta la sospechas, como lo es la expedición del Decreto 333 de 2021, expedido por presidencia y el cual reforma el reparto de las acciones de tutela contra las instituciones y organismos del Estado, presentando un cambio trascendental que indica que solo el Consejo de Estado será el único tribunal que resolverá como órgano de cierre las tutelas contra la Presidencia de la República, lo que implica, preservar una ideología centralista que va en contravía con los postulados de la Constitución Política que indica que cualquier juez es juez constitucional y que prohíbe la fijación de competencias en materia de tutela al ejecutivo y que lo único que puede morigerar es la carga de trabajo con los criterios de reparto para garantizar el trabajo equitativo de los jueces, pero jamás para definir competencias.

Es por ello por lo que dicho decreto ha sido atacado, porque es una norma que busca desviar el control constitucional del ejecutivo, dirigiéndolo al Consejo de Estado porque dicha corporación viene emitiendo una serie de sentencias que beneficia al ejecutivo, yendo incluso en contravía de la jurisprudencia vinculante (obligatorio cumplimiento) de la Corte Constitucional. Justificando dicho decreto en una falsa motivación, uso indebido de la potestad reglamentaria, y poniendo en entredicho las relaciones cercanas entre Gobierno y Consejo de Estado para una aceptación de programas y acciones de gobierno. Lo que evidencia que al no poder disciplinar a todos los jueces que se apartan de las visiones hegemónicas del ejecutivo, se busque contar con la posibilidad de revocar las decisiones de los inferiores ante el Consejo de Estado.

En síntesis, todas las situaciones expuestas hacen un llamado a revisar los riesgos a los que se ha expuesto la separación de poderes debido a la cooptación del Estado desde que se quebró la Constitución de 1991 cuando se aprobó la reforma Acto Legislativo No. 02 de 2004, por el congreso de Colombia y el ejecutivo y la nefasta Sentencia C-1040/05, que firmo la sentencia de muerte a la garantía de la independencia judicial en Colombia, y que hoy se reedita conllevando al incumplimiento de los tratados internacionales ratificados y a que se comprometa la labor de los operadores de justicia al cumplir con su rol fundamental en el acceso a la justicia, de preservar el debido proceso y los derechos de las victimas de violaciones de derechos humanos; que en su máxima expresión conservan los pilares de la democracia.

* Docente investigador UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana, abogado Universidad de Antioquia, politólogo Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, especialista en Cultura Política: pedagogía de los derechos humanos UNAULA Universidad Autónoma Latinoamericana, Magister en Estudios Urbano Regionales de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, estudiante del doctorado en conocimiento y cultura en américa latina Ipecal (Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, A.C.) editor de la Revista Kavilando, Revista Sociología UNAULA y Ratio Juris. Medellin, Colombia. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Bibliografía

Mendieta, D. y Tobón, M.L. (2018). La separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos: del sueño de Hamilton, Madison y Marshall a la amenaza de la presidencia imperial. Revista Jurídicas, 15 (2), 36-52. DOI: 10.17151/jurid.2018.15.2.3.

Rama Judicial (05/05/2021) Comunicado de las Altas Cortes de Justicia, Bogotá, D.C., miércoles 5 de mayo de 2021, Rama Judicial, https://www.ramajudicial.gov.co/web/guest/-/comunicado-de-las-altas-cortes-de-justicia

Rama Judicial (31/01/2020) Circular CSJVAC 19-3 de 2020, Bogotá, D.C., Rama Judicial, https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2324131/33504036/CIRCULAR+3+-+2020+-+SITUACIONES+ADMINISTRATIVAS+Y+LABORALES.pdf/baeeb56c-3968-48b3-9a63-926070e927cf

Valencia-Grajales, J. F. (2019). Los poderes excepcionales y los medios de control a las facultades extraordinarias al jefe de estado: del consulado a los estados de excepción. El Ágora USB, 19(1), 279–292. https://doi.org/10.21500/16578031.4130

Valencia-Grajales, J. F. (2018). Historia del control constitucional durante el frente nacional: revisión jurisprudencial de las sentencias de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio. Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana.

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