Manifestamos nuestro rechazó al continuo gasto militar que realizan nuestros gobiernos y que va en desmedro de toda nuestra población y de la necesidad que se dispongan de más recursos económicos para enfrentar la pobreza y satisfacer nuestros derechos a un trabajo digno, a una atención de salud oportuna, a una educación de calidad, como al acceso a una vivienda, entre tantos otros derechos insatisfechos
El ELN declara paro armado en el Baudó, del 2 al 5 de mayo, denunciando expansión paramilitar y complicidad estatal. Comunidades afro e indígenas claman por verdad, justicia y una paz que transforme su realidad marcada por el olvido y la violencia.
Es fundamental que el gobierno cumpla los acuerdos existentes por el Desmonte del Paramilitarismo y asuma implementar un camino de cambios y transformaciones estructurales que permitan la real protección de lideres lideresas sociales.
En Junio de 2024 la policía de la provincia de Quebec detuvieron 13 personas como resultado de la operación llevada a cabo en todo Canadá sobre tráfico de armas de fuego y armas de fuego de fabricación casera. Este tipo de negocio, marginal hace apenas tres años, es cada vez más frecuente.
En un nuevo pronunciamiento, el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reafirma su compromiso con la búsqueda de una paz con transformaciones estructurales en Colombia, en medio de la creciente crisis del proceso de diálogo con el gobierno nacional. El comunicado, fechado el 21 de abril de 2025, plantea críticas directas al presidente Gustavo Petro, denuncia incumplimientos del Estado y llama a la sociedad a no desistir en la construcción de un país distinto.
No aceptamos que la solución a la guerra sea llamar y celebrar que haya más guerra, y mucho menos en épocas de nuevos autoritarismos, de carreras armamentistas desenfrenadas, de absurdos militarismos.
Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional que la comunidad campesina colombiana, ha sido víctima de agresiones que comprenden gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Nacional los días 27 de marzo del 2025 en Saravena Arauca y 29 de marzo en Cajibío Cauca.
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
