Comunidades del Pacífico Caucano denuncian ráfagas y bombardeos de la Armada Nacional en zonas civiles de Timbiquí. La Red de DD.HH. señala graves infracciones al DIH que ponen en riesgo la vida de 6,000 personas en territorios colectivos de MESPA.
La paz no es solo silencio de fusiles. En esta intervención, Gelacio, docente investigador, amplía el debate sobre la paz urbana en Medellín, vinculándola directamente con el modelo de ciudad neoliberal y el sistema económico extractivo que genera profundas desigualdades.
Colombia no ha superado la violencia; la ha normalizado. Este análisis recorre sus raíces históricas y muestra cómo la desigualdad, la falta de reformas y la “ignorancia deliberada” sostienen el conflicto, evidenciando que la paz exige memoria y organización social.
Pablo Ruiz* / Los Científicos Atómicos señalaron, en enero de 2026, que estamos a 85 segundos de la medianoche o del Juicio Final ante las amenazas de una guerra nuclear y por el cambio climático.
Por: Alfoso Insuasty Rodríguez* / Del Plan Colombia al emergente “Plan Ecuador”, América Latina vuelve a ser laboratorio de control territorial. Bajo la retórica de seguridad, se militarizan territorios estratégicos para contener a China, asegurar recursos y debilitar resistencias populares.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / En Colombia, defender los derechos humanos sigue costando la vida. Tras el Acuerdo de Paz de 2016, la violencia no cesa, se ha transformado. Sin desmontar las estructuras de poder, élites, extractivismo e impunidad, la paz deviene promesa vacía y la guerra se recicla, como advierte el reciente informe (2022–2025) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* / El Chocó evidencia una crisis estructural donde extractivismo, control paramilitar y abandono estatal convergen. Comunidades quedan atrapadas entre actores armados y economías ilegales, mientras persisten denuncias de connivencia institucional y ausencia de garantías sociales.
La crisis que atraviesa la USO trasciende una disputa sindical, pone en juego su memoria histórica, su autonomía frente al poder corporativo y la defensa de Ecopetrol. El desafío es evitar que la resistencia obrera termine administrada por los intereses del capital.
En El Volador, más de 50 años de historia comunitaria chocan con el “progreso” del Metro de la 80: expropiaciones, desalojos y familias desplazadas. Una pregunta queda abierta: ¿desarrollo para quién y a costa de quién?
El problema no está en que el Estado combata el crimen organizado, proteja a la población o fortalezca sus capacidades de investigación y justicia. La cuestión fundamental es qué concepción de seguridad orienta estas decisiones, qué diagnóstico territorial las sustenta y cuáles son sus límites jurídicos, políticos y humanitarios.
