Al acercarse el 15 de mayo, luce peor el TLC con Estados Unidos. Porque se conocen mejor sus efectos y el gobierno toma medidas que van más allá del texto del Tratado, según lo denunciaron distinguidos académicos estadounidenses sobre la Ley Lleras 2.0, que reglamenta el internet () o el aumento de cinco a diez años de la protección de los datos de prueba en agroquímicos, alargando el monopolio extranjero. La revista Dinero señaló la preocupación de las compañías de seguros colombianas porque las aseguradoras norteamericanas podrán vender seguros en el país sin siquiera instalar una sucursal, exceptuando –¿hasta cuál nuevo acuerdo?– los del sector público. Algo parecido preocupa a UNE y a la ETB, víctimas de uno de los capítulos más leoninos del TLC, que las obliga a alquilarle sus equipos, y a precios “razonables”–es decir, a menos precio–, a cualquier norteamericano que se instale en Estados Unidos a vender llamadas entre los dos países.

Comparto la conclusión de Jorge Orlando Melo: “si en Colombia la izquierda es débil e impotente es porque hay guerrilla”.

Los campesinos y dirigentes sociales en el departamento de Arauca, coinciden en afirmar que la decisión de erradicar manual y voluntariamente los cultivos de coca se debió a los estragos que ocasionó la política ‘antinarcóticos’ del gobierno colombiano: las siete etapas de fumigación con Glifosato que tuvieron que soportar desde el año 2003 no se dirigieron contra dichos cultivos, sino que afectaron las plantaciones de plátano, cacao y otros productos agrícolas propios de la región; así lo expresa Hermes Burgos, dirigente campesino del municipio de Fortul:

La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos [FCSPP] dentro de sus labores de Promoción, Formación y Denuncia de los Derechos Humanos, en especial con las personas detenidas por motivos políticos y en general con la población carcelaria, denuncia que el pasado 9 de abril ante la presunta negligencia del Establecimiento Penitenciario de Puerto Triunfo Antioquia “El Pesebre”, murió el Preso Jovany Montes Martínez.

Hay que atravesar el barrio Belén, uno de los más grandes de Medellín y pasar por las Violetas; de un momento a otro el paisaje urbano se torna verde y después de transitar cinco minutos por una carretera empinada, surcada por casas pobres, se llega al corregimiento de Altavista, un bello paraje rural rodeado de montañas y viento fresco, en el sur occidente de la capital de Antioquia. Pero, a pesar del ambiente campestre y la aparente tranquilidad, el pasado jueves 19 de abril de 2012 cientos de niños y niñas se encontraban frente a la casa de gobierno de Altavista, realizando una actividad en contra de los asesinatos de más de 15 jóvenes del sector en lo que va de este año.

En los disturbios presentados el pasado miércoles 18 de abril de 2012 en el campus de la Universidad de Antioquia, en la ciudad de Medellín, resultó herido el agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad-de la policía, Uriel Andrés Rincón Muñetón. El comandante de la policía metropolitana, General Yesid Vásquez, a través de un comunicado de prensa, calificó el hecho como “un ataque terrorista a nuestro agente”. Pero  varias versiones de algunos estudiantes y personas que estuvieron cerca de los hechos aseguran que el ataque fue realizado por otro miembro de la policía, quien arrojó sobre su compañero una granada de aturdimiento, aparentemente recalzada.

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