Afectados por el desarrollo. Ciudad de Medellín.

En las épocas de mayor violencia de los barrios de la ciudad de Medellín aparecen y avanzan los proyectos de infraestructura; ¿por qué el estado local no tiene la capacidad de atacar la delincuencia y la violencia, pero si logran avanzar en sus proyectos de infraestructura en el mismo territorio donde están matando y desplazando a sus habitantes?

   Medellín se ha venido haciendo alrededor de la violencia del país. Los años de mayor poblamiento de la ciudad se dan a partir de la década de los 50´s, como resultado de los procesos de despojo, desplazamiento y violencia política en contra de las familias campesinas en los diferentes municipios y veredas del departamento de Antioquia.

La llegada a la ciudad ha significado para estas familias comenzar desde cero; la construcción de casas, barrios, iglesias, escuelas, caminos y demás condiciones necesarias para reconstruir su vida, todo hecho a punta de pico y pala en los convites comunitarios. Con los años las administraciones municipales han llegado a estos barrios a “legalizar” estos espacios comunitarios y se los han apropiado como espacios públicos, administrados por ellos.

Esto hace que las comunidades vayan perdiendo su autonomía y poder sobre el funcionamiento de los mismos. Ya no es de la comunidad, sino del Estado.

Igualmente ha pasado con los espacios de participación comunitaria; las reuniones de los vecinos se han “legalizado” a través de las juntas de acción comunal y su funcionamiento es regulado y administrado por el Estado; se ha perdido la autonomía de la comunidad para tomar decisiones sobre sus planes de vida y los mecanismos propios de participación comunitaria.

Fueron años de lucha contra la monopolización del Estado por los espacios construidos por la comunidad, por la defensa de la autonomía, la propiedad colectiva sobre los bienes comunitarios y el plan de vida social de los habitantes de los nuevos barrios.

Llegan los años 80 con todo el tema del narcotráfico y la represión estatal. Lo que aún no estaba cooptado por la institución estatal es eliminado, o en el caso de los lideres, asesinados; se hace un exterminio de lo que aún se opone al poder del Estado.

Se logra silencio, desarticulación y el miedo a las organizaciones de la comunidad.

En medio de esta situación, logran las instituciones del Estado recoger los bienes comunitarios, incluyendo las organizaciones sociales, bajo su potestad y su control.

Pasa esta oleada de violencia y regresa la esperanza, la necesidad de recuperar lo comunitario para rehacer de las cenizas que dejo esta época un proyecto de vida común. Aparece en la vida de los barrios, los proyectos de desarrollo, de infraestructura, movilidad, etc., liderados por el estado para llevar “progreso a los barrios”.

Cuando comienzan a desarrollarse, empiezan los problemas, porque se dan los atropellos, los desalojos a los habitantes, los insultos por parte de los funcionarios públicos a los líderes y sus comunidades. De nuevo los habitantes de los barrios se juntan para apoyarse frente a estas problemáticas del barrio y, como cosa ya sabida en la historia de Medellín, asesinatos de hombres y mujeres que lideran las causas.

Vuelve el caos, el miedo, la desarticulación. Algunos se van desplazados del barrio y los que quedan entregan su vivienda por los tres pesos que le ofrecen para hacer el “Proyecto que traerá el progreso al barrio”.

Esto pasa en: Tranvía Ayacucho, Puente madre Laura, Moravia, Barrio el Naranjal, Metro cable Picacho, Las Palmas, Comuna El Poblado, Las Mirlas, Naranjal (San Cristóbal), Bello Oriente y otros barrios y veredas más.

Las instituciones del Estado, la empresa privada y los funcionarios públicos, se enfilan para lograr a toda costa su cometido, realizar el negocio del metro cable, del túnel de occidente, del puente, de la circunvalar etc., con o sin el favor de las leyes, con o sin el consentimiento de las organizaciones comunitarias y los habitantes de los barrios.

Además, hacen todo lo posible por llevar al proyecto al mínimo costo posible, no pagando las propiedades sobre los terrenos a las familias, incumpliendo las compensaciones e indemnizaciones a que tienen derecho las familias, desplazándolos violentamente de los barrios sin derecho a reclamar, declarando zonas de riesgo para disminuir costos de compra y legitimando el desalojo de las familias, asesinando líderes.

Así se viene adecuando la ciudad innovadora, la ciudad de servicios; Medellín hecha a sangre y fuego. Aprovechando el caos que genera la violencia y la pobreza para imponer los proyectos de “desarrollo”, escondiendo a los pobres del turismo nacional y extranjero, desviando a manos particulares miles de millones en recursos públicos que deberían mitigar los daños sociales causados por los proyectos, favoreciendo las inversiones de capital en menoscabo de la de vida de los habitantes de la ciudad.

Sorprende como las instituciones y sus funcionarios públicos, ISVIMED, EDU, las secretarias de la gobernación de Antioquia y de la alcaldía de Medellín, la policía, las universidades etc., no responde en lo más mínimo a los intereses y reclamos de los afectados, ninguna cumple su función de velar por el bienestar y la justicia en los procedimientos, por el contrario, todas son negligentes y atropellan a los habitantes de los barrios, son mentirosas, engañan, ocultan información, maltratan a los líderes, no hacen nada por la justicia ni por el interés general.

*David Sanchez Calle, politólogo investigador Grupo Kavilando, Yeni Pino Franco Socióloga, investigadora Grupo Kavilando. Integrantes de la Red Interuniversitaria por la Paz -REDIPAZ-

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