Dudas en Nuevo Naranjal de Medellín por líos jurídicos del constructor

BARRIO NARANJAL

El Grupo Solarte es investigado por supuesta corrupción.

Se observan las torres del proyecto levantadas hasta ahora, pero faltan más obras contempladas en el Plan Parcial Naranjal.

Cinco años después de iniciada la ambiciosa ejecución del Plan Parcial Naranjal y Arrabal, considerado en su momento un hito de la transformación urbana de la ciudad, está al borde de convertirse en la peor tragedia inmobiliaria de la capital antioqueña.

Digamos que la renovación del sector, conformado por el tradicional barrio Naranjal, la unidad residencial La Macarena y Arrabal, es un proyecto que aunque arrancó hace 21 años y todavía no logra una concreción, puede aguardar.

Pero lo que sí no da espera, y tiene con señal de alarma a la Alcaldía, es lo que puede observarse entre la calle San Juan y la carrera 65: al lado de un imponente edificio de torres, en ladrillo y vidrios a la vista, un cercamiento con vallas metálicas y el escaso movimiento de obreros y máquinas deja en evidencia que las obras permanecen inacabadas.

Se trata de las llamadas Unidades de Actuación Urbana (UAU) 2 y 3 que, tal y como lo expresó Andrés Uribe Zapata, subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), presentan un preocupante retraso de aproximadamente un año.

Los trabajos, que deberían ser entregados este año, fueron reprogramados para finales del año próximo. La UAU2 es la más avanzada. Tiene los edificios construidos y habitados por unas 90 familias, más las oficinas de abogados y jueces que ocupa el Tribunal Superior de Antioquia. En la 3, la EDU no ha alcanzado las condiciones o punto de equilibrio para comenzar el proyecto y la 1 todavía no se ha empezado siquiera a ejecutar.

Nuevo Naranjal

El Grupo Solarte es investigado por supuesta corrupción, además ha incumplido con la inyección de recursos económicos.

¿A qué obedece esta circunstancia preocupante que obligó, incluso, a un debate en el Concejo de la ciudad? El mismo funcionario de la EDU adujo una serie de contratiempos que bien pueden explicar, mas no justificar, la evidente parálisis de la obra.

Primero, la entidad tiene diseños, pero no las licencias de construcción para la UAU3; tampoco ha logrado las preventas necesarias para arrancar el proyecto, así como la adquisición predial completa. Y, segundo, “aunque a la 2 le faltan 18 meses de trabajo bien hechecitos, hoy estamos lentos porque el constructor nos está incumpliendo, nos está quedando mal. Entonces, la incertidumbre es a partir de cuándo podremos comenzar la reactivación de las obras”, afirma Uribe.

En efecto, el grupo inversionista y constructor, Carlos Alberto Solarte Solarte (CASS), está incumpliendo porque la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al señor Solarte y a su hija Paola Fernanda, quien fue la representante legal, por irregularidades en la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas que tenía como objeto la construcción de un túnel en la capital del país. Solarte es investigado por peculado e interés indebido en la celebración de contratos y la hija, además del mismo delito, por peculado por apropiación y cohecho para dar u ofrecer.

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Pero, aunado a este problema judicial, está que la EDU ha solicitado a CASS retomar la construcción de las torres sin que el resultado de la ejecución haya sido el esperado debido a que falta inyectarle recursos.

Es decir, el grupo CASS se había comprometido como socio del proyecto no solo a desarrollarlo técnicamente sino también a aportar 30.000 millones de pesos. Hasta ahora, solo ha entregado 16.000 millones de pesos. El lío en el que se encuentra inmerso, para acabar de completar, se le ha convertido en un riesgo reputacional que dificulta la consecución de créditos.

“Él no está cumpliendo con la obra. Es claro. Igualmente, no están los trabajadores adecuados para una obra de esta magnitud”, agrega Uribe. La obra pasó de tener 400 a 40 trabajadores.

Ante estos hechos, la EDU instauró una demanda arbitral solicitando que se declare el incumplimiento del contrato por parte de CASS y el pago de los perjuicios generados por los retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones. Con esto, la entidad busca destrabar el proyecto y seguir avanzando. Aclara Uribe que siempre con una posición abierta a la conciliación porque lo que se quiere es sacarlo adelante.

Entonces, en ese sentido, los esfuerzos de la EDU están en tratar de llegar a un acuerdo con el inversionista para continuar con el mismo, ya sea porque aporte los recursos necesarios para reactivarlo o porque, eventualmente, ceda el contrato. Si no se da ninguno de estos dos escenarios, en consecuencia, “nos queda la vía judicial”.

Para el concejal Bernardo Guerra Hoyos todo este embrollo es desconcertante e incomprensible. El corporado, incluso, se atrevió a hablar de una estafa inmobiliaria.

Guerra sustenta su afirmación basándose en que hace cinco años, cuando se inició el Plan Parcial, más allá de los moradores, los comerciantes, los habitantes de calle y el deterioro del sector, había una preocupación en Camacol y la Lonja de Propiedad Raíz sobre la estructuración del proyecto.

La EDU instauró la demanda arbitral solicitando que se declare el incumplimiento del contrato por parte de CASS y el pago de los perjuicios generados por incumplimiento

En una reunión en el hotel Intercontinental, a la que la EDU citó a los constructores para que participaran en el proyecto, en el 2013, la condición era poner 30.000 millones de pesos, para solo lo residencial que contempla el Plan Parcial. Ningún constructor de Antioquia se le anotó a esa oferta aduciendo, básicamente, que no había información suficiente sobre el acometimiento de redes, por ejemplo o aseguramiento del proyecto. También preguntaron: ¿Por qué 30.000 millones de pesos de entrada? ¿Por qué la EDU iba en todo el negocio no solo como operadora urbana, sino también de socia, gerente y hasta de vendedora?

Para Guerra el proyecto se ‘totió’, porque además de empezarlo con un socio único, los Solarte, su especialidad es hacer vías y no viviendas. De hecho, el Grupo trabajó en la anterior administración de Aníbal Gaviria, cuando fue gobernador de Antioquia, y ganó la pavimentación de unas vías en el Bajo Cauca y Urabá. “¿Cómo le entregan un proyecto de renovación urbana a un señor que construye carreteras?”, se pregunta Guerra.

El proyecto hoy es incierto. Sin embargo, Uribe dice que esta administración, a través de la EDU, tiene la tarea de hacer todo lo infinitamente posible para llegar a feliz término. Pero, mientras sale la demanda y la Justicia resuelve la situación de los Solarte, nadie sabe cuánto tiempo más pueda demorar.

Jorge Iván García J.

Para EL TIEMPO

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Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/dudas-en-nuevo-naranjal-de-medellin-por-lios-juridicos-del-constructor-248050

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