El ELN declara paro armado en el Baudó, del 2 al 5 de mayo, denunciando expansión paramilitar y complicidad estatal. Comunidades afro e indígenas claman por verdad, justicia y una paz que transforme su realidad marcada por el olvido y la violencia.
Imágen: Comunicado emitido por el ELN sobre el paro armado en el rio Baudó y sus afluentes. mayio 2025
Po: Alfonso Insuasty Rodríguez. REDIPAZ
Mediante comunicado público, el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) declara un paro armado de 72 horas sobre el río Baudó y sus afluentes, en respuesta a la grave situación de orden público que afecta a esta región del departamento del Chocó.
El anuncio se enmarca en la creciente confrontación con estructuras paramilitares asociadas al Clan del Golfo, cuyo avance en la zona ha sido facilitado, según denuncia el comunicado, por la connivencia de las Fuerzas Militares y autoridades locales.
Esta medida, que restringe toda movilidad entre el 2 y el 5 de mayo de 2025, es presentada por el grupo insurgente como una acción para evitar afectaciones a la población civil en el contexto de los recientes enfrentamientos armados.
La situación, sin embargo, pone nuevamente en evidencia una realidad persistente: el abandono histórico del Estado colombiano en territorios como el Chocó, ricos en biodiversidad y recursos minerales, pero sumidos en el olvido institucional, la precariedad en inversión social y el control territorial por actores armados ilegales.
El comunicado describe una red de control paramilitar profundamente instalada en la subregión del Baudó, con presencia armada en ríos, quebradas y cabeceras municipales, donde se denuncian graves violaciones a los derechos humanos como amenazas, desplazamientos, abusos sexuales, intimidación y vínculos con rutas de narcotráfico.
Estas estructuras, lideradas por alias “Piernas Limpias” y sus subordinados, operan abiertamente y con impunidad, atravesando retenes militares y policiales sin impedimento alguno, lo cual refuerza las denuncias sobre la permisividad estatal y la falta de protección efectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas.
El ELN denuncia además la consolidación de una ruta de narcotráfico que articula ríos y comunidades desde el medio hacia el alto Baudó, y acusa al Estado de no intervenir estructuralmente para proteger a la población ni frenar el poder creciente de estas alianzas paramilitares.
A juicio de organizaciones sociales y comunitarias del Chocó, este tipo de situaciones reflejan una política de seguridad fallida que privilegia la militarización sin resolver los factores estructurales de la violencia: pobreza, marginación, desigualdad y exclusión histórica.
En este contexto, resulta urgente un pronunciamiento claro y acciones concretas por parte del Gobierno Nacional.
Las comunidades del Chocó requieren una real y sostenida inversión social, reconocimiento a su autonomía étnico-territorial, atención integral en salud, educación, infraestructura y mecanismos efectivos de protección colectiva.
La construcción de paz incorporar transformaciones reales que garanticen condiciones de vida digna y soberanía popular.
La persistencia de la violencia en zonas ricas en recursos naturales pero despojadas de institucionalidad revela la necesidad de una política pública integral que desmonte las alianzas criminales, garantice justicia y propicie una paz con enfoque territorial.
El Estado colombiano está llamado, además, a investigar de forma urgente las constantes denuncias de complicidad entre agentes públicos y estructuras paramilitares, así como a restablecer el control legítimo del territorio en beneficio de las comunidades históricamente vulneradas.
Hechos como los denunciados en el Baudó reflejan que la paz sigue siendo una deuda pendiente. La solución duradera solo será posible si se aborda con seriedad el clamor de las comunidades: verdad, justicia y transformaciones estructurales.
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