Presos políticos, resistencia popular y sueños de paz en Colombia. Primer Café Intal en Europa

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Omar Eduardo Rojas Bolaños*

Los presos políticos es el producto de la cosmovisión de Estados que cierran puertas para la crítica, el desarrollo, la participación y la inclusión.

 

 

PRESOS politicos

No podemos hablar de presos políticos sin contextualizar en tiempo, espacio y temáticas la realidad social y política de una sociedad. Los presos políticos son el producto de la cosmovisión de Estados que cierran puertas para la crítica, el desarrollo, la participación y la inclusión. Se presentan en sociedades que catalogan a sus nacionales como “enemigos internos” cuando estos luchan por reivindicaciones sociales y protección de los derechos humanos. 

Los Estados, a fin de evitar sanciones internacionales optan por no denominar presos políticos a sus opositores ideológicos. Existe una delgada línea entre presos políticos y presos por activismo social.

Ocho meses le han bastado al heredero del promotor de la política de seguridad democrática, para incentivar el caos y la guerra en el país. Los mensajes enviados durante la campaña electoral de hacer trizas los acuerdos de la Habana se están haciendo realidad. La violencia en el país es alarmante. Desde que se firmaron los acuerdos, diciembre de 2016, han sido asesinados 128 ex combatientes. Los exterminan a ellos y sus familias. En la última semana un niño de siete meses fue asesinado en un atentado contra una pareja de ex combatientes. Después del asesinato del bebe seguidores del partido político centro democrático justificaron la muerte. No solamente se asesina a los que entregaron el fusil y firmaron un compromiso por la paz, se asesina a sus familias.

A estos homicidios se suman los de 138 líderes y lideresas sociales asesinados durante el gobierno actual y la de 50 líderes indígenas asesinados en el presente año. Cada dos días se asesina un indígena. Los asesinan bajo la mirada indiferente del gobierno, de las autoridades civiles, militares y de policía. Panfletos de las autodenominados “Águilas negras”, organización criminal encargada de hacer el trabajo sucio de quienes incendian el país con ideas de extrema derecha, son entregados diariamente a opositores, críticos y defensores de los derechos humanos.

Grupos de paramilitares y de bandas criminales se encuentran posicionándose en las regiones donde operaba las FARC-EP. A ello se suma un grupo de ex combatientes que desilusionados por el incumplimiento de los acuerdos se han visto forzados a regresar a la guerra. Aunque el gobierno no lo reconoce, pero si instancias internacionales, las FARC era un instrumento de protección de la tierra, del medio ambiente. Hoy los antiguos territorios donde operaban están siendo devastados.

Ganaderos y empresarios impulsan la colonización de las selvas, del territorio. Detrás de ellos narcotraficantes y grandes multinacionales dedicadas a la industria petrolera y a la explotación de minerales. Los colonos se encargan de limpiar la selva y como trofeo venden la madera. Los ganaderos siembran pasto y después de un tiempo les venden los terrenos a las multinacionales para su explotación. Solamente en el último trimestre del 2018 se identificaron 43.000 áreas deforestadas. La deforestación aparentemente es negocio de colonos, pero no es así.

Los gobernantes de Colombia pasaron de administrar lo público a negociar lo público. Desde la presidencia de la República se hacen negocios privatizando y vendiendo el país. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural se preocupa más por lograr que la multinacional Monsanto se quede con el negocio de las semillas mortales, o sea de semillas procesadas en laboratorios, obligando al campesino a comprarlas. Estas solamente sirven para una cosecha.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hace dúo con el Ministerio de Minas y Energía y su gestión gira alrededor de autorizar licencias para la explotación petrolera a través del fracking y la explotación minera. El agua se la roban, se roban los ríos, los contaminan. Para extraer un solo gramo de oro se requieren mil litros de agua. El agua queda con restos de metales pesados, nitrato, mercurio y cianuro perjudiciales para la vida.

La Fiscalía General de la Nación, órgano para administrar justicia, se ha dedicado a defender a quienes ostentan el poder y se encuentran comprometidos con actos de corrupción. Ni la movilización popular ha logrado que el Fiscal renuncie a pesar de las evidencias.

Ante los fenómenos sociales y la ausencia de justicia la población únicamente cuenta con la plaza pública, la calle. En ella la sociedad se expresa en contra de la corrupción, en favor de la paz y de la Justicia Especial para la Paz. Esta última es la posibilidad para conocer la verdad y cerrar heridas, pero mafiosos, criminales, narcotraficantes e ideólogos de extrema derecha le tienen miedo. Grandes movilizaciones se han tomado las ciudades por lo que el gobierno intenta criminalizar la protesta social aduciendo que detrás de ellas se encuentran los “enemigos”. Para las fuerzas armadas y la extrema derecha de Colombia el “enemigo interno” es la izquierda. El Ministro de Defensa Nacional lo ha declarado públicamente.

Bajo el concepto de “enemigo interno” se cataloga no solamente a los integrantes de movimientos insurgentes, subversivos. Comunistas, líderes y lideresas sociales, líderes campesinos, líderes indígenas, defensores de los derechos humanos, activistas sociales y defensores del medio ambiente, sindicalistas, escritores, estudiantes, promotores y seguidores de la Colombia Humana, además de quienes han decidido entregar las armas para contribuir en la paz, son los enemigos, son los terroristas. A la lista se le agrega los profesores y los denominados por militares, policías e integrantes del centro democrático como castro/chavistas.

En Colombia las personas capturadas en manifestaciones públicas por expresar descontento social se les señala de ser terroristas. Aparentemente los activistas sociales no son retenidos por sus ideas políticas sino por actividades terroristas. Aunque no se ha formalizado a través de una ley, pero si en el devenir de las instituciones de seguridad, la protesta social se encuentra criminalizada. Para ello se recurre a la infiltración de agentes del Estado en marchas, movilizaciones y mingas, además de otras. Los servidores públicos asignados para esta actividad además de provocar, realizan acciones terroristas para que la comunidad nacional e internacional perciban a los activistas como terroristas. Fuera de las marchas a los activistas e intelectuales, cuando no son detenidos o asesinados, se les involucra en Falsos Positivos Judiciales. El Falso Positivo es la estrategia de la guerra sucia, la guerra psicológica, la guerra política y la guerra judicial a la que recurren Estados y organizaciones para debilitar al adversario, al opositor, a quien ha sido declarado enemigo. El propósito del Falso Positivo es el de debilitar la crítica, silenciar la sociedad y manipular masas.

En Colombia según datos del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, a abril del 2019, existen solamente 735 presos políticos señalados de rebelión, sedición y asonada. La categoría no contempla quienes por su activismo social son aprendidos durante marchas o movilizaciones, como tampoco presos políticos capturados en el exterior por gobiernos con los cuales existe una cooperación en seguridad e inteligencia. Con información construida en dependencias judiciales se construye expedientes con falsos informantes y falsas evidencias con las que se engaña a los países cooperantes.

*Sociólogo, investigador, Consejero de Paz (CONPAZ) Medellín, e integrante del Grupo Autónomo de Investigaión y Editorial Kavilando.

 

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