Por la vida, ¿Hasta la vida misma?: Líderes sociales en Riesgo (Colombia)

Observatorio K.

Por: Alfonso Insuasty Rodríguez, Hector Alejandro Zuluaga Cometa. Revista El Ágora USB

No podemos ni debemos ver el crecimiento en la militarización, la criminalización, la eliminación de los movimientos sociales, populares, comunidades afro, indígenas, campesinos, etc., como meros fenómenos desconectados o meramente coyunturales, no podemos verlos de forma aislada, éstos son fenómenos estructurales, intencionados, direccionados, derivados de un modelo impuesto

 

 

LIDERES ASESINADOS

Luego del Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón en Bogotá a la fecha (agosto 12 de 2019) han sido asesinados 750 líderes y lideresas tras la firma de los acuerdos de paz, de los cuales 150 pertenecían a diferentes etnias.

Según cifras del informe realizado por INDEPAZ-Marcha Patriótica y Cumbre Agraria fechado del 23 de julio del presente año, entre noviembre de 2016 y julio de 2019 se han asesinado a 623 personas líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en todo el país. 21 de ellos el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 en el año 2019 (INDEPAZ-Cumbre Agraria-Marcha Patriótica, 2019).

Es preocupante la cifra de 137 reincorporados, del proceso de paz entre el Estado colombiano y el hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, que han sido asesinados: 2 en el año 2016, 38 en el año 2017, 65 en el año 2018 y 32 en el año 2019, según cifras del mismo informe a julio de 2019 (INDEPAZ-Cumbre Agraria-Marcha Patriótica, 2019).

El informe reconoce que el 95% son campesinos, dirigentes comunales, indígenas, afros y sindicalistas de 155 municipios y realizando un comparativo de los homicidios reportados en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, la tasa más alta se centra en los de-partamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo y Chocó (INDEPAZ-Cumbre Agraria-Marcha Patriótica, 2019).

En ésta misma lógica, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), ante el plan exterminio que padecen en el Cauca, fenómeno que se incrementó luego de la úl-tima minga realizada al inicio de 2019, asegura que: “En Colombia existen 102 pueblos indígenas de los que hay 8 en aislamiento voluntario, 70 de los 102 están en grave riesgo de exterminio físico y cultural; 31 en riesgo de extinción, 39 en inminente exterminio físico y cultural” (Bolaños, s.f.).

Planteamiento que ha sido ratificado por fallos de la Corte Constitucional sobre los efectos de la guerra en esas comunidades entre ellas los Auto 382/10 y 004 de 2009. Así mismo, advierte que varias de esas comunidades ven como sus territorios son ocupados por la industria petrolera, la agroindustria, mineras legales e ilegales de orden nacional o internacional. Todos van despojando sus territorios con el apoyo decidido del Gobierno Nacional de turno, quien, además, incumple sistemáticamente los diferentes acuerdos logrados con la Minga, 216 pactos en total.

La Onic destacó que los hechos victimizantes más recurrentes contra estas poblaciones se registran en Cauca con 1.692 casos, Nariño con 1.346 episodios, Valle del Cauca con 899 casos y Chocó con 3.146 novedades. Adicionalmente, esa organización señaló que el conflicto armado está generando desplazamientos, confinamientos y crímenes en los resguardos ubicados en los departamentos de Nariño, Antioquia, Risaralda y Norte de Santander. (Trujillo Beltrán, 2019).

En este caso concreto, es de cuestionar que, grupos armados copen territorio de manera tan fácil, sin ser controlados o contenidos por el Estado, en una zona del país donde hace presencia una fuerza de tarea conjunta denominada Hércules con al menos 9800 efectivos. Además, vienen circulando panfletos sobre la presunta responsabilidad, unos aparentemente firmados por el “Cartel de Sinaloa”, otros por las “Águilas Negras” lo cierto es que ya es conocido éste modus operandi de los perpetradores de este tipo de exterminios, grupos paramilitares, en asocio con políticos, empresarios con fuerte interés en determinados territorios, mafias y fuerza púbica. Vale recordar el caso de la masacre de Trujillo (Valle) por el cual fue condenado el Estado Colombiano. No podemos caer en la tentación de los distractores que buscan desviar la atención de un fenómeno más de fondo, lo más fácil ahora, es cargar toda la responsabilidad a grupos que aún no se tiene la certeza de su real presencia en la zona, o de su real responsabilidad. Estas afirmaciones lo que si logran es diluir la búsqueda de los verdaderos responsables aumentando los índices de impunidad.

El problema de fondo sigue siendo el mismo, las mismas causas que han derivado en eternos ciclos de conflictos armados, es la disputa de territorios y tierras para implantar un modelo económico hegemónico y útil para ciertas élites.“... Según el último informe de la Fundación Forjando Futuros, las afirmaciones del presidente Iván Duque acerca de que a los líderes sociales los matan por problemas con narcotraficantes o por poner en evidencia el negocio de la minería ilegal, son falsas o, por lo menos, faltas de contexto.

De acuerdo con las investigaciones de los miembros de la fundación antioqueña, el asesinato de defensores de derechos humanos está relacionado con un problema histórico en Colombia: el robo de tierras” (Semana Rural, 2019). Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, advierte, además, que los departamentos con el mayor número de agresiones contra defensores de derechos humanos son: Cauca, Antioquia y Norte de Santander, regiones que coinciden con un mínimo avance en la restitución de tierras (FFF, 2019). (ver imagen y mapa 1)

Exterminio abate ahora sobre comunidades indígenas

Ahora bien, es de recordar lo que ocurrió en la última Minga Indígena en el Cauca (2019), un fuerte paro que centró su fuerza en una de las vías más importantes del país: la Panamericana.

Esta Minga, puso en jaque al Gobierno de Ivan Duque, quien no cumplió la cita final acordada y prometida como punto de cierra de dicha movilización Indígena y que tampoco ha cumplido lo acordado para el levantamiento de dicha movilización (Becerra Elejaldo, 2019). En el desarrollo de ésta Minga, el país vivió una alta tensión política en la que lamen-tablemente se elevó un lenguaje racista y de corte feudal, latifundista de sectores del Gobiernos Nacional, como lo hizo Mindefensa por ejemplo, quien afirmó sin fundamen-to, que la Minga indígena que mantenía bloqueada la vía Panamericana estaría infiltrada por grupos armados organizados (Colprensa, 2019), de senadores del sector político del Presidente como la señora Paloma Valencia, y del propio Expresidente y Senador Alvaro Uribe, jefe del partido político de gobierno Centro Democrático, quien afirmó: “si la auto-ridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta” (Semana, 2019).

Es importante decir que ésta senadora hace parte del Clan Valencia dueña de grandes extensiones de tierras en el Cauca y con una historia de Colonización marcada por un lar-go conflicto por la tenencia de la tierra que los indígenas reclaman como suyas (Molano, 2019), ni que decir de los ingenios azucareros, la producción creciente de Etanol, entre otros intereses de gran calado económico, que requiere de mayores extensiones de tierra para el monocultivo, disponer de fuentes de agua y lo que ello implica, todos intereses que chocan en la región con los reclamos de las comunidades indígenas y negras (Mondragón, 2008). Otro tanto es la minería de oro, cobre, etc., entre los minerales codiciados para extraer en ésta región (Verdad Abierta, 2014), no siendo poco, se añade el creciente conflicto por la coca que para los indígenas en una planta ancestral y tiene muchos otros usos, pero, para los grupos ilegales es fuente de riqueza ilegal que alimenta los carteles y grupos armados en la región (Acevedo Avila, 2019).

Esta dinámica de exterminio no es nuevaEl 15 de mayo de 1903, finalizada la denominada Guerra de los Mil Días en Colombia, luego de la exponsión y los tratados firmados por el General Rafael Uribe Uribe en Neerlandia y el general Herrera a bordo del USS Wisconsin, entre otros, es asesinado el indígena Victoriano Lorenzo conocido también como el General de los Cholos Libres. Asesinato que fue producto de la persecución revanchista del gobierno Conservador, con la aquiescencia y colaboración de dirigentes liberales, contra el ejército Restaurador (Cantor, 2013).

Avanzado el siglo XX esta historia se repite una y otra vez contra los indígenas, afros, campesinos, y ahora con mayor fuerza, contra el movimiento social. Recordar la violencia infringida contra el naciente movimiento obrero en la conocida Masacre de las Bananeras (Torres Giraldo, 2009) El asesinato del dirigente liberal Jorge Eliecer Gaitan y el ataque al movimiento social campesino que había constituido grupos de Autodefensas Agrarias para defenderse de los ejércitos de terratenientes y de la policía conservadora luego de este se convertiría en las segundas víctimas que se extienden en la historia hasta el día de hoy. Hecho que continuaría con el asesinato de dirigentes desmovilizados de las guerrillas liberales del Llano como Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure Moncaleano, bajo montajes judiciales y combates ficticios ejecutados por la Fuerza Pública que hoy conocemos como falsos positivos. En esta historia extendida de asesinatos, surgen varias insurgencias en Colombia que entre los años 1985-1994 consideran la solución pacífica del conflicto armado era posible iniciando diálogos de paz, y que, como parte de algunos acuerdos, alcanzan la fundación de múltiples partidos políticos y movimientos sociales acogiendo la propuesta de exponsión del Estado Colombiano.

Este es el caso de la Unión Patriótica, la Alianza Democrática M19, Esperanza, Paz y Libertad, la Corriente de Renovación Socialista, entre otros. Partidos políticos que vieron asesinados y amenazados sus dirigentes políticos en todos los niveles, desde candidatos presidenciales, hasta miembros de organizaciones de trabajo comunitario.

Este breve recorrido histórico permite evidenciar la lógica de la persecución y el asesinato sistemático contra el movimiento social y popular y contra las formas de participación política que han asumido en diversos momentos históricos grupos armados insurgentes. Se ha promovido una guerra contra todo aquello que se diferencie del modelo económico imperante.

Han sido sistemáticamente asesinados lideres e integrantes de sindicatos agrarios, integrantes de Organizaciones Populares de Vivienda (OPV) como la Central Nacional Provivienda (CENAPROV) que hoy ha sido reconocida como víctima sujeta de reparación colectiva junto con el Instituto Popular de Capacitación IPC (Otálvaro, 2017) y el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño (Verdad Abierta, 2018).. Casos que se suman a los denominados casos nacionales de Periodistas, Concejales y Diputados, Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, Organismos de Acción Comunal y organizaciones como el Partido Comunista Colombiano, la Red Nacional de Iniciativas por la paz y Contra la Guerra (REDEPAZ), la Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos (ASFADDES), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC UR) (Unidad para la Atención y reparación integral a las víctimas, 2019).

Otro tanto se agrega de las elevadas cifras de Falsos positivos o crímenes de Estado, que incluyen: el asesinato a sangre fría de civiles (pobres) para elevar las falsas cifras de bajas en combate, el asesinato de líderes sociales y el discurso oficial afirmando que se trata de hechos aislados o que fueron asesinados por líos de faldas, por deudas o por ajus-te de cuentas etc., también, la incriminación falsa de líderes sociales como participes de delitos, entre otras múltiples estrategias de dilación, distracción, desviación.

Más neoliberalismo: ¿más persecución, militarización y muerte?

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