Por: Alfonso Insuasty R*
¿Existen tierras aptas para cubrir esta demanda de alimentos? Afirma la FAO que gran parte de las tierras aptas, que todavía no están explotadas, se concentra en unos pocos países de América Latina y el África subsahariana.
La guerra global por los recursos incluye la comida.
Según las proyecciones y planes estratégicos a 2050, trazados por diversas oficinas de la ONU, dan cuenta no solo de la lucha por los recursos minerales para aceitar un modelo de desarrollo basado en el crecimiento constante, sino también en identificar de manera clara las regiones con tierras aptas y aún disponibles para el cultivo de alimentos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en sus proyecciones muestran que para 2050 contaremos con una población mundial mayor a los 9.100 millones de seres humanos, y para contar con alimentos que cubran esta demanda, se hará necesario aumentar la producción de estos en un 70 % entre 2005/07 y 2050.
De hecho, los informes muestran que 113 millones de personas en 53 países experimentaron niveles elevados de inseguridad alimentaria en las crisis alimentarias más graves del mundo en 2018. El tema es complejo y exige medidas prontas.
Ante este panorama, los países potencias toman la decisión, como estrategia geopolítica: ahondar su ingreso al delicado mundo de la alimentación humana en clave de negocio. Esto, en parte porque los países ricos ya no cuentan con capacidad de producción y expansión de alimentos por lo que esperan que dicha producción se haga desde los países llamados “en desarrollo”, lo que implica que ésta tenga que duplicarse,
“así, la producción anual de cereales, por ejemplo, tendría que incrementarse en casi mil millones de toneladas, y la producción de carne en más de 200 millones de toneladas, hasta alcanzar un total de 470 millones de toneladas en 2050 —el 72 % de ellas en los países en desarrollo, frente al 58 % en la actualidad—. Alimentar de forma adecuada a la población mundial también significaría producir el tipo de alimentos que faltan para garantizar la seguridad nutricional” (FAO, 2009).
Pero ¿existen tierras aptas para cubrir esta demanda? Afirma la FAO que gran parte de las tierras aptas, que todavía no están explotadas, se concentra en unos pocos países de América Latina y el África subsahariana.
“Se prevé que el 90 % del crecimiento en la producción agrícola a nivel mundial (80 % en los países en desarrollo) se deba a rendimientos más altos y a la intensificación de cultivos, y el resto a la ampliación de la superficie de las tierras. La superficie de tierras cultivables se incrementaría en unos 70 millones de hectáreas (…) La mayor parte de este aumento de superficie en los países en desarrollo tendría lugar en el África subsahariana y América Latina” (FAO, 2009).
La FAO estima que en el mundo hay cerca de 2.600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900 millones están ubicadas en siete países: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudan, Argentina, Bolivia y Colombia,
Colombia es uno de los pocos países con gran potencial de expandir su área agrícola sin afectar el área de bosques naturales, es el cuarto país de América Latina con las tierras disponibles para producción agrícola, es el tercer país con mayores recursos de agua y con diversidad climática, y es el tercero de América Latina con mayores tasas de precipitación anual, ocupando el puesto décimo en todo el mundo. A pesar de este potencial, en Colombia 3,4 millones de personas están subalimentadas y viven mayoritariamente en zonas rurales donde sus condiciones estructurales reproducen día a día las causas de su hambre. (FAO, 2018)
No sólo se requieren tierras para la producción de alimentos para el consumo humano, sino también:
- Para la producción de alimentos para animales (maíz, soya, etc.). En 2030, el negocio de la alimentación en África valdrá un billón de dólares, por ejemplo.
- Para agrocombustibles (caña de azúcar, palma de aceite, etc.). En 2040 alcanzará el mundo los 2,8 millones de barriles diarios, el doble que durante 2010.
- Para explotaciones forestales industriales.
- Aprovechamiento y uso intensivo de agua.
- Venta de áreas protegidas y de los recursos genéticos.
- Proyectos minero-energéticos.
- Para uso de mecanismos que buscan compensar la emisión de carbono (por ejemplo, REDD5)
- Para la especulación con el precio de la tierra.
Ahora bien, el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, agrega a éste panorama que el mundo cuentan con un umbral de 12 años para tomar medidas drásticas y prevenir cambios climáticos devastadores, pues el aumento de 1.5 grados en la temperatura terrestre precipitará el riesgo de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos para cientos de millones de personas. (ONU, 2019)
Todos estos hechos hacen que la tierra tenga un lugar central en las dinámicas de la economía; por ellos hoy asistimos a un retorno de lógicas coloniales de relacionamiento, oculta sí, tras los requerimientos ante empréstitos internacionales, anclajes al orden dominante comercial, una suerte de distribución internacional de la producción que ubican a ciertos países como proveedores de materias primas y mano de obra a bajo costo, etc.
Esta dinámica ha disparado, entre otras, el acaparamiento de tierras convirtiéndose hoy en un problema de primer orden, pues aumentará los procesos de despojo, empobrecimiento, desigualdad, en tanto se privilegiaría para el desarrollo de proyectos anclados al mercado y necesidades globales entre las que se encuentran la producción de alimentos para el consumo humano, de animales, agrocombustibles y actividades extractivas.
Dicho acaparamiento se viene desarrollando en países que aún cuentan con disponibilidad de tierras y fuentes de agua: África y América Latina.
Se suma a ello que países, en el caso de América Latina, según el informe de Oxfam (2019), cuentan con unas democracias “capturadas”, en tanto “La democracia en América Latina y el Caribe no parece conseguir que los gobiernos representen los intereses de la mayoría. El 75% de la población latinoamericana piensa que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. Cuando se gobierna para los poderosos, quiere decir que el Estado está capturado” (Cañete Alonso & Bonilla, Democracias capturadas : el gobierno de unos pocos, 2018). Es así como estos estados han generado las condiciones sociopolíticas y jurídicas necesarias para atraer y darle seguridad a las inversiones extranjeras, entre ellas las agrícolas, aún por encima de la producción interna.
Según el think tank californiano Oakland Institute, el Banco Mundial es un impulsor primordial de las apropiaciones de tierras que despojan y empobrecen a las comunidades rurales en el mundo entero. Es un actor central que utiliza su poder financiero y político para obligar a los países en vía de desarrollo a seguir un modelo de desarrollo pre-determinado, basado en los principios neoliberales de privatización, desregulación, bajos impuestos a las empresas y en el mantra fundamentalista del "libre mercado".
En este sentido, el Banco Mundial ha creado un nuevo indicador, Enabling the Business of Agriculture (EBA), mediante el cual promueve la adquisición de tierras a gran escala y la expansión de los agronegocios en el mundo en desarrollo. Se dictan así disposiciones para las reformas a favor de los negocios que los gobiernos deben llevar a cabo en el sector agrícola, se dictan a los gobiernos directrices como: formalización de los derechos de propiedad privada, facilitar la venta y el arrendamiento de tierras para uso comercial, sistematizar la venta de tierras públicas mediante subasta al mejor postor y mejorar los procedimientos de expropiación. Se califica a los países según cuán bien implementan el asesoramiento sobre políticas del Banco. Los puntajes luego ayudan a determinar el volumen de ayuda y la inversión extranjera que reciben (Mousseau, 2019).
Se espera así que este indicador de tierras se expanda a 80 países en 2019, el cual había iniciado como piloto en 38 países en 2017. Esta propuesta está financiada por los gobiernos de EE. UU., el Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates.
El relato justificador de esta política global para el despojo se centra en afirmar que los países de bajos ingresos no administran la tierra pública de manera efectiva y que buscan proteger los derechos sobre la tierra; es un reiterado argumento ya conocido, neoliberal, que en éste caso busca ahondar los procesos de privatización de todo en América y el Sur Global, en favor de los privados, de intereses del mercado global, donde no se tiene en cuenta que millones de familias rurales viven y trabajan en estas tierras y que allí han generado arraigo, cultura, valores, allí han basado su existencia y mucho menos tiene presente que de estas tierras se surte el sustento de otros miles de seres humanos de éstas regiones.
Así, el negocio se mueve: Hedge Funds, instrumentos de capital de riesgo, fondos de pensiones e incluso universidades de élite como Harvard o Vanderbilt, TIAA-CREF (uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo) o UBS Agroinvest (filial del gigante bancario suizo UBS), entran al negocio del acaparamiento de tierras, una táctica a largo plazo pues es claro que los precios de los alimentos suben o bajan en los mercados financieros.
Consecuente con ello, “existen unas 800 empresas chinas haciendo negocios en África, la gran mayoría en infraestructuras, energía y agricultura (…) En 2030, el negocio de la alimentación en ese continente moverá un billón de dólares. Ahora bien, lejos de pensar en hacer caja, para países como China o Arabia Saudí es una razón de subsistencia, o sea, de asegurarse tierras con las que alimentar a una población que crece de forma exponencial” (García Vega, 2014).
El expresidente estadounidense George Bush adquirió cerca de 40.000 hectáreas de tierras en la zona de Fuerte Olimpo, en el departamento del Alto Paraguay, en el Chaco paraguayo, un territorio ubicado muy cerca de la frontera con Bolivia (HOY, 2014).
El caso de Etiopía es importante como referente de la precaución que se debe tener, en tanto luego de la hambruna de 1984, efectivamente su PIB creció (108%) pero gracias a un programa de arrendamiento de tierras a empresas extranjeras que, según el sociólogo Dessalegn Rahmato, los beneficios no llegaron a la población local, afirmó: “Se están llevando la tierra. Y con ella, los recursos naturales, porque estos inversores están esquilmando los campos, destruyendo los bosques y talando los árboles” (Rahmato, 2014).
Según el portal landmatrix.org, que hace seguimiento y monitoreo a las transacciones con tierras a nivel global, en 2017 se tenía un área consolidada en contratos de arrendamiento y compraventa (incluyendo los negociados, en negociación y no exitosos) por parte de agentes transnacionales que asciende a 49.102.696 hectáreas, área que es equivalente a aproximadamente 43% de la superficie continental de Colombia (Arias Castillo, 2015).
Este no es un fenómeno nuevo pues pasamos de terratenientes (capitalismo feudal) a grandes corporaciones (capitalismo comercial); ahora, entramos con gran fuerza a la era de los consorcios financieros. Lo común en todos es que acuden a la apropiación por despojo, a la generación de violencia, mayor desigualdad y el empobrecimiento de comunidades enteras, sumado a ello, ya estamos hoy ante un planeta que no aguanta más.
La Amazonía no escapa a esta voracidad, a esta tendencia del negocio global, se viene deforestando, quemando grandes áreas de selva, sin acciones reales y contundentes de los gobiernos locales y menos internacionales, dichas tierras quemadas se van acaparando de manera acelerada, caso concreto en Colombia, Bolivia, Brasil, Venezuela y Perú, tierras que se destinan al negocia de la ganadería, la agricultura industrial y la minería.
En Colombia, la problemática se va incrementando, se agudiza aún y la firma de un importante acuerdo de Paz, pactado entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia de las Farc-Ep, acuerdo que pretendía poner fin a un conflicto rural de más de 50 años.
Hoy, el problema del acaparamiento de tierras continúa, empresas extranjeras como la europea Poligrow, Cargill -una de las multinacionales de alimentos más grande del mundo que llegó al Vichada-, Pacific E&P y Poligrow (Italia-UK) ambas de Palma de aceite, Forest First (EEUU) que orienta proyectos forestales, Mónica Semillas (Brasil) y Cargill-Colombia Agro (EEUU) con Soya y Maíz, Empresas nacionales como: Reforestadora Guacamayas (Adjudicación a ciudadano extranjero Friederich Beaufort Spontin), Exsenador Alfonso Mattos (Agrícola El Encanto), Grupo Timberland, Familia Lizarralde – Campo (Exministros de Agricultura y Educación), Pablo Valencia (Primo del Ministro Iragorri), Valencia Iragorri (el negocio de los Baldíos), Grupo Aliar – La Fazenda, Aceites Manuelita, Riopaila Castilla, Grupo Corficolombiana – Luis Carlos Sarmiento Angulo (Mavalle, Organización Pajonales, Unipalma, Ingenio Sicarare), entre otras (Arias Castillo, 2015), se han beneficiado de un Estado Capturado que ha generado todas las condiciones para el beneficio de privados.
Este acaparamiento ha hecho uso de la violencia acentuada del constante conflicto armado interno que padece Colombia, además se sufre el actuar de una institucionalidad de Estado ineficiente, así va quedando en evidencia gracias a informes entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de ellos de gran valor, el informe entregado por la Fundación Forjando Futuros en agosto de 2019, un documento que da cuenta de las empresas a las cuales la jurisdicción especial de tierras les ordenó a través de sentencias judiciales, restituir tierras o suspender la exploración y explotación de títulos mineros.
Para realizar este informe la Fundación Forjando Futuros analizó 3960 sentencias a corte del 31 de septiembre de 2018, de las cuales 46 son fallos judiciales que ordenan a 33 empresas hacer restitución de tierras o la suspensión de contratos o títulos mineros. Todas estas sentencias han sido emitidas por las Salas Civiles Especializadas en Restitución de Tierras de 5 tribunales; un insumo clave para determinar responsables, móviles, dinámicas que aportan en la construcción de la verdad para la no repetición en un contexto de construcción de paz en Colombia.
Entre estas empresas se encuentran: Cementos ARGOS S.A., Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A., Sociedad Jorge Herrera E Hijos, Sociedad Agroservicios San Simón S.A., Sociedad Agropecuaria Tacaloa S.A.S., La Pradera de María S.A., Totoide S.A., Mineras Empresas Anglogold Ashanti Colombia S.A., Continental Gold Limited (Sucursal Colombia), La Compañía de Exploraciones Chocó Colombia S.A.S, Bancolombia S.A., Reforestadora del Sinú Sucursal Colombia, Sociedad Inversiones Y&R S.A.S, Inmobiliaria Vizcaya S.A., Agropecuaria Palmas de Bajirá S.A., Agropecuaria Palmagan S.A.S., Todo Tiempo S.A., C.I. Carib Banana S.A., Inversiones Surrambay Limitada, A. Palacios y CIA, Jota Uribe CE Cía. SCA, Fondo Ganadero de Córdoba, Promotora Plantaciones del Darien S.A., Inversiones Jaipera S.A.S., ECOPETROL S.A., Inversiones Futuro Verde S.A., Sociedad Agropecuaria W2 S.A.S., Empresa Urballanos LTDA., Sociedad Agroindustrias Payoa S.A.S., Sociedad las Palmas LTDA, Sociedad Palmas Montecarmelo S.A., Sociedad E. Suarez Y CIA S. en C., Reforestadora Andina S.A. (Fundación Forjando Futuros, 2018).
Un Estado Capturado, que saca juga hasta del aparente abandono al que somete a ciertas regiones, haciendo del abandono su mejor presencia, en tanto dichas zonas son las más codiciadas para anclarlas al mercado global, dejándolas a merced del caos que abarata su costo, incrementando la violencia por su control, ejerciendo así toda la presión para su venta y abandono. Paralelo, genera la normatividad institucional necesaria para posibilitar el tránsito del uso para el beneficio de privados.
Es claro que este panorama genera hambre, desigualdad, concentración de la riqueza, más violencia y destrucción.
Ante esto, se debe pensar y presionar como sociedad activa, participante e incidente, en rediseñar la institucionalidad llamada Estado, sus valores, principios, normas, etc., para que ésta sea proclive a unas políticas redistributivas, encaminadas al bien común, al cuidado de la naturaleza, hacia políticas alimentarias y agrícolas que pongan a los agricultores familiares, a los pastores y a los pueblos indígenas en el centro, que mueva recursos efectivos para potenciar el campo, la vida campesina, la producción y el comercio propio, capaz de abordar los principales desafíos del hambre, la degradación ambiental y el cambio climático, entre otros.
*Docente Invetigador Universidad de San Buenaventura Medellín. Integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz y el grupo Autónomo Kavilando.
Referencias Bibliográficas.
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