El dilema de los nuevos Coroneles Militares: entre Falsos Positivos y la defensa de los derechos humanos.

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Omar Eduardo Rojas Bolaños*

El resultado de no mirar el fenómeno criminal que se registraba dentro de las filas militares generó el asesinato, a sangre fría, en campos de batalla ficticios, alrededor de 10.000 jóvenes no combatientes expuestos como terroristas.

 

 

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Ante la lentitud e imposibilidad de justicia, el conocer la verdad es la única esperanza que le permite a la sociedad y a las víctimas, reconstruir la memoria para no repetir errores históricos, sobre todo cuando se asesinó a más de 250.000 seres humanos y se condenó al desplazamiento interno cerca de 8´000.000 de personas (Colombia sigue siendo el país con mayor número de desplazados internos.

El Tiempo, 19 de junio de 2018). Estos indicadores de violencia no son solamente producto del accionar de grupos rebeldes y grupos paramilitares. El Estado y las fuerzas armadas contribuyeron, tanto al número de asesinatos como al número de desplazados, esto sin llegar a desconocer otros indicadores de violencia como el asesinato de no combatientes presentados como terroristas. La impunidad en el sector defensa y seguridad, la que alcanza en Colombia el 95% (Índice Global de Impunidad IGI 2015. Centro de Estudios sobre impunidad y justicia CESIJ. Universidad de las Américas Puebla, 2015) no puede ser obstáculo para la búsqueda de la verdad puesto que ella, no solamente se indaga en despachos judiciales sino en el terreno.

A pesar de la censura de algunos medios de comunicación (Revista Semana cancela columna de opinión de Daniel Coronell. Sistema Informativo del Canal 1, 28 de mayo de 2019) y de la mordaza que se le quiere imponer a integrantes de las fuerzas armadas para que no denuncien hechos criminales y no cuenten la verdad (Uribismo propone que militares no sean juzgados por la JEP. El Espectador, 19 de octubre de 2017), durante los primeros años de gobierno de la política de la seguridad democrática soldados rasos y suboficiales denunciaron acciones de guerra sucia cometidos por subordinados, compañeros y superiores. El gobierno Uribe, y los altos jerarcas militares, se limitaron a negar los acontecimientos presentando a los denunciantes como desleales. Algunos de los osados militares terminaron desvinculados, otros tratados como orates, y otros, silenciados en escenarios de guerra exhibidos como muertos en acciones terroristas.

El resultado de no mirar el fenómeno criminal que se registraba dentro de las filas militares generó el asesinato, a sangre fría, en campos de batalla ficticios, alrededor de 10.000 jóvenes no combatientes expuestos como terroristas. Hoy en día la historia del Falso Positivo se repite, pero con un nuevo ingrediente. En la administración Duque, señalada como la continuación de la política de seguridad democrática, los que denuncian los Falsos Positivos no son militares de bajo rango sino coroneles a las puertas de ascender a generales. Los nuevos oficiales, apegados a la misionalidad de las fuerzas armadas de velar por los derechos humanos de los habitantes, se niegan a continuar la estrategia de matar como indicador de victoria de guerra. No pueden decirlo públicamente, tan sólo susurrar, pero no aceptan que nueve de sus altos jerarcas, con grado de generales, se encuentren vinculados a los Falsos Positivos de la primera década del presente siglo. “Estos son los que nuevamente piden a la tropa litros de sangre” comentaba un militar entrevistado. Los Falsos Positivos Militares no se han ido, siempre han estado ahí puesto que responden a la guerra sucia y la guerra psicológica agazapadas en la doctrina militar bajo el concepto de “enemigo interno”.

Investigadores, académicos y periodistas, entre otros, persiguen la verdad, en campo abierto, hasta el grado de exponer sus vidas, máximo en sociedades donde el conflicto social es profundo y agudo. Como producto de la denuncia de oficiales superiores, coroneles, por la presión de presentar nuevamente resultados de efectividad militar dentro de la política de seguridad y defensa del actual gobierno, The New York Times publicó a mediados del mes el artículo, Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. Lo revelado por Nicholas Casey como producto de su investigación periodista en campo, generó fuertes reacciones. Congresistas norteamericanos defensores de la democracia y de los derechos humanos, y enceguecidos defensores de asesinatos de Estado en Colombia, además de otros, se expresaron al conocer la noticia de la estrategia militar la que revive los Falsos Positivos Militares. La medida implementada por el mayor general Nicasio Martínez Espinel, comandante del ejército, recurriendo a la planeación estratégica y al plan de acción de la unidad, dispone de una serie de directrices para que el personal subordinado termine violando los derechos humanos. La meta de planeación estratégica militar proyectada no puede estar por encima de las normas constitucionales, máximo cuando en Colombia no existe la pena capital. La estrategia militar pretende alcanzar un mayor compromiso de los militares y mejores resultados operacionales. Persigue enfrentar grupos criminales y subversivos con acciones no transparentes como la de realizar alianzas con criminales, paramilitares. La finalidad es la de duplicar las muertes en combate y las capturas, solamente con una certeza del 60% de la información de inteligencia.

El gobierno nacional cuestionó el artículo argumentando que simplemente es un ejercicio válido de proyección y que no se está implementando el conteo de cuerpos, body count, como medida operacional. Describen el artículo como una visión "tendenciosa, distorsionada y parcializada de los esfuerzos del estado colombiano y sus fuerzas armadas por estabilizar la situación en el territorio colombiano para garantizar orden y seguridad” (Nuevas pruebas que involucrarían a general Nicacio Martínez con falsos positivos. El Espectador, 25 de mayo de 2019).

No obstante, es la misma estrategia utilizada años atrás al momento de programar los planes de acción, donde los comandantes de cada unidad militar proyectaban el número de terroristas a dar de baja durante el año. Montoya engatusó a los militares con un top de muertos en combate, entre más se asesinaba mejor era evaluada, tanto la unidad como los militares ("Un 20 por ciento de las bajas eran falsos positivos": Del Río. NoticiasRCN.com., 9 de junio de 2014). Martínez los conduce por el mismo sendero, pero esta vez los presiona para que combatan todos los días, de ahí su lista mostrando los días que no han participado en combates (José Miguel Vivanco sobre informe del NYT del Ejército de Colombia: las pruebas están y los documentos son muy graves. CNN, 20 de mayo de 2019). En la presión a los subalternos aparentemente no existe la política de recompensas, sin embargo, cuentan con recursos para el pago de informantes y la potestad de otorgar prebendas no en dinero sino en tiempo de descanso, recomendaciones para ascensos y misiones internacionales, y otorgamiento de preseas para enaltecer el uniforme, entre otros.

Mientras que el gobierno reaccionó ante el artículo, protegiendo a los militares comprometidos y realizando lobby con el canciller ante The New York Times, para convencerlos de que la realidad del país no es tan gris como se quiere mostrar, el partido político de Duque realiza otras estrategias. La guerra sucia y psicológica no solamente es utilizada en el campo militar. La senadora, María Fernanda Cabal Molina del centro democrático, partido político con ideas de extrema derecha, en su cuenta de Twitter, colocó en duda varios puntos del artículo, colgando fotografías del reportero Nicholas Casey y del fotógrafo al momento en que realizaban un trabajo en un campamento de la extinta guerrilla Farc-Ep, años atrás. Al sentirse en peligro los periodistas inmediatamente abandonaron el país (Periodista del NYT abandona el país tras reportaje sobre el Ejército. El Colombiano, 19 de mayo de 2019).

El Estado, y quienes ostentan el poder, intenta opacar la verdad y desvirtuar acontecimientos donde se señalan delitos que violan los derechos humanos. La mordaza, la misma que colocan a las víctimas antes de ser asesinadas para que no pidan auxilio, hoy se la colocan a los victimarios de los Falsos Positivos para que no hablen en la Justicia Especial para la Paz. Pero también se la colocan a los cientos de militares que se niegan a aceptar la política de guerra del actual gobierno. Pero mientras mordaza y silencio trata de opacar denuncias en las fuerzas armadas, los medios de comunicación aliados al gobierno censuran y colocan mordaza a sus periodistas.

*Sociólogo, investigador, integrante del Grupo Kavilando - REDIPAZ, actual consejero de Paz CONPAZ, Medellín.

 

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