El desmonte de la policía comunitaria. De proyectos comunitarios de prevención del delito al diligenciamiento de formularios.

Foto: Campaña de entrega voluntaria de armas blancas para ser transformadas en arte (2015)

Un puñado de hombres y mujeres, conscientes de que los primeros que deben velar por los derechos humanos deben ser los policías, hicieron parte de la policía comunitaria. No solamente se encontraban comprometidos con su razón de ser, sino que se involucraban en su función de prevención. Creían que la labor de la policía era fortalecer la convivencia pacífica en las comunidades. Trabajaban por la armonía de la cuadra, del barrio; desestimaban la guerra; y además de escuchar los problemas en materia de seguridad y convivencia de los pobladores, les apretaban las manos en señal de saludo con una pequeña sonrisa de satisfacción del deber cumplido.

Aunque numéricamente eran pocos su gestión sobrepasaba la gestión de unidades con bastante número de personal y con excelente dotación de instrumentos para realizar sus funciones. Al interior de la policía comunitaria no se competían entre el que más comparendos diligenciara, el que más formularios tramitara o el que más ciudadanos reprimiera. Tampoco con el que más armas de fuego incautara o el que más vendedores ambulantes condujera. Su interés era la de fortalecer redes sociales. El servicio de policía que brindaba giraba alrededor de cautivar a los ciudadanos en el arte de la convivencia y la armonía social. Enseñaban a ser buenos ciudadanos a través del ejemplo social, de la responsabilidad del cuidado hacia sí mismo y hacía el otro.

Mientras la labor de la policía comunitaria era reconocida en el vecindario por el ama de casa o por el presidente de la junta de acción comunal, entre otros, a nivel institucional los integrantes de la unidad eran estigmatizados. Se les acusaba de ser “sapos” o “soplones” por informar conductas de violación de los derechos humanos, o actos de corrupción, cometidos por sus compañeros de fuerza. Sus compañeros los señalaban de ser blandengues, profesionales de policía con poca fuerza en resistencia física y moral.

El calificativo otorgado por los policías acostumbrados a la mano dura, no era cierto. Tenían un gran compromiso con la ciudadanía, tenían carácter, eran íntegros, éticos, no eran corruptos ni vendían sus servicios a organizaciones criminales. De vez en cuando algún colado, llegaba recomendado por algún oficial de alta jerarquía quien deseaba esconderlo mientras pasaba algún “brinco judicial” por el que eran investigados. Estos obstaculizaban los procesos de prevención contra el delito y los procesos de acercamiento a la comunidad que la unidad realizaba.

Durante los años 2010 y 2011 en la Policía comunitaria del Valle del Aburrá solamente se conoció un caso de corrupción, pero con los meses la justicia comprobó de que el patrullero investigado no tenía nada que ver con lo que se le inculpaba. Tampoco se registró queja alguna por abusos de poder. Algunas inconformidades fueron presentadas por deudas contraídas o quejas intrafamiliares.

Sin embargo, relacionando el número de personal con el número de inconformidades ciudadanas presentadas contra otras dependencias de policía, estas eran mínimas. Los comandantes de la policía comunitaria fácilmente lograban mediar en aquellos actos de indisciplina social, familiar o institucional. La formación que recibían constantemente en resolución de conflictos, liderazgo social, ética, servicio al ciudadano y proyectos de prevención del delito, entre otros, garantizaban la prestación de un buen servicio de policía.

El criterio de los comandantes de la policía comunitaria los llevó a no dejar que se les impusiera funciones fuera de las que tenían establecidas por los manuales del servicio. No permitieron que, dentro de sus planes de acción, los que debían programar de acuerdo a la planeación estratégica del nivel central, se les impusiera una cuota de terroristas a dar de baja en el año. Tampoco cuotas de vendedores ambulantes conducidos a las estaciones de policía o número de comparendos diligenciados a ciudadanos infractores de las normas de policía.

El criterio profesional de los comandantes comunitarios los llevó también a ser señalados, por los otros oficiales, de ser blandengues, cobardes, máximo cuando se oponían a que su personal fuera tratado como “celadores” o “soldados”. Algunos los señalaban de ser cómplices de movimientos subversivos o castro chavistas. Los comandantes de la policía comunitaria se encontraban convencidos del profesionalismo de los hombres y mujeres que comandaban.

La Policía Comunitaria de la Metropolitana del Valle del Aburrá era modelo en el país ante sus pares, digna de ser referenciada. El psicólogo Mark Mattaini especialista en la resocialización de jóvenes pandilleros lo evidenció en Behavior and social issues – Cultural análisis and social change in Medellín. Existen más de un centenar de reportajes tanto de medios locales como nacionales que dan fe del trabajo realizado por los policías comunitarios de la unidad.

Entre sus legados se encuentra el comandar los promotores de vida, programa que logró, no solamente contribuir para que jóvenes de los barrios populares no cayeran en el crimen sino arrebatarles a los combos de Medellín cientos de sus integrantes. De 700 jóvenes que ingresaron al programa, a pesar de la proyección de que serían asesinados por sus antiguos compañeros más del cincuenta por ciento, solo fueron asesinados 30. El programa reorientó la vida de los jóvenes (Q´hubo, 2010). De estos hoy en día hay pilotos, ingenieros, administrados. Los que no lograron ser profesionales se encuentran en otros oficios y labores. Los que desfallecieron es una mínima cifra.

Gracias a la gestión de la policía comunitaria de la MEVAL, integrantes de los combos de Medellín entregaron sus armas sin la necesidad de la presión o la mano dura policial. Más de un centenar de armas de fuego fueron entregadas voluntariamente. Quien entrega un arma de manera libre, sin presión, no la volverá a retomarla (El Colombiano, 2010). Los policías comunitarios invitaban a los jóvenes a entregar sus armas blancas. Más de 20.000 armas fueron incautadas durante cinco años, unas de manera voluntaria fueron entregadas.

Con ellas se realizó el programa Armas para inmortalizar (El Mundo, 2011; El Tiempo, 2011). El trabajo contribuyó a disminuir los homicidios en la ciudad de Medellín como lo reconoció el Defensor del Pueblo. El trabajo comunitario en prevención del delito fue referente para la policía del país. Especiales Pirry (2010) y Crónicas Caracol (2011) referenciaron los alcances de prevención realizados. A ello se sumo el primer simposio internacional de coexistencia y convivencia donde especialistas en prevención internacionales reflexionaron acerca de la labor policial en prevención (El Colombiano 2010).

A pesar de los logros alcanzados por la policía comunitaria esta fue desmantelada. A nivel país, durante los consejos comunitarios realizados en el periodo de la política de seguridad ciudadana, las comunidades referenciaban, tanto los malos procederes de la policía de vigilancia y unidades operativas, como la gestión de la policía comunitaria. La comparación ciudadana entre el trabajo del policía de vigilancia y organismos especializados, con la policía comunitaria, incomodaron, tanto al gobierno como a los comandantes de policía. Se determinó que no podía haber dos policías, una buena y otra mala. Las reflexiones al interior de la policía condujeron a evaluar el trabajo de policía de mano dura frente al trabajo comunitario.

La decisión institucional fue la de acabar con el puñado de policías comunitarios para que la comunidad hablara bien de toda la policía. Para amortiguar el impacto que tendría la decisión en la comunidad, la Dirección General invirtió un fuerte presupuesto. Crearon el programa de policía comunitaria por cuadrantes.

El programa de cuadrantes intentaba retomar el trabajo realizado por la policía comunitaria. Sus creadores no escucharon la experiencia de los antiguos policías comunitarios. Al personal de los cuadrantes, formados bajo criterios de mano dura, se les proyecta, entre otros, un número semanal de reuniones con la ciudadanía, con las juntas de acción comunal, con los centros educativos. Existe un millar de formularios donde la policía da fe, ciegamente, de que las reuniones se realizan. Todo es falaz, es mentiroso. Las reuniones no se realizan, pero los formularios evidencian su realización.

Del trabajo comunitario se pasó al trabajo del papel. La ciudanía perdió con la desaparición de la policía comunitaria al finalizar el periodo de la política de seguridad democrática.

*Sociólogo Investigador, integrantes de la Red Interuniversitaria por la Paz Redipaz, Consejero de Paz Conpaz Medelllin, Coronel (r) Polícia Naciona de Colombia.

Referencias.

El Colombiano (2010). Jóvenes de la comuna 1 entregaron sus armas y pidieron perdón. Medellín, 26 de septiembre.

El Colombiano (2010). Medellín enseña y aprende sobre la paz y la convivencia. Medellín 25 de noviembre.

El Colombiano (2010). Combatir la pobreza es mejorar la convivencia. Medellín 27 de noviembre.

El Mundo (2011). Una obra de reconciliación. “Armas para inmortalizar” es un homenaje a la vida. Medellín, 11 de enero.

El Tiempo (2011). En Medellín convierten navajas en arte. Medellín, 23 de enero.

Mattaini, Mark (2010). Behavior and social issues. Editorial: Cultural análisis and social change in Medellín.

Rojas, Omar (2011). Da más fuerza sentirse amado que armado. Arte, innovación y transformación. La experiencia de un policía y un escultor en las comunas de Medellín.

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