Operación silencio: Amedrentamiento, dignidad y verdad

Linea Conflicto Social y Paz

Por: Omar Eduardo Rojas Bolaños*

La mordaza no es de ahora como tampoco se impone en una institución específica. Se encuentra en el sector defensa, en instituciones jerarquizadas, y en organizaciones públicas y privadas.

 

 

militares silencio

A pesar de los riesgos el periodismo investigativo se atreve a indagar, no solamente con editoriales o notas de opinión. Periodistas se han dado a la tarea de informar problemas estructurales que el gobierno quiere ocultar. Los acompañan un puñado de estudiosos de las ciencias sociales que desde la academia o centros de investigación intentan describir y explicar la dinámica de la violencia colombina. Se suma a ellos organizaciones de Derechos Humanos.

En un Estado donde la mordaza y las amenazas son el pan de cada día, el periodismo investigativo toma la vanguardia para ir más allá de lo alcanzado por el sistema judicial, el que, con todo su andamiaje, se ha quedado corto para investigar. No se desconoce la ética y el coraje de algunos funcionarios judiciales comprometidos con la labor investigativa, como tampoco que la corrupción se ha incrustado en funcionarios que tienen el deber legal de administrar justicia.

Operación silencio, ¿Por qué los quieren callar?, “La Popa era una máquina de guerra”, “Montoya era el que más presionaba por bajas” y Habla el comandante del Ejército sobre los cuestionamientos de las últimas semanas, son algunos de los artículos publicados por Semana en su última edición (Semana, edición 1938). De igual manera, periodistas del Espectador y otros diarios regionales, sin tapujos en la boca, se han atrevido a revelar sucesos que el Estado y sus instituciones quieren ocultar. Algunos medios le hacen el juego censurando periodistas y cerrando puertas a corresponsales osados comprometidos con la verdad.

Reporteros se suman a la lista de quienes son amenazados o asesinados, otros, se encuentran comprometidos con los dueños de los medios o con quienes ostentan el poder, de ahí su complacencia y silencio. Sin embargo, ante la censura y las amenazas, a pesar del miedo que estas producen, el periodismo investigativo aporta a la construcción de paz. Se hace caso omiso, tanto a la mordaza como a las amenazas, dado que estas vulneran el derecho a la información.

La mordaza no es de ahora como tampoco se impone en una institución específica. Se encuentra en el sector defensa, en instituciones jerarquizadas, y en organizaciones públicas y privadas. Les colocan mordaza a los suyos obedeciendo el código de silencio, instrumento anónimo pero influyente de la cultura de organizaciones. Se desconoce hacia afuera, pero al interior, a pesar de no encontrarse escrito, todos saben de su existencia. El código responde a la lealtad que se les exige a funcionarios y trabajadores para que no revelen actuaciones irregulares, turbias y criminales llevadas a cabo en su cotidianidad, actuaciones que sobrepasa códigos éticos y enlodan el nombre de organizaciones y gremios.

El código de silencio es el conjunto de normas que, al no seguirlas ciegamente, colocan en tela de juicio, no solamente a quien comete la conducta anómala, sino a toda la institución. Al revelar situaciones ilegales, más aún cuando son sistemáticas y generalizadas, la razón de ser de la organización queda en duda ante la opinión pública.

En las fuerzas armadas cuando la mordaza no logra callar a sus integrantes, se recurre a las amenazas. El chantaje no es solamente para el que porta el uniforme, su familia también será afectada. En el momento en que el ultimátum no surge efecto, se recurre al silenciamiento.

Durante el primer periodo de la política de seguridad democrática, 2002 – 2006, los que se atrevieron a romper el código de silencio, militares de bajo rango, a pesar de conocer que serían catalogados como traidores, denunciaron los Falsos Positivos.

Denunciaron el asesinato a sangre fría, de no combatientes, por parte de integrantes de las fuerzas armadas. El Ministerio de Defensa Nacional no les creyó, como tampoco la Fiscalía General de la Nación, ni los comandantes de División o los comandantes de brigadas o batallones. Algunos alcanzaron a denunciar los hechos ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (La historia desconocida de los falsos positivos. Semana, 11 de junio 2011), pero el gobierno se defendió aduciendo que se trataba de una conspiración de organismos de derechos humanos, abogados y víctimas, para enlodar las fuerzas armadas y la política instaurada. Organismos de investigación y de control desvaloraron la información de los militares subalternos no abordando las denuncias. Con el tiempo algunos de los osados militares se hicieron los locos para no seguir cometiendo asesinatos, otros aceptaron la mordaza, otros colgaron el uniforme, otros fueron condenados al exilio, y otros, los más desafortunados, cayeron bajo la metralla de sus propios compañeros (Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002 – 2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios).

Hoy se intenta imponer la mordaza recurriendo para ello a las amenazas. Comandantes involucrados en asesinatos de Estado, durante la primera década del presente siglo, se niegan a aceptar que la verdad salga a la luz pública. Recurren, no solamente a su posición de general, grado otorgado por acciones no transparentes contra la subversión, sino a toda la infraestructura de inteligencia militar para detectar a los “soplones”. Al descubrirlos tendrán un pie afuera de la institución, ingresarán al escalafón de héroes muertos por razones del conflicto, o serán vinculados a un Falso Positivo Judicial. Pero los sabuesos no solamente buscan al interior de la institución a quienes, cansados de la guerra o con la medición de cuerpos, han suministrado información a medios de comunicación denunciando las irregulares a que se les está obligando. Inteligencia militar persigue, además, a quienes se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo que ha puesto el dedo en la llaga al buscar la verdad y recuperar la memoria. La JEP se ha convertido en la esperanza de víctimas y victimarios. Las primeras, ante el alto grado de impunidad y de injusticia, buscan conocer los hechos en que fueron asesinados sus hijos, hermanos o padres. Los segundos intentan recuperar el honor perdido años atrás, en campos de batalla ficticios.

Dos días después del intento por recuperar la dignidad militar ante los togados de la JEP, un coronel del ejército, una vez rendida su versión en la que reportó tres veces más de los crímenes en los que se encontraba comprometido, 60 casos de Falsos Positivos, advirtió que lo estaban persiguiendo. Sus seguidores, en moto, lo intimidaron con arma de fuego. El militar, después de permanecer pagando condena por cerca de diez años, se dio a la fuga. Al llegar a la residencia una llamada le advirtió: “Se salvó de esta, sapo hijueputa”. Para inteligencia militar, y quienes dan las órdenes, los “sapos” son coroneles, mayores, capitanes, tenientes, suboficiales y soldados acogidos a la Jurisdicción Especial de Paz.

El honor no se puede recuperar de la noche a la mañana, pero el recurrir a la parresia, el decir veraz, es la puerta para comenzar a buscar la dignidad. Foucault sintetiza el riesgo y el valor de la verdad: Después de todo, en efecto, la persona a quien uno se dirige siempre tiene la posibilidad de no hacer oídos a lo que se le dice. Puede [sentirse] ofendida, puede rechazarlo y, en definitiva, puede castigar o vengarse de quien le ha dicho la verdad.

*Sociólogo, investigador Grupo Kavilando, actual Consejero de Paz Conpaz Medellín.

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